Caso PCR Canarias: La Fiscalía Europea asume la causa por los 4 millones a RR7

La Fiscalía Europea recibió en abril de 2022, una macrodenuncia por presunta prevaricación, malversación, tráfico de influencias, cohecho, prebendas y tratos de favor contra el Gobierno de Canarias presidido por Ángel Víctor Torres, en relación a 23 adjudicaciones de material anti Covid-19 por el triple de su precio a empresas ajenas al sector sanitario con un coste de 32 millones de euros. Esta denuncia denominada caso ‘PCR Canarias’ interpuesta por el empresario grancanario Juan Manuel Pérez, estaba basada en los reportajes de investigación de elcierredigital.com, que fueron remitidos ante esta entidad europea por el propio denunciante. 

El resultado de estas diligencias, abiertas por la Fiscalía Europea meses atrás, es un decreto –emitido el 7 de noviembre– en el que procede a "la incoación del procedimiento de investigación por ejercicio del derecho de avocación", por lo que esta Fiscalía reclama la competencia territorial, temporal, espacial y personal de este caso para sí "al haber fondos europeos de financiación FEDER afectados" por estas licitaciones del ejecutivo de Torres durante la pandemia, tal como ha sabido en exclusiva elcierredigital.com.

En concreto, en función del decreto citado, esta entidad europea, asume a partir de ahora, en el marco del caso ‘PCR Canarias’, la investigación a la empresa denunciada RR7 United SL, por la supuesta estafa de cuatro millones de euros en la licitación de un millón de mascarillas 3M, que nunca fueron entregadas al Servicio Canario de Salud (SCS). La Fiscalía Europea reclama este caso para sí, introduce un posible delito de malversación, pero también, ha dictado "la abstención del Juzgado de Instrucción Número 7 de Las Palmas de Gran Canaria en esta causa penal", y que "no realice ningún nuevo acto de investigación", según este documento.

Es más, las Fiscales Europeas Delegadas también estiman "acordándose en decreto aparte, las diligencias que se consideren pertinentes". Por lo que han resuelto comunicar este decreto de incoación al Letrado de la Administración de Justicia a fin de que "en aplicación de las normas de reparto, determine el juez competente para intervenir como Juez de Garantías". De igual forma, estas fiscales europeas han acordado informar al Juzgado de Instrucción Número 7 de Las Palmas de la decisión de "ejercer nuestra competencia" y "recabar de este mismo juzgado instructor la remisión de sus Diligencias de Investigación -2075/2022-".

No obstante, la Fiscalía Europea ha puesto de manifiesto que "en el supuesto de que el citado Juzgado de Instrucción plantee cuestión de competencia, se interesa que dicha circunstancia sea puesta en conocimiento", de este organismo. De hecho, contra este decreto, cabe impugnación ante el Juez de Garantías, además, de informar de esta resolución al denunciante y a la Fiscalía General del Estado.

La Fiscalía Europe advierte sobre posible malversación

El decreto de la Fiscalía Europea también abre la posibilidad al delito de malversación respecto a la adjudicación millonaria a RR7 por parte del SCS, en los siguientes términos: "De acuerdo con la exposición de los hechos efectuada en la querella –del Ministerio Fiscal de Las Palmas– y sin perjuicio de ulterior y mejor calificación, teniendo en cuenta lo que en la misma se califica de “íter administrativo abrumadoramente irregular” y la presunta intervención de los funcionarios encargados de la gestión del patrimonio público, tanto en las decisiones de adjudicación a un precio superior al correspondiente, respecto de un material que no necesitaba de forma urgente; como en el pago por anticipado sin haber recibido material alguno; como en la posterior irregular actuación de modificación del contrato con el presunto fin de evitar el reintegro de los fondos, los hechos podrían ser constitutivos de sendos delitos de malversación de caudales públicos y de prevaricación. En estos delitos podría haber participado como extraneus el representante de la entidad adjudicataria, RR7", sostienen las fiscales.

De igual forma, bajo esta resolución, la Fiscalía Europea se declara competente para investigar delitos que perjudiquen los intereses financieros de la Unión Europea como "los delitos contra la Hacienda de la UE no referidos a impuestos directos nacionales, defraudación de subvenciones y ayudas europeas, blanqueo de capitales, cohecho y malversación que afecten a bienes procedentes de los delitos que perjudiquen los intereses financieros de la UE, y el delito relativo a la participación en una organización criminal".

En este misma línea, esta fiscalía avoca este procedimiento penal, que a su vez, en los inicios fue calificado por el Ministerio Fiscal de Las Palmas como "prevaricación y tráfico de influencias –del ex director del SCS y la ex directora de Recursos Económicos– y estafa agravada y blanqueo de capitales –administrador único de RR7–".

Europa recaba todas las investigaciones realizadas en España

Entre las actuaciones efectuadas por la Fiscalía Europea cabe destacar las diligencias requeridas ante la UDEF, el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad organizada de Las Palmas con el objetivo de contrastar la denuncia ejercitada por Juan Manuel Pérez, que fue confirmada por todos los organismos públicos. La denuncia de Pérez del caso ‘PCR Canarias’ contra el Gobierno de Canarias, la Consejería de Hacienda, el ex director del SCS, Conrado Domínguez y el Parlamento de Canarias –entre otros– tuvo entrada en la delegación española de la Fiscalía Europea el pasado 4 de mayo de 2022.

Pérez manifestó que "el fraude en la contratación –23 licitaciones del SCS– afectó a los intereses financieros de la Unión Europea porque se usaron fondos FEDER, y que se había hecho desaparecer cierta documentación del Portal de Transparencia del Gobierno de Canarias, sustituyéndola por otra diferente de la original".

"Tras el estudio de la documentación aportada por el denunciante y el Tribunal de Cuentas, se dirige oficio a la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada de Las Palmas –16 de septiembre de 2022– a fin de que aportase determinada información sobre los hechos, entre ella la indicación de los fondos europeos afectados", indica el decreto de la Fiscalía Europea, que señala que "en la respuesta del fiscalía anticorrupción, no se incluye ninguna respuesta relativa a la posible afectación de fondos europeos, pero se aportó la denuncia que dio lugar a las diligencias de investigación 9/2022, y la propuesta decreto de resolución –11 de julio de 2022– firmada por el Fiscal Delegado y dirigida al Fiscal Jefe de la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, querella presentada y decreto de archivo de las diligencias de investigación".

Igualmente, la Fiscalía Europea dirigió un oficio al juzgado instructor de Las Palmas solicitando un informe sobre el estado de la causa, y otro oficio a la Subdirección General de FEDER acerca de si se financiaron con sus fondos tanto el contrato que dio lugar a la presentación de querella por la Fiscalía de Las Palmas, como el resto de los contratos respecto de los cuales se decretó el archivo sin denuncia o querella en las diligencias de investigación 9/2022, en relación a la macrodenuncia presentada por Pérez.