Qué es de Christian Jiménez, el Dolset de los 90: Las cloacas del Estado del felipismo

En las últimas semanas, el empresario Javier Pérez Dolset ha acaparado titulares. Concretamente por unas grabaciones en las que relata maniobras para proteger al exministro socialista José Luis Ábalos e influir, supuestamente, en investigaciones judiciales. Algo que a muchos les ha recordado a la figura de Christian Jiménez. Uno de los empresarios que más oposición judicial produjo para los escándalos del PSOE de Felipe González.

En una de las conversaciones difundidas se escucha a Dolset hablar de "salvar al soldado Ábalos". También de trazar planes para entorpecer las pesquisas de la Guardia Civil (UCO). La reacción fue inmediata: el Partido Popular anunció que presentaría una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción.

Dolset, expresidente de la empresa tecnológica ZED Worldwide fue procesado en su día por un presunto fraude millonario. Niega tener vínculos con el PSOE y se defiende asegurando que es víctima de una campaña de desprestigio. En entrevistas recientes, ha llegado a afirmar: "No soy el fontanero de nadie" y "nunca he tenido un jefe". Sin embargo, su implicación en maniobras comunicacionales y judiciales ha reabierto el debate sobre las estructuras de poder que, desde las sombras, han operado durante las últimas décadas en España.

El caso Dolset vuelve a situar el foco en las llamadas  ‘cloacas del Estado’. Este término hace referencia a estructuras paralelas al poder institucional que "operan en beneficio del gobierno de turno" mediante filtraciones, chantajes, espionaje y manipulación. 

Bajo el “felipismo”, estas cloacas adquirieron visibilidad con los GAL, la guerra sucia contra ETA y tramas de financiación ilegal como el caso Filesa. Bajo el denominado por algunos como "sanchismo", aunque los mecanismos se han vuelto más sofisticados, los escándalos han reabierto el debate.

En la etapa felipista, los enfrentamientos entre el gobierno socialista y la prensa crítica eran directos. El actual "sanchismo" ha sido acusado por sus detractores de “infiltrar topos en tribunales e incluso en plataformas aparentemente independientes”. Uno de los nombres que ha salido a la luz es el de Leire Díaz. Es considerada por algunos analistas como una figura de enlace entre el gobierno y ciertos entornos críticos, que actúa desde dentro como agente de neutralización. 

Así, mientras que el "felipismo" se enfrentaba abiertamente al llamado "sindicato del crimen"; el "sanchismo", según algunas voces, "habría optado por una estrategia de infiltración".

El "sindicato del crimen": periodistas, jueces y políticos contra las cloacas

Durante los años 90, el PSOE bautizó como "sindicato del crimen" a un grupo de periodistas, jueces, empresarios y políticos. Estos, desde fuera del poder, denunciaban la existencia de una red de corrupción sistémica en el Estado. Medios como El Mundo, ABC y COPE lideraban estas investigaciones, con reportajes que involucraban a altos cargos del gobierno socialista. Algunos de los nombres más señalados por entonces fueron los de Pedro J. Ramírez y Jaime Campmany.

La expresión, originalmente despectiva, fue utilizada para desacreditar a quienes cuestionaban los manejos del poder. Sin embargo, muchos de sus miembros reivindicaban su papel como fiscalizadores democráticos. Algunos de los casos destapados por este grupo fueron clave para que se produjeran procesos judiciales contra figuras como Luis Roldán o José Barrionuevo.

En la actualidad, el concepto ha sido recuperado parcialmente para describir a aquellos que, como Dolset o incluso periodistas independientes, se atreven a denunciar mecanismos opacos del Estado. No obstante, hoy el panorama es más difuso: no hay un bloque monolítico de oposición. En su lugar, aparecen voces dispersas que, como entonces, denuncian lo que consideran abusos de poder.

Christian Jiménez: el antecedente de un empresario denunciante

En este contexto de denuncias cruzadas y operaciones encubiertas, resulta pertinente recuperar la figura de Christian Jiménez. Este empresario madrileño que en la década de los 90 se convirtió en una figura mediática por sus denuncias de corrupción contra gobiernos socialistas. Vinculado inicialmente al Partido Popular, Jiménez destacó por presentar querellas populares en casos como Filesa, Ibercorp, Renfe o la cooperativa PSV.

Un artículo de El País de 1993 describía a Jiménez como un "empresario promotor inmobiliario que no actúa como acusado, sino como acusador". A través de la Asociación contra la Injusticia y la Corrupción, interpuso más de 15 querellas, pagadas de su bolsillo, contra altos cargos del PSOE. Su activismo judicial lo llevó a enfrentarse tanto con la justicia como con los medios. Negó actuar en nombre de terceros, como Ruiz-Mateos, y aseguraba que sus denuncias eran "una respuesta ciudadana ante la impunidad".

Entre sus acciones más destacadas figura la denuncia contra los directivos de PSV, una cooperativa de viviendas vinculada a la UGT. Jiménez acusó a sus gestores de malversación, estafa y cohecho. También presentó una querella contra el director de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid por presuntas adjudicaciones irregulares. En paralelo, actuó como acusación popular en el caso Filesa, que supuso una de las mayores crisis políticas del "felipismo".

Sin embargo, su cruzada anticorrupción se vio empañada por su propia condena. En 1998, el Tribunal Supremo lo sentenció por estafa frustrada y hurto relacionado con una letra de cambio impagada y la sustracción de documentos judiciales. La ironía fue destacada por los medios: el mismo Jiménez que denunciaba a presuntos delincuentes había cometido delitos por los que terminó condenado.

Dos décadas después: ¿cambia algo?

Las denuncias actuales de Javier Pérez Dolset guardan paralelismos evidentes con el caso Jiménez. Ambos son empresarios, ambos han sido procesados por distintos motivos y ambos han denunciado presuntas corrupciones vinculadas al PSOE. También comparten una narrativa: la de ciudadanos que afirman enfrentarse a una estructura de poder opaca y que, al hacerlo, acaban perseguidos.

Sin embargo, el contexto ha cambiado. "En la era de las redes sociales, las filtraciones y los audios, las cloacas del Estado operan de manera más difusa", señalan algunas voces. Ya no se limitan a esferas policiales o ministeriales, sino que "se entrecruzan con agencias de comunicación, entornos judiciales y estructuras digitales". El caso Leire Díez ilustraría este nuevo paradigma: figuras con capacidad de infiltración que desdibujan las fronteras entre el poder y sus críticos.

Según algunos sectores, "lo que no ha cambiado es la dificultad de obtener justicia efectiva. Como ocurrió con muchas de las denuncias de Jiménez, las de Dolset podrían quedar sepultadas en el fango de la guerra mediática y judicial. A menudo, los denunciantes acaban señalados, desprestigiados o incluso condenados, mientras los mecanismos estructurales de corrupción permanecen inalterables".

La historia reciente de España ofrece numerosos ejemplos de cómo el poder puede manipular para proteger sus intereses. De Christian Jiménez en los 90 a Javier Pérez Dolset, pasando por el enfrentamiento entre el "sindicato del crimen" y las cloacas del Estado. El patrón se repite con nuevas formas, pero con las mismas resistencias.

La diferencia principal para algunos es que “bajo el sanchismo, las cloacas parecen haber evolucionado. Ya no se enfrentan a un bloque crítico externo, sino que han logrado infiltrar y neutralizar parte de ese bloque”. Leire Díez simboliza en algunos sectores esa estrategia de cooptación silenciosa. El tiempo dirá si estas nuevas maniobras resultan más eficaces que las antiguas o si, como en los 90, la verdad vuelve a emerger en forma de escándalo.

Mientras tanto, la historia de Jiménez sirve como advertencia: quienes denuncian a las cloacas, a menudo, acaban devorados por ellas.