Comisario Jaime Barrado acusa de prevaricación a Moix y Olivera en caso Espías.

El testimonio del comisario Jaime Barrado, que fuera instructor de la causa ante la sección quinta de la Audiencia Provincial de Madrid, ha producido un cambio radical en el denominado caso Espías. Este comisario, ya jubilado, ha señalado que no investigó debidamente y, además, ha acusado al ex fiscal superior de Madrid, Manuel Moix, y al excomisario jefe de la UDEF, José Luis Olivera, de cometer prevaricación para que la investigación no descubriera a los verdaderos responsables de ordenar los seguimientos “ilegales”.

Tras soltar la "bomba", la magistrada presidenta de la sección quinta de la Audiencia Provincial de Madrid, María Paz Redondo, ha interrumpido la declaración de Barrado y ha manifestado que "de la declaración del comisario se deduce que  se le podría imputar un delito, así que aquí paramos su declaración y que los abogados decidan en un receso qué quieren hacer".

Más tarde, las defensas, que podrían haber suspendido el juicio y disolver al jurado popular, han preferido continuar con el proceso para pedir en un futuro la nulidad de todas las pruebas. Según las palabras del comisario, se entiende que la investigación policial se llevó a cabo de forma irregular desde el primer momento, porque no se usaron los partes de seguimiento originales para investigar, sino que solo se utilizaron las noticias publicadas por Francisco Mercado en El País y los datos de los teléfonos para averiguar si los presuntos espías coincidían en tiempo y lugar con los espiados. Además, los datos telefónicos se habrían obtenido de manera irregular, sin una orden judicial.

Dos de los abogados de los acusados han anunciado que tomarán “medidas penales contra Barrado, Moix y Olivera en un nuevo procedimiento judicial de manera inmediata".

Barrado denuncia “cortapisas” para investigar “más arriba”

El comisario Jaime Barrado ha denunciado también los "cortapisas" que sufrió para investigar "más arriba" por el espionaje en el año 2008 a Alfredo Prada y el exvicealcalde de Madrid Manuel Cobo.

De esta manera, ha manifestado que José Luis Olivera le dijo  por dónde tenía que ir en la investigación de este caso, así como que no se fiaba ni de él ni del que fuera Fiscal Jefe de Madrid, Manuel Moix, llegando a señalar que Olivera le ocultó y le engañó en relación con algunos datos a los que solo él por su cargo podía tener acceso, como el hecho de realizar unas consultas a unas matrículas de coches.

En su testimonio ha incluido que ambos le impidieron investigar a los que estaban "más arriba" de los seis acusados para saber quiénes fueron los verdaderos responsables de ordenar el espionaje. También ha manifestado que denunció estos seguimientos al superior de Oliveira, el Comisario General de la Policía Judicial al superior de Olivera, a través de "unas notas informativas que se quedaron en un cajón porque no hubo consecuencias".

"El PP estaba metido, pero no teníamos acceso a más arriba de los guardias civiles y los policías nacionales y se nos cortaba todas las posibilidades", ha manifestado Barrado en referencia a sus intentos de averiguar quién o quiénes ordenaron el espionaje, a lo que ha añadido: "Era una actividad ordenada por alguien, pero allí no llegábamos".

Asimismo, Jaime Barrado ha recordado que comenzaron a investigar a través de un listado de posicionamientos de teléfonos, que Manuel Moix pidió a Telefónica, pero luego se percataron de que tenían que pedir permiso al Juzgado de Instrucción y se perdió durante la investigación.

Los acusados en este proceso son el exdirector general de Seguridad Sergio Gamón, el exsubdirector Miguel Castaño, tres guardias civiles y un técnico de la Administración regional, que se enfrentan a entre dos y cuatro años de prisión que pide el PSOE como acción popular y a diversas multas que pide la Comunidad de Madrid como acusación particular. La Fiscalía retiró su acusación y pidió la absolución para todos.

Salvador Victoria contradice a dos de los acusados

El exconsejero madrileño Salvador Victoria ha declarado también como testigo este miércoles en la Audiencia Provincial, donde ha negado haberse reunido con José Oreja y Antonio Coronado, los supuestos ‘espías’ pagados por la Comunidad de Madrid, para plantearles una línea de defensa tras ser implicados en el caso en 2009, algo que sí han defendido los procesados en sus declaraciones.

En relación con un Decreto que dictó Salvador Victoria, que fuera ‘mano derecha’ de Ignacio González en la Comunidad, para que esta entidad se personara en la causa cinco años después, Victoria ha expuesto que la personación  se produjo dentro de sus competencias después de que la Audiencia Provincial de Madrid afirmara en un auto que apreciaba indicios de un delito de malversación de caudales públicos.

Así, Victoria ha reseñado que ese extremo perjudicaba directamente al Gobierno regional, lo que obligaba a formar parte de la causa. Para ello, hubo un informe favorable de los servicios jurídicos. También ha señalado que no recordaba si se realizó una comisión interna del PP de Madrid en la Consejería de Interior.

En esta sesión, también ha declarado el excomisario general y exdirector de Seguridad de Madrid, Enrique Barón, quién sucedió a Gamón y que ha afirmado que no tuvo conocimiento de que se produjeran seguimientos. "Si me pregunta si como comisario general tuve alguna constancia o alguna verosimilitud de que eso se había producido, le digo que no. Tampoco me consta como director de Seguridad", ha aseverado.