Montaje propio La amenaza de los narcos en Colombia: El ataque a Miguel Uribe evidencia su dominio
El candidato del CD continúa muy grave en medio de las dudas por las eleccciones en Colombia tras lo ocurrido en Ecuador
El sábado 7 de junio, en plena jornada de campaña en el parque El Golfito del barrio Modelia (Fontibón), en el oeste de Bogotá, el senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay (Centro Democrático), fue tiroteado. Sucedió mientras pronunciaba un discurso ante decenas de simpatizantes. Dos disparos impactaron su cabeza y una pierna. Ingresó de urgencia en estado crítico a la Fundación Santa Fe. Tras una operación neuroquirúrgica y vascular, permanece en cuidados intensivos con pronóstico reservado.
Las autoridades detuvieron en el lugar a un menor de 15 (o 14) años, quien portaba una pistola Glock adquirida en Arizona en 2020. El joven habría actuado ya sea por dinero, a instancias de presuntos mandos criminales, o por razones políticas, aunque aún no hay certezas. La fiscal general, Luz Adriana Camargo, indicó que el móvil está siendo investigado por tres líneas. Un ataque directo contra Uribe, un atentado contra todo su partido o un intento de desestabilización nacional.
Este acto remite dolorosamente a hechos de violencia política del pasado. Resuenan el asesinato de Luis Carlos Galán en 1989 y de otros precandidatos en 1990. La vuelta a la violencia contra políticos ha generado conmoción y preocupación por el rumbo de la campaña hacia las elecciones presidenciales de 2026.
Tras el ataque, miles de personas se congregaron en vigilia frente al hospital donde Uribe está internado. Se han unido figuras de la sociedad civil: el cantautor Juanes, la banda Morat y Carlos Vives, entre otros. Han hecho llamados por su pronta recuperación y por defender la paz en Colombia.
En redes, incluso el presidente Gustavo Petro –cuya postura ha sido crítica hacia el expresidente Álvaro Uribe– expresó públicamente su esperanza de recuperación. Además, ha ordenado reforzar la protección a figuras políticas de oposición y gobierno.
A nivel diplomático, la condena fue unánime. El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, advirtió que la retórica violenta amenaza la democracia y ofreció respaldo a Colombia. Gobiernos de España, Chile, Ecuador y dirigentes de la región también mostraron su repudio.
Estado de la investigación y dudas sobre la autoría intelectual
El arma, una Glock 9 mm comprada en Arizona en agosto de 2020, representa un enigma respecto a su llegada al país. El adolescente está bajo custodia y será imputado por tentativa de homicidio y porte ilegal de armas. Se enfrentará a una posible pena de hasta ocho años en prisión.
La Fiscalía busca el teléfono del menor para rastrear posibles órdenes recibidas. El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, ofreció una recompensa cercana a 3 mil millones de pesos (700 mil euros) por información relevante. Al menos 100 agentes, entre policías, fiscales y servicios de inteligencia, trabajan en la investigación. El Gobierno advierte que la investigación está en una “fase muy sensible” y que no se descarta ninguna de las tres hipótesis mencionadas.
Segunda ola de violencia política en Colombia
Colombia ha sufrido intensos episodios de violencia electoral. Entre 1986 y 1990, fueron asesinados al menos cinco aspirantes presidenciales, como Luis Carlos Galán (1989), Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro Leongómez (1990). Aquellos magnicidios, impulsados por el narcotráfico y grupos paramilitares, reforzaron un clima de miedo y pusieron en evidencia la profunda injerencia de actores violentos en la esfera política.
A raíz de esos asesinatos, se adoptaron estados de sitio, se amplió la extradición y se crearon cuerpos especiales de policía para proteger candidatos, aunque sin erradicar totalmente las amenazas. El atentado contra Uribe remite a esos episodios, reanimando el temor de que Colombia esté otra vez en una etapa crítica de violencia política.
La campaña para 2026 ha estado marcada por una retórica polarizada. Uribe, crítico con el gobierno de Petro, venía advirtiendo sobre el incremento de milicias en algunas zonas, mientras que la izquierda lo responsabiliza por mantener un tono agresivo y divisorio. El atentado ha reavivado acusaciones cruzadas: unos apuntan a la oposición por promover un entorno violento, otros culpan al Gobierno por no garantizar seguridad.
El asesinato del candidato ecuatoriano Fernando Villavicencio en agosto de 2023, también en campaña en Ecuador, es un precedente reciente. Aquella muerte, con el país conmocionado, derivó en un endurecimiento de las medidas de seguridad. También provocó cuestionamientos sobre la penetración del narcotráfico en la política andina. En Colombia, el ataque a Uribe genera temores similares de que grupos criminales busquen condicionar los procesos electorales mediante el terror.
El narcotráfico y su sombra sobre la política
Colombia sigue siendo el mayor productor mundial de hoja de coca y cocaína. A pesar del acuerdo de paz de 2016, los cultivos ilícitos han repuntado. Especialmente en regiones controladas por disidencias de las FARC, ELN y bandas emergentes. Esas estructuras mantienen vínculos financieros con paramilitares, actores locales y, en ocasiones, penetran instancias de poder e instituciones estatales.
En ese contexto, las elecciones son vistas como escenarios estratégicos para el ingreso e influencia de estas redes. La investigación analiza si Uribe culpaba públicamente al Gobierno por su permisividad frente a esos actores, lo que puede haberlo convertido en objetivo. Su madre, Diana Turbay, fue secuestrada y asesinada por el cártel de Medellín en 1991. Su experiencia familiar es un ejemplo de la conexión violenta entre narcos y política.
El uso de un menor como autor material del atentado, capturado ‘in situ’, es altamente significativo. Sugiere una estrategia de bajo costo, difícil de anticipar y diseñada para evitar rastros inmediatos hacia los verdaderos autores intelectuales. La joven edad del atacante y la posible manipulación recuerdan tácticas contemporáneas de reclutamiento de perfiles vulnerables por parte de redes criminales.
El impacto en la campaña presidencial
El atentado ha paralizado el calendario político. Varios precandidatos suspendieron eventos a modo de duelo, mientras analizan el grado de riesgo y la viabilidad de continuar con sus campañas. El Gobierno anunció un plan especial para reforzar la seguridad de todos los aspirantes presidenciales. Una medida que viene inspirada por protocolos ya vigentes en EE. UU., México o Brasil, y que también se aplicaron en Ecuador hace dos años.
Además, se evalúa la posibilidad de aprobar un nuevo marco legal que imponga sanciones penales más duras a quienes financien o faciliten atentados políticos. La propuesta surge tras evidenciar que el flujo de armas y dinero ilícito se ha consolidado como una herramienta para condicionar el ejercicio democrático.
Los candidatos presidenciales en el punto de mira: de Ecuador a Colombia
El caso ecuatoriano de Villavicencio —asesinado en Quito mientras denunciaba nexos entre narcos y autoridades— impacta directa y simbólicamente en la situación colombiana. En Ecuador, el magnicidio provocó el endurecimiento de la seguridad preventiva. Se autorizó que los candidatos usaran escoltas armados, se amplió el uso de drones y videovigilancia, y se sancionó el financiamiento electoral irregular.
Colombia enfrenta un dilema similar: cómo equilibrar el libre desarrollo del proceso electoral con la protección efectiva de los candidatos. En el país vecino, la respuesta combinó acciones policiales excepcionales y reformas legales; en Colombia, se anticipa que haya iniciativas semejantes.
El atentado a Miguel Uribe Turbay no debe ser visto como un simple acto aislado, sino como una alerta roja. Y es que la sombra del narcotráfico y sus métodos de influencia persisten en la política. Su impacto no solo afecta a un candidato, sino a todo el sistema democrático colombiano.
Ahora queda en manos del Estado, la sociedad civil y las fuerzas políticas decidir si fortalecerán las instituciones y reformarán los mecanismos de protección política. O si dejarán que la violencia vuelva a dictar parte del rumbo electoral. Mientras Uribe lucha por su vida, Colombia enfrenta una encrucijada crucial. O la democracia sale reforzada, con seguridad, transparencia y voluntad colectiva; o se abre una puerta peligrosa al miedo y la intimidación.
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