Claves del embargo de Sánchez a Israel: Las consecuencias para la industria española

La Audiencia Nacional ha abierto diligencias por los ataques sufridos por el equipo ciclista Israel-Premier Tech durante la última Vuelta a España, un episodio que ha terminado por trasladar al terreno judicial las tensiones entre Madrid y Tel Aviv. El juez Santiago Pedraz ha abierto la causa tras una denuncia por delitos de odio presentada contra los autores de los incidentes, que habrían hostigado a los corredores por su vinculación con Israel.

Y es que la relación entre España e Israel vive uno de sus momentos más tensos en décadas. El presidente, Pedro Sánchez, ha presentado un paquete de medidas que formaliza el embargo total de armas a Israel. El plan también impide el tránsito de buques con combustibles militares por puertos españoles y cierra el espacio aéreo a aeronaves de Estado con destino al ejército hebreo.

Con esta decisión, el Ejecutivo pasa de un embargo de facto, aplicado desde el inicio de la ofensiva israelí en Gaza en 2023, a un marco legal obligatorio. No es un simple trámite administrativo. Supone un salto cualitativo en la manera en que España concibe su relación con Israel y coloca al país en una posición singular dentro de la Unión Europea.

Moncloa defiende las medidas como parte de un paquete de nueve acciones. Todas buscan frenar la violencia en Gaza, señalar a los responsables de las operaciones más controvertidas y reforzar la ayuda a la población palestina. Aunque el Gobierno evita hablar de ruptura, las relaciones bilaterales se sitúan en un “mínimo histórico”. La tensión crece también en Bruselas y en Washington.

La decisión de Sánchez guarda un par de sorpresas. La primera es que bajo el mandato de Sánchez, España alcanzó el mayor volumen de contratos con la industria militar israelí en su etapa democrática. Desde el inicio del conflicto en Gaza, en octubre de 2023, se adjudicaron 46 contratos por más de 1.000 millones de euros a compañías del sector armamentístico israelí.

Nunca antes un Gobierno español había cerrado acuerdos de semejante magnitud, lo que convierte a Sánchez en el presidente que más ha negociado con Israel en este terreno. Ahora, Sánchez parece querer dar marcha atrás, algo que ya viene afectando económicamente a la industria armamentística.

Y aquí vene la segunda sorpresa, en la que luego profundizaremos, y es que el embargo de Sánchez es limitado. Especialmente si tenemos en cuenta que el principal aliado de Israel, Estados Unidos, cuenta con bases operativas en España que sí se podrían utilizar para abastecer a Israel.

La 'guerra' de reacciones entre Israel y España

El deterioro se ha trasladado al terreno político. Israel ha prohibido la entrada de la vicepresidenta Yolanda Díaz y de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, a quienes acusa de “antisemitismo”.

Madrid ha respondido vetando a Itamar Ben-Gvir, ministro de Seguridad Nacional, y a Bezalel Smotrich, titular de Finanzas. Ambos pertenecen a la ultraderecha israelí y acumulan declaraciones incendiarias contra los palestinos, además de sanciones internacionales previas. De igual manera, son dos de los hombres de máxima confianza del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

El cruce de vetos reduce la interlocución ministerial, complica la cooperación técnica y envía un mensaje de ruptura con gran carga simbólica. En diplomacia, ese tipo de gestos tienen un peso concreto y duradero.

La embajadora española en Tel Aviv sigue llamada a consultas. El Gobierno insiste en que no busca romper relaciones, pero la comunicación institucional está reducida al mínimo. Israel acusa a Sánchez de impulsar una política “hostil” y de encabezar en Europa la corriente que cuestiona sus operaciones militares. Desde Madrid, en cambio, se recalca la necesidad de fijar límites frente a lo que se considera una vulneración flagrante del derecho internacional.

Contratos anulados y el efecto en la industria tras el embargo a Israel

El embargo ya tiene consecuencias económicas. Dos contratos con empresas israelíes, valorados en torno a mil millones de euros, quedaron anulados en los últimos meses. Se trataba de adjudicaciones en tramitación que no llegaron a concretarse en entregas. Son un reflejo del impacto de la decisión de cortar la cooperación militar. 

A esto se suma la cancelación, en primavera, de un pedido de munición para la Guardia Civil, valorado en 7,5 millones de dólares. Ese fue el primer precedente visible del cambio de rumbo.

Ahora todos los contratos están bajo revisión de Defensa y Exteriores. Queda por aclarar si el decreto-ley afecta a contratos ya firmados o solo a los que estaban pendientes de ejecución. La incertidumbre inquieta a la industria española de defensa, que durante años integró tecnología israelí en sistemas de comunicaciones, sensores y armamento.

El coste de esta reorientación no es menor. Sustituir equipos israelíes requiere rediseños, certificaciones y podría provocar retrasos en programas estratégicos de las Fuerzas Armadas. También hay riesgos laborales. Filiales de empresas israelíes instaladas en España podrían quedar fuera de licitaciones, lo que pondría en peligro empleos especializados. A ello se suma una incógnita mayor, Israel podría negar el soporte técnico a equipos ya en uso. Esa posibilidad preocupa a mandos militares y contratistas.

El papel de la Unión Europea y la sombra de Washington

Las medidas españolas han tenido eco inmediato en el exterior. La ministra de Exteriores palestina celebró que España se haya colocado a la vanguardia europea. Destacó su papel en la presión para revisar el Acuerdo de Asociación con Israel y para sancionar a ministros y colonos extremistas. El mensaje ha calado en Bruselas, donde crece el debate sobre activar la cláusula de derechos humanos y limitar la cooperación con Israel.

Estados Unidos, en cambio, expresó su malestar. Washington cree que las restricciones en puertos y espacio aéreo español pueden interferir en operaciones de un aliado estratégico. Su reacción demuestra que las medidas de Madrid no son simples gestos políticos, sino decisiones con consecuencias geopolíticas.

El Gobierno aclaró después un punto esencial. Las bases militares que Estados Unidos mantiene en España, como Rota o Morón, seguirán abiertas al tránsito de material con destino a Israel.

Se trata de instalaciones bajo jurisdicción compartida y protegidas por acuerdos bilaterales con la OTAN. Este matiz ha generado dudas sobre el alcance real del embargo. Muchos analistas lo interpretan como una medida política más que como un bloqueo efectivo de los flujos de asistencia militar.

España defiende que su estrategia combina principios y pragmatismo. El Ejecutivo insiste en que busca marcar agenda en Europa, en un terreno donde muchos gobiernos vacilan. El reto será mantener la coherencia interna de su discurso mientras asume excepciones que revelan los límites de un embargo dentro de un sistema de alianzas internacionales.

La batalla del relato y la palabra “genocidio”

Uno de los aspectos más sensibles de esta crisis es el lenguaje.  Sánchez utilizó la palabra “genocidio” en discursos oficiales. Lo hizo apelando a informes de expertas de Naciones Unidas y a juristas internacionales. Con ello cruzó una línea simbólica pero significativa que muchos gobiernos europeos habían evitado. Para Israel, esta calificación es inaceptable y constituye una agresión política. Para España, en cambio, refuerza la coherencia jurídica y moral del embargo.

En estos momentos,  el Ministerio de Salud de Gaza informa que más de 66.000 personas han perdido la vida desde el comienzo del conflicto. Entre ellas más de 6.200 niños, según datos validados por un estudio en The Lancet. La ONU ha declarado formalmente la hambruna y los datos locales indican al menos 387 muertes por inanición, que incluyen 138 menores, una cifra que sigue en aumento.

En el plano internacional, la presión sobre Israel ha dado lugar a nuevos embargos de armas. En junio y julio doce países se comprometieron a suspender el comercio de armas con Israel tras una declaración en Bogotá. En España, la iniciativa se suma a las ya implementadas por otros miembros de la UE. Por ejemplo, Eslovenia decretó un embargo total sobre armas, mientras que Alemania anunció una suspensión parcial de exportaciones que podrían utilizarse en Gaza

El peso de las palabras en política exterior es evidente. Sirven para legitimar medidas económicas, abrir debates en la Unión Europea y presionar a otros gobiernos. En este caso, la retórica española busca movilizar apoyos comunitarios y enviar un mensaje interno a una opinión pública muy crítica con la ofensiva en Gaza.