Caso PCR Canarias: Sanidad envió mascarillas a punto de caducar a cárceles y comisaría

El Instituto Nacional de de Gestión Sanitaria (INGESA)  –entidad dependiente del Ministerio de Sanidad– remitió unos lotes de material sanitario con fecha cercana a la caducidad a instituciones pertenecientes al Ministerio del Interior, que se distribuyeron en la Provincia de Las Palmas de Gran Canaria durante el mes de julio de 2022.

Según revelan fuentes de Interior a elcierredigital.com, "estos lotes que contienen alrededor de 500.000 mascarillas, fueron repartidos entre el Centro Penitenciario Salto del Negro-Las Palmas y otras dependencias policiales ubicadas en las Islas Canarias, pero estos envases de mascarillas FFP2-IVROU no vienen empaquetadas para uso individual de los agentes, y además, las unidades carecen del sello interno exigido por la normativa", manifiestan.

Según estas mismas fuentes de Interior, bajo esta reciente distribución de material sanitario a Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura por parte del INGESA, entre una de las 300 cajas transportadas hasta el archipiélago en la etiqueta de envío figura como contenido "mascarillas FFP2 KN95, de la empresa IVROU" pero sin el anagrama de CE grabado en cada unidad, explican. En concreto, se refieren a 300 cajas que contienen 900 unidades, lo que contabilizaría un total de 297.000 mascarillas FFP2 sin el sello CE individualizado, más otras 110 Cajas con 2.000 unidades por embalaje, que sumarían 220.000 mascarillas quirúrgicas.

Además, subrayan que "en relación a estos lotes, tal como señala la memoria 2020 emitida por el INGESA –documento que obra en poder de ecierredigital.com– este material caduca en abril de 2023. Las mascarillas no están homologadas, ya que carecen del sello en la propia mascarilla, y por otra parte, vienen empaquetadas en bolsas de 10 unidades en lugar de empaquetado individual para el uso de los funcionarios de Interior".

Sin embargo, en una consulta de los productos de la empresa IVROU –realizada desde la web por elcierredigital.com–, la mascarilla KN95 FFP2 de esta mercantil también aparece en un formato individual con el sello interno CE en cada unidad, mientras que estas fuentes de Interior consultadas confirman que "estas mascarillas para el uso de los funcionarios venían únicamente embaladas en paquetes de diez sin el sello preceptivo por producto unitario".

Es decir, respecto a esta reciente distribución masiva de mascarillas a centros dependientes de Interior, estas mismas fuentes plantean "cuál sería el objetivo del reparto de estos lotes de material sanitario cuando ya no existe la emergencia por el Covid-19. Qué Ministerio o ministro serían los responsables –Fernando Grande Marlaska o Carolina Darias–, de esta asignación y posterior distribución de los lotes para el uso de los agentes de Centros Penitenciarios y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Dónde se encontraban almacenados estos lotes de mascarillas sin el sello individual CE. Por qué esta repentina urgencia en dar salida a miles de mascarillas".

Según estas fuentes, esto último "podría llevar a la sospecha de que estos repartos se hagan en otras comunidades autónomas dada la inminente caducidad de estos productos sanitarios, además de acabar almacenando estos lotes en dependencias policiales, cuando ya no se utilizan las mascarillas de manera obligatoria".

Mascarillas a punto de caducar para uso de los funcionarios de prisiones

Tal como recoge la memoria 2020 del INGESA, esta entidad pública del Ministerio de Sanidad –bajo el Acuerdo Marco 2020/70 para el suministro de material necesario para hacer frente al Covid-19– el 4 de agosto de 2020, el director Alfonso Jiménez Palacios, resuelve declarar de emergencia la tramitación de un acuerdo marco con miras al Sistema Nacional de Salud para el suministro de material sanitario con un valor estimado de 2.578.739.505,65 euros, que se estructuró en 11 lotes.

En relación a este acuerdo, se incluye una tabla que muestra los lotes citados y el número de unidades estimadas para los dos años previstos de vigencia. El lote número ocho correspondiente a las mascarillas de protección FFP2 constaban de una estimación de 26.239.380 unidades durante el primer año de vigencia, más otras 26.239.380 unidades para el segundo año de vigencia, con un total de 52.478.760 unidades.

Por tanto, estas voces críticas desde el Ministerio del Interior apuntan a la "inminente caducidad de estas mascarillas FFP2 –en abril de 2023– y al motivo real del porqué no se repartieron en tiempo y forma cuando este material llegó a España".

También señalan, en cuanto a la polémica de los sellos CE en las citadas mascarillas FFP2, "a la normativa recogida por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, sobre un texto publicado por el Ministerio de Sanidad, titulado 'Procedimiento de Actuación para los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales frente a la Exposición al Nuevo Coronavirus (SARS-COV-2)' –documento al que ha accedido elcierredigital.com– en el que se especifica claramente las normas de la Unión Europea respecto a la identificación de los sellos CE de manera individual en cada mascarilla".