
Las claves del escándalo de Al Qubaisi, amigo de Juan Carlos I y expresidente de Cepsa
La Audiencia Nacional ordena detener al jeque de Abu Dabi por blanqueo en la venta de la torre Foster Amancio Ortega
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha ordenado el embargo de bienes y la busca y captura internacional de Khadem Al Qubaisi. Se trata de un ex alto ejecutivo del fondo soberano de Abu Dabi (IPIC) y presidente de la petrolera española Cepsa durante la pasada década.
La medida judicial se enmarca en una investigación por presuntos delitos de blanqueo de capitales y fraude fiscal. Los mismos están vinculados a la compraventa de la Torre Foster, también conocida como Torre Cepsa. La operación que, según el auto, reportó a Al Qubaisi un beneficio de 100 millones de euros no declarados a Hacienda.
A Khadem Al Qubaisi también le unen otras relaciones en España, como su presunta cercanía con el rey Emérito Juan Carlos I. Precisamente, el abogado encargado de la defensa de Cepsa en el presunto fraude del Puerto de Las Palmas es Javier Sánchez-Junco, letrado del monarca.

El magistrado Calama considera que existen indicios suficientes de que Al Qubaisi diseñó una estructura de sociedades instrumentales con el objetivo de ocultar el origen de los fondos empleados en la operación. Y también eludir el pago de impuestos en España.
La compra-venta del inmueble, una de las Cuatro Torres Business Area de Madrid, se llevó a cabo en 2016. El edificio fue adquirido por Al Qubaisi a Bankia, entonces ya nacionalizada. Y se revendió minutos después al fondo Pontegadea, propiedad del magnate textil Amancio Ortega.
El juez no aprecia irregularidades por parte de Pontegadea. Ni en la actuación de Bankinter, que concedió un crédito puente al emiratí para la adquisición del inmueble. El auto judicial señala expresamente que los fondos empleados en la compra tenían "origen lícito". No obstante, se destaca que la operativa posterior utilizada por Al Qubaisi, incluyendo la ingeniería societaria a través de firmas como Muscari, tenía como finalidad el blanqueo de capitales y la evasión de tributos.
"Las ganancias derivadas de estas operaciones inmobiliarias en territorio español, procedentes de los fondos con origen lícito. Y objeto de blanqueo de capitales, no fueron sometidas a tributación efectiva en nuestro país. Por tanto, estos hechos podrían ser constitutivos, asimismo, de un delito contra la Hacienda Pública", dice el juez.
Bienes embargados y decomiso autónomo
Además de dictar la orden de busca y captura internacional, el juez Calama ha instado a la Fiscalía a presentar una demanda de decomiso autónomo. Esta figura, regulada por la Directiva 2014/42/UE y transpuesta al ordenamiento español, permite que el Estado se apropie de los bienes procedentes de actividades delictivas. Lo podría hacer incluso si el presunto autor no puede ser juzgado.
En este caso, la Audiencia Nacional ya ha procedido al bloqueo de más de 34 millones de euros vinculados a sociedades relacionadas con Al Qubaisi. Asimismo, han sido intervenidos diversos inmuebles situados en Marbella, Estepona y Madrid, así como varias obras de arte.
En su resolución, el magistrado subraya que las estructuras utilizadas para realizar estas operaciones fueron diseñadas a través del departamento de ingeniería financiera del banco Edmond de Rothschild. Y sirvieron para dificultar la identificación del propietario real de los bienes. El juez concluye que ese propietario no es otro que Khadem Al Qubaisi, sobre quien "convergen importantes indicios de criminalidad". Lo harían por presuntos delitos de estafa internacional, blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública.
Un perfil vinculado al poder financiero... y a la Casa Real
Khadem Al Qubaisi (Emiratos Árabes, 1971) fue una figura destacada dentro del aparato económico del emirato de Abu Dabi. Durante su etapa al frente del fondo soberano International Petroleum Investment Company (IPIC) se convirtió en uno de los principales interlocutores financieros entre los Emiratos Árabes Unidos y Europa. Entre otras posiciones, fue también presidente de la petrolera española Cepsa, hoy Moeve. Cabe recordar que IPIC era accionista mayoritario hasta su venta al fondo Mubadala.
Al Qubaisi mantuvo relaciones personales y de confianza con relevantes figuras del ámbito institucional y económico español. Entre ellas, según fuentes diplomáticas, se encontraba el rey Emérito Juan Carlos I. Fuentes del sector señalan que el emiratí compartió encuentros durante los años de mayor actividad de inversión del fondo soberano en España.

Esta amistad pone nuevamente el foco sobre los vínculos entre ciertos círculos financieros internacionales y la antigua jefatura del Estado.
Javier Sánchez-Junco, el abogado de Juan Carlos I defiende a Cepsa
Es relevante mencionar que Javier Sánchez-Junco, abogado de Juan Carlos I, está al frente de la defensa de Cepsa en el presunto fraude del Puerto de las Palmas. La compañía española ha contratado al letrado para representarla en la investigación que lleva a cabo el Juzgado de Instrucción nº2 de Las Palmas de Gran Canaria.

Además de ser el abogado del rey Emérito, Sánchez-Junco ejerció como fiscal en dos de los casos más mediáticos de la justicia española. Uno de ellos fue en el juicio contra Mario Conde por el Caso Banesto. Otro de ellos fue el de la malversación de más de 5.000 millones de pesetas en fondos públicos del consistorio marbellí por parte del entonces alcalde del municipio malagueño Jesús Gil.
Declaraciones y diligencias
A lo largo de la instrucción, el juez ha tomado declaración como testigos a distintos responsables bancarios relacionados con la operación. Entre ellos, figuran los nombres de José Ignacio Goirigolzarri, expresidente de Bankia,. Y María Dolores Dancausa, presidenta no ejecutiva de Bankinter. También se ha recabado testimonio de colaboradores directos de Amancio Ortega.
El proceso de compraventa de la Torre Foster generó desde el primer momento la atención de los servicios de prevención del blanqueo de capitales. En 2017, diversos medios informaron de que la operación estaba siendo objeto de análisis por parte del SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias). Aunque hasta ahora no se había producido ninguna actuación penal firme contra Al Qubaisi.
El auto judicial detalla que la estructura societaria utilizada tenía como objetivo "oscurecer las relaciones negociales auténticas entre las diversas personas jurídicas y físicas". Lo habría hecho mediante el uso de "mercantiles meramente instrumentales". Esta operativa, afirma el juez, "sirvió para colocar fondos desvinculándolos de su origen ilícito". En lo que considera un claro proceso de lavado de dinero.
Contexto internacional
Khadem Al Qubaisi fue también una figura clave en el escándalo financiero internacional del fondo malasio 1MDB, por el que fue condenado en Emiratos Árabes. Esta investigación internacional también abordó operaciones financieras irregulares de gran escala. En las que el ejecutivo emiratí habría desempeñado un papel relevante.
La Audiencia Nacional sigue recabando información para determinar el alcance patrimonial de los bienes en España y asegurar su posible decomiso. Al tratarse de un procedimiento de alto perfil con implicaciones internacionales, no se descarta que se solicite colaboración a autoridades judiciales extranjeras. Lo harían para la ejecución de la orden de detención.
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