Crisis en Correos: Un pacto con PSOE y sindicatos deja en la calle a 10.000 empleados

Los sindicatos minoritarios han mostrado un fuerte rechazo al acuerdo alcanzado entre Correos y los sindicatos mayoritarios. La medida, respaldada por el PSOE, CC. OO., UGT y CSIF, permitirá que más de 10.000 trabajadores salgan de la empresa pública hasta el año 2028. Según estos sindicatos críticos, se trata de un "despido encubierto" que afectará a miles de familias y debilitará el servicio postal.

El pacto fue firmado el pasado 31 de julio. Según la empresa, responde a la necesidad de adaptar la plantilla al nuevo modelo de negocio recogido en el Plan Estratégico 2024-2028. Esta transformación apuesta claramente por reforzar la actividad de paquetería, ante el desplome de los envíos postales tradicionales.

Más de 400 millones de euros públicos

El acuerdo contempla un plan de prejubilaciones voluntarias para personal laboral fijo. Estará dotado con 427 millones de euros procedentes de fondos públicos. Las salidas comenzarán a ejecutarse en septiembre y se prolongarán durante los próximos cuatro años. El objetivo es que se acojan a este plan las más de 10.000 personas que, entre 2025 y 2028, cumplan 61 años o más.

Desde la dirección de Correos se asegura que estas desvinculaciones no afectarán a la retribución ni a las futuras pensiones de los trabajadores. Además, se ha comprometido a abrir nuevas convocatorias de ingreso fijo para incorporar personal joven y cubrir los puestos que queden vacantes. También habrá bolsas de empleo destinadas al personal eventual, un colectivo que supera las 30.000 personas.

Pese a ello, los sindicatos minoritarios denuncian que el plan es regresivo y que no cuenta con un respaldo unánime. Señalan que se trata de una medida diseñada desde las altas esferas del PSOE con la complicidad de los grandes sindicatos, que ya han pactado recortes similares en el pasado. Critican que no se haya apostado por un debate más amplio y que se prioricen los ajustes antes que la mejora del servicio postal.

Los sindicatos mayoritarios, por su parte, defienden que han logrado introducir mecanismos de voluntariedad, compensaciones y garantías para la salud y la conciliación. UGT y CSIF destacan que el acuerdo fue posible tras una intervención directa del presidente de Correos, Pedro Saura. Aseguran que se vieron obligados a frenar varios puntos lesivos que venían recogidos en las versiones iniciales del texto, calificando la negociación como caótica por parte del equipo de recursos humanos.

Uno de los puntos más polémicos del acuerdo es la implantación de una "bolsa de horas" con carácter voluntario. Este sistema se activará a partir de octubre y permitirá ajustar la carga de trabajo a los picos de actividad, sobre todo en campañas como la de navidad. La medida, limitada al 10% de la jornada anual, unas 170 horas en 2025, será compensada económicamente. Los sindicatos aseguran que este sistema ha sido blindado para evitar movilidad forzosa o pérdida de derechos.

Además del plan de prejubilaciones, el acuerdo contempla la creación de varias comisiones para tratar temas clave. Una de ellas será la Comisión del Plan de Rejuvenecimiento, centrada en la planificación de las nuevas contrataciones. Otra será la Comisión de Organización y Productividad, encargada de revisar turnos, vacaciones, incentivos y estructuras laborales. También se ha abierto un proceso para negociar nuevas condiciones salariales. CC. OO. ha fijado como objetivo que ningún trabajador cobre menos de 2.000 euros al mes antes del año 2028.

Compromisos

Otro de los compromisos logrados por UGT y CSIF es la concreción del calendario para las tres últimas adjudicaciones del actual concurso de traslados. Se trata de una reivindicación histórica de los trabajadores, ya que estas adjudicaciones llevaban meses de retraso.

A pesar de los avances que defienden los sindicatos mayoritarios, el malestar entre los sindicatos minoritarios es evidente. Consideran que se está desmantelando la empresa pública y que las nuevas condiciones laborales traerán más precariedad. Critican que el modelo de negocio de Correos esté derivando hacia la lógica del beneficio económico, dejando de lado su papel como servicio público esencial. Sobre todo en zonas rurales o con baja población.

El acuerdo llega pocos días después de que el Congreso aprobara un rescate de 2.000 millones de euros para Correos. Ese dinero servirá, entre otras cosas, para reforzar su papel como prestador de servicios esenciales. Los sindicatos minoritarios cuestionan que parte de esos fondos públicos se destinen ahora a financiar salidas voluntarias, en lugar de modernizar la empresa y garantizar el empleo estable.

Correos y los sindicatos firmantes también han pactado un nuevo desarrollo del Acuerdo Marco del 31 de diciembre de 2024. Este documento define la hoja de ruta laboral y organizativa de la empresa pública para los próximos años. En él se recogen compromisos en materia de empleo, conciliación, salud laboral y condiciones económicas.

Durante la negociación del acuerdo, se evidenciaron tensiones no solo entre sindicatos, sino también dentro de la propia dirección de Correos. Mientras CC. OO. "interesada en seguir haciendo caja con los cursos", según sectores crítocos, se alineó con el director de Recursos Humanos, UGT, CSIF y el Sindicato Libre formaron un bloque para frenar propuestas que consideraban perjudiciales.  La falta de coordinación llevó a que el propio presidente, Pedro Saura, tuviera que intervenir para desbloquear el acuerdo.

En cualquier caso, la polémica está servida. La salida de más de 10.000 trabajadores, aunque 'voluntaria', marca un antes y un después en la historia reciente de Correos.