La DANA señala las graves deficiencias de las Confederaciones Hidrográficas y Gobierno

La devastadora DANA que asola España ha subrayado la falta de preparación y cumplimiento de medidas fundamentales en la Comunidad Valenciana y en provincias como Albacete. Allí, “los planes de evacuación, avisos de emergencia y la coordinación entre los equipos de respuesta resultaron claramente insuficientes”, recalcan expertos consultados por elcierredigital.com.

En una situación que requería una respuesta rápida y organizada, fuentes expertas afirman que “el caos y la nula aplicación de protocolos claros dificultaron la actuación efectiva frente a las inundaciones”. 

Estas mismas fuentes afirman que “es mucho más grave de lo que parece. Recortar gastos e ignorar las recomendaciones de las confederaciones hidrográficas termina exponiendo a la ciudadanía a riesgos que podrían haberse mitigado con una planificación adecuada”.

La DANA mostró una carencia de planes de evacuación claros y específicos en áreas vulnerables como Letur. Allí,  “los residentes carecían de rutas de evacuación designadas y procedimientos de emergencia, que deberían estar disponibles en todos los municipios con riesgo de inundación”, señalan fuentes solventes. 

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) lleva desde 2021 estableciendo medidas preventivas a través de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación (PGRI). La CHJ señala la necesidad de contar con planes de evacuación integrales y mapas de riesgo que deberían coordinarse con los ayuntamientos. 

Sin embargo,  “estos criterios no se implementaron en Letur ni en otras zonas afectadas”, sostienen fuentes cercanas.

Además, “en muchos municipios no hubo avisos de emergencia adecuados para advertir a la población sobre los riesgos de inundación”. 

Los sistemas de alerta temprana, que son recomendados por la CHJ y deberían ser parte esencial de los PGRI, al parecer “no se activaron de manera eficaz o no existían en varias zonas afectadas”. De igual manera, como ya sostuvo Miguel Polo, presidente de la CHJ, vecinos de Letur han denunciado que no se les haya dejado limpiar la montaña de maleza.

Maleza que posteriormente fue arrastrada por el agua. Como ya informamos en este medio, una limpieza extrema de la vegetación puede ser contraproducente. Pues en determinadas circunstancias esta actúa como una barrera natural que ayuda a frenar el flujo de agua durante las crecidas. Reduciendo así el riesgo de inundaciones en áreas urbanas.

La falta de avisos previos y de instrucciones claras a la ciudadanía “contribuyó a que muchas personas quedaran atrapadas en áreas peligrosas y no pudieran evacuar a tiempo”.

Los criterios de la CHJ establecen la importancia de estos sistemas. Aumentarían el tiempo de reacción de la población y reducirían la exposición a riesgos. Sin embargo, en esta ocasión, no se ejecutaron de manera efectiva en muchas áreas de riesgo.

Los devastadores efectos de la DANA también han evidenciado el mal funcionamiento de las propias Confederaciones Hidrográficas. Estos organismos dependen del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), cartera que corresponde a la vicepresidenta tercera Teresa Ribera.

En España,  la gestión del agua y las confederaciones hidrográficas recae en la Dirección General del Agua, que forma parte de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente del MITECO. La actual Directora General del Agua es María Dolores Pascual Vallés, concretamente desde enero de este año.

Las confederaciones hidrográficas en España tienen un papel fundamental en la gestión y respuesta ante catástrofes naturales. Especialmente en lo relacionado con inundaciones y otras emergencias vinculadas al agua. Estas entidades públicas tienen competencias sobre la gestión de cuencas fluviales, el control de los recursos hídricos y la protección medioambiental de ríos y embalses.

Sin embargo,  los planes de actuación de la Confederación Hidrográfica del Júcar parecen haber quedado en 'papel mojado' a la vista de lo ocurrido.

La responsabilidad de las Confederaciones Hidrográficas

Las Confederaciones elaboran y actualizan los Planes de Gestión de Riesgo de Inundación (PGRI). Estos planes son herramientas clave para prever y mitigar los daños de posibles inundaciones. Definen las áreas de riesgo, establecen medidas preventivas y diseñan sistemas de alerta temprana. Sin embargo, ninguno de estos operativos funcionó correctamente ni a tiempo para mitigar la devastación que ha provocado la DANA.

En caso de catástrofes naturales, como las crecidas de ríos, las Confederaciones Hidrográficas supervisan el caudal de los ríos y el estado de los embalses mediante redes de estaciones hidrometeorológicas. Esta es otra de las áreas de actuación más criticadas en los últimos días.

Fuentes expertas consultadas por elcierredigital.com exponen que "las Confederaciones Hidrográficas pueden emitir alertas tempranas y coordinarse con otros organismos de protección civil y emergencias para evacuar áreas en riesgo. Pero todo esto brilló por su ausencia en la CHJ".

Las confederaciones hidrográficas también son responsables de la supervisión de presas y embalses. Ante una catástrofe, pueden tomar medidas como el desagüe controlado para evitar desbordamientos que puedan causar daños mayores. En este sentido, las fuentes consultadas inciden en que "no hubo ningún tipo de alerta temprana a la población. La mayoría de las víctimas fueron sorprendidas por las inundaciones".

Sin embargo, deben coordinar estas acciones con las comunidades autónomas y el gobierno central. Una coordinación que ha demostrado ser "desastrosa" para la mayoría.

Otro de los puntos más criticados ante la "nula" actuación de Confederaciones como la del Júcar es el plan para situaciones de emergencia. En teoría, las Confederaciones se integran en los centros de coordinación operativa, colaborando con la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, el ejército y los servicios locales de bomberos y rescate.

Pueden ofrecer apoyo técnico y asesoramiento en la respuesta inmediata y en las labores de recuperación. Sin embargo, fuentes expertas sostienen que "la colaboración y coordinación brillaron por su ausencia hasta que fue muy tarde en muchos casos"

La “falta de coordinación” y de medios en los equipos de emergencia 

Las fuentes consultadas por elcierredigital.com sostienen que “la coordinación de los equipos de emergencia también resultó insuficiente”. 

En la Comunidad Valenciana, la eliminación de la Unidad Valenciana de Emergencias (UVE), una medida impulsada en 2023 por el actual presidente de la comunidad Carlos Mazón, “limitó la capacidad de respuesta ante desastres”. 

La UVE, diseñada para actuar en grandes emergencias, había sido creada para mejorar la colaboración y gestión de los recursos de emergencia en catástrofes naturales. Pero fue desmantelada como parte de un plan de reducción de gastos. 

Esta decisión ha sido objeto de duras críticas. La  UVE "habría facilitado la actuación conjunta y organizada de los equipos de rescate y emergencia durante la DANA. Habrían reducido el tiempo de respuesta y mejorado la seguridad de los ciudadanos afectados".

La falta de una entidad centralizada como la UVE "obstaculizó la comunicación entre los diferentes cuerpos de emergencia y organismos locales". Algo que complicó el despliegue de efectivos y la gestión del tráfico de ayuda humanitaria. 

La ausencia de un comando operativo unificado dejó la coordinación en manos de autoridades locales. Autoridades que, en muchos casos, carecían de los recursos y la infraestructura necesaria para hacer frente a una emergencia de tal magnitud.

De igual manera, los usuarios en la red han mostrado su indignación ante la 'pasividad' de las instituciones. Según las fuentes consultadas por elcierredigital.com, "los ciudadanos de la Comunidad Valenciana siguen en su mayoría teniendo que ir a sus puestos de trabajo".

La "nula" aplicación de criterios de la CHJ y sus consecuencias

Los criterios establecidos por la Confederación Hidrográfica del Júcar son claros en cuanto a las medidas de prevención y respuesta a eventos como la DANA. 

Estos criterios incluyen la regulación de los niveles de los embalses. También la creación de mapas de riesgo en zonas potencialmente inundables, la definición de rutas de evacuación y la implementación de sistemas de alerta. 

Sin embargo, “en esta crisis, muchos de estos criterios fueron ignorados o no se aplicaron”, declaran fuentes expertas para este medio.

La CHJ establece límites de aforo en los embalses, que deberían ser cumplidos para evitar desbordamientos. Especialmente durante períodos de lluvia intensa. Sin embargo, en esta ocasión, muchos embalses de la Comunidad Valenciana y Albacete operaban por encima de los niveles seguros. 

El incumplimiento de estos límites por parte de los municipios y la falta de monitoreo constante en varios puntos críticos contribuyeron a agravar la situación de inundación. 

La CHJ también recomienda que cada municipio vulnerable disponga de mapas de riesgo que identifiquen las áreas críticas. Y que estos sean revisados y actualizados periódicamente para garantizar su efectividad. 

Sin embargo,  "en localidades como Letur, ni los mapas ni las rutas de evacuación estaban disponibles, lo cual aumentó significativamente el riesgo para la población. Una población que además subestima el poder de estos fenómenos meteorológicos porque no se les educa desde las instituciones".

La DANA de 2024 ha dejado al descubierto las graves deficiencias en la preparación y la respuesta de las autoridades ante fenómenos meteorológicos extremos. 

La falta de planes de evacuación concretos, la ausencia de avisos de emergencia efectivos, la deficiente coordinación de los equipos de respuesta y la nula aplicación de los criterios de la CHJ plantean una serie de problemas que deben ser abordados con urgencia.