Plataforma de Valladolid conoce más de 150 casos de fraude en ataúdes.

La Plataforma Afectados El Salvador se ha creado para defender los intereses de todos los afectados por el presunto fraude del grupo El Salvador. Más de ciento cincuenta personas se han dirigido a esta asociación durante el último fin de semana interesándose por las gestiones. Los abogados que los representan ya estuvieron el lunes en Valladolid y presentaron las primeras personaciones, que se traducirán en demandas personalizadas, estudiando cada caso de manera individual.

El grupo El Salvador está siendo investigado penalmente por el Juzgado de Instrucción número 6 de Valladolid, después de que su gerente y principales directivos fuesen detenidos por un presunto delito de estafa en la cremación de cadáveres. La práctica consistiría en extraer los cadáveres de los ataúdes más caros e introducirlos en otros más baratos, para vender de nuevo esos ataúdes. La Policía Nacional detuvo a 16 personas por estos hechos y todavía no ha terminado la investigación.

Por eso el Juzgado no ha levantado el secreto de sumario en su totalidad, pero es probable que las prácticas ilegales se hayan extendido hasta el momento de la primera detención, hace unas semanas. Parece seguro que al menos, estas prácticas se realizaron entre los años 1995 y 2015, aunque cuando se conozcan totalmente las diligencias se verá el alcance real de los posibles delitos.

La Plataforma de Afectados explicó a Elcierredigital que "como acusación particular iremos de la mano con la FIscalía en los presuntos delitos de estafa continuada, falsedad y contra la Hacienda Pública, pero es que además, quizás hay delitos como profanación de cadáveres y delitos contra la integridad moral. La asociacion nace para que las personas afectadas se unan, se conozcan y contacten entre ellas y ver si las prácticas eran comunes o había diferencias. Muchos de ellos darán testimonio de lo que están sufriendo moralmente por estas prácticas".

Entre los afectados hay personas que perdieron a ambos progenitores y fueron incinerados en los crematorios de El Salvador, "en algunos casos los daños morales son casi incalculables. Hay gente que tuvo el valor de abrir las cenizas y vieron que son de varios colores o tienen clavos dentro... esto es terrible y muchos no saben ahora si están velando a sus muertos o a otros. En algunos casos no daban ni certificación de los difuntos, no dejaban dar el último adiós a sus seres queridos o los entretenían con cualquier excusa para que no abriesen los ataúdes", añadieron desde la citada Plataforma.

Operación Ignis: 16 detenidos

Mientras los perjudicados se organizan en varias asociaciones, el dueño del Grupo El Salvador, Ignacio Morchón, está en prisión incomunicada sin fianza desde el pasado 2 de febrero. El hijo de Morchón también fue enviado a la cárcel, en este caso con fianza de 800.000 euros y, posteriormente, su hija, para quien también se impuso una fianza de 800.000 euros. El resto de los 16 detenidos, empleados de la empresa, fueron puestos en libertad.

El origen de la operación Ignis se remonta al año 2017, con indicios de que se retiraban ataúdes de alto precio antes de las incineraciones para posteriormente revenderlos, mientras se utilizaban en el crematorio féretros de inferior calidad a la abonada por los clientes.

Durante el registro del domicilio de uno de los propietarios los agentes encontraron ochocientos mil euros en metálico. También se requisaron entre seis y ocho metros cúbicos de documentación, que tendrá que ser analizada en profundidad por los agentes de Aduanas y de la Agencia Tributaria que participaron en la operación.

 Vías judiciales para los afectados

 Otro despacho de abogados, Negotia, analizólas diferentes vías judiciales, tanto por lo penal como por lo civil, que la estafa presuntamente perpetrada por el Grupo El Salvador abre para las víctimas. "En las cuestiones funerarias el daño moral es esencial", explicó Juan Ignacio Hernández, abogado y socio de Negotia que, según añadió a través de un comunicado, en este caso "se ha impedido a los familiares dar el último adiós en la forma y medida que ellos querían".

Esto, como explicó Hernández, "es una lesión a los sentimientos de pesar y desasosiego por habérseles privado a las familias de los difuntos llevar a cabo su velatorio y despedida dentro de lo querido y deseado. Es pues, un daño espiritual claro, que autoriza a considerar que se produjo un daño moral". Como consecuencia de ello, la reclamación de daños y perjuicios no solo tendrá como objeto la devolución de las cantidades pagadas, sino la reparación del daño moral, en este caso de mucha mayor gravedad, apuntaron desde el referido despacho.