Cuáles son las posibles sanciones a España tras romper Sánchez su contrato con Israel

En un movimiento que ha sacudido al Ejecutivo de coalición, el Gobierno de Pedro Sánchez ha ordenado la  rescisión inmediata de un contrato de compra de munición con dos empresas israelíes. Una decisión tomada en plena escalada de tensiones políticas con sus socios de izquierda y que podría costar al Estado “mucho más de lo que se admite oficialmente”. 

La cancelación del contrato —valorado en más de seis millones de euros e impulsado por Interior— busca contener la crisis interna del Gobierno. Pero abre un frente jurídico internacional con riesgos millonarios.

El contrato, formalizado este mes por la Guardia Civil, preveía la adquisición de 15,3 millones de balas de calibre 9 mm por parte de Guardian Defense & Homeland Security S.A. Esta empresa tiene vínculos directos con el complejo industrial-militar israelí a través de su matriz Guardian LTD. 

La operación fue publicada de manera discreta durante la Semana Santa en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Esto generó desde el inicio críticas por falta de transparencia y coherencia política.

La adjudicación se produjo meses después de que el Ejecutivo anunciara su intención de no adquirir armamento a Israel. Decisión que se tornaba en gesto político tras el inicio del conflicto en Gaza. 

Esa declaración pública, sin embargo, chocaba con los hechos. Pese a que el Ministerio del Interior había mostrado inicialmente su disposición a paralizar el proceso, finalmente decidió seguir adelante. Alegaron que no existían bases jurídicas sólidas para interrumpir la licitación sin consecuencias legales y económicas graves.

Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, defendió la operación hasta este miércoles. Interior justificaba su decisión en los informes de la Abogacía del Estado, que desaconsejaban cancelar el acuerdo debido al avanzado estado del procedimiento y al riesgo de indemnización a la empresa. “No se puede rescindir sin coste”, insistían desde el departamento, que daba por hecho que el suministro seguiría su curso.

Un pacto frenado por Sumar e IU

La respuesta desde los socios minoritarios del Ejecutivo no se hizo esperar. Izquierda Unida, a través de su coordinador federal Antonio Maíllo, fue tajante: “Si Interior no rectifica, Marlaska debería dimitir”. 

Maíllo calificó la compra como una “violación flagrante” del espíritu del pacto de coalición. Sumar adoptó un tono más moderado pero igualmente crítico, y exigió “coherencia ética” al Ejecutivo. 

Yolanda Díaz reconoció que se trataba de una “discrepancia pactada”. Pero también subrayó la necesidad de cancelar el contrato si se quería mantener la credibilidad del Gobierno en el exterior y la estabilidad interna.

Finalmente, Moncloa asumió la presión y actuó por la vía de los hechos. Fuentes del entorno presidencial confirman que fue el propio Pedro Sánchez quien ordenó la rescisión unilateral del contrato, imponiendo así una rectificación a Grande-Marlaska. La decisión se justificó apelando a “razones de interés general”, una fórmula jurídica contemplada en la Ley de Contratos del Sector Público.

Los gastos ‘ocultos’ que podría suponer la retirada del acuerdo

Lo que el Ejecutivo no ha querido detallar son las posibles consecuencias de esa rescisión. Oficialmente se ha hablado de una penalización cercana a los 198.000 euros (el 3% del valor del contrato). Sin embargo, diversas fuentes del ámbito jurídico alertan de que el coste final puede ser muy superior. Si las empresas afectadas deciden llevar el caso ante un tribunal internacional, como el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones), el Estado español podría enfrentarse a una demanda por decenas de millones.

El precedente más citado es el caso de los arbitrajes internacionales por las energías renovables. En el marco del Tratado de la Carta de la Energía, España ha sido condenada en múltiples ocasiones. Ha tenido que pagar indemnizaciones multimillonarias por modificar unilateralmente el marco legal de las inversiones en energías verdes. En uno de los casos más conocidos, el país fue obligado a pagar 128 millones de euros a un fondo inversor. Se consideró que el cambio normativo violó sus expectativas legítimas de beneficios.

La analogía no es baladí. Si IMI Systems o Guardian LTD argumentan ante un tribunal que España vulneró un acuerdo contractual ya formalizado, podrían reclamar no solo el reembolso de los gastos realizados, sino también la compensación por los beneficios esperados, daños colaterales, perjuicios reputacionales y otras pérdidas indirectas. Algunas estimaciones sitúan la posible indemnización en el entorno de los 50 millones de euros. Una cantidad que, de confirmarse, saldría directamente del bolsillo de los contribuyentes.

Desde la izquierda del Gobierno, sin embargo, se insiste en que la prioridad era mantener la coherencia ética. Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia por IU, ha solicitado una auditoría completa sobre todos los contratos vigentes del Estado con empresas israelíes. “No es solo una cuestión de balas, sino de dignidad y derechos humanos”, ha declarado. Rego también ha pedido garantías de que en el futuro no se adquirirán más productos militares a compañías con vínculos directos con el conflicto palestino-israelí.

Un paso en falso que sale caro políticamente

La oposición, por su parte, ha aprovechado la crisis para exigir responsabilidades políticas. Partidos como ERC, EH Bildu y BNG han solicitado la comparecencia inmediata del ministro del Interior ante el Congreso. “No se puede jugar con el dinero público y la credibilidad del Estado de esta manera”, han denunciado desde los escaños independentistas. También han pedido transparencia sobre los criterios que llevaron a firmar el contrato y, posteriormente, a su rescisión.

Para Fernando Grande-Marlaska, la situación representa un revés grave. Su autoridad ha quedado públicamente cuestionada, y su permanencia al frente de Interior podría depender de cómo se resuelva el conflicto legal que se avecina. No es la primera vez que su figura genera fricciones dentro del Ejecutivo, pero sí es una de las más costosas políticamente.

La coalición, aunque salva una crisis inmediata, sale tocada. Las diferencias sobre política exterior, compras de defensa y principios éticos se han hecho más visibles que nunca. La intervención de Pedro Sánchez ha contenido el incendio, pero a un coste que puede terminar siendo económico, político y judicial.