El Cierre Digital Caso PCR Canarias: Revuelo en el Gobierno de Torres por malversación de fondos FEDER
El organismo investiga la adjudicación de 4 millones a RR7 United SL por mascarillas 3M no entregadas al SCS
El nerviosismo se ha apoderado del gabinete del presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, tras el decreto de asunción de competencias de investigación del caso ‘PCR Canarias’ por parte de la Fiscalía Europea, en relación a la supuesta malversación respecto a la licitación pública de cuatro millones de euros adjudicados a la empresa RR7 United SL para la adquisición durante la pandemia de un millón de mascarillas 3M que nunca fueron entregadas al Servicio Canario de Salud (SCS), según aseguran fuentes gubernamentales a elcierredigital.com. Pero también, "esta crisis de Torres viene motivada por la Comisión de Investigación sobre este asunto, que han registrado este jueves los grupos políticos de la oposición PP y CC en el Parlamento de Canarias", tal como han confirmado en una rueda de prensa en la que ha participado este diario.
El portavoz del PP, el diputado regional Carlos Esther, ha manifestado ante las preguntas de elcierredigital.com "conocer todo el trabajo periodístico de El Cierre Digital", y en relación a las responsabilidades políticas de Torres ha mostrado el interés del grupo parlamentario popular en "averiguar la presunta vinculación del presidente canario con miembros cercanos a la mercantil RR7", en base a las diligencias abiertas por la Fiscalía General del Estado sobre una imagen de un polémico almuerzo –revelado por este diario– mantenido por Torres con el cuñado y el asesor fiscal del administrador único de RR7.
Ante la exigencia de explicaciones a Torres sobre el escándalo de las contrataciones de material anti Covid-19 en el pleno del Parlamento de Canarias –este miércoles– por parte del portavoz de Coalición Canaria (CC) Pablo Rodríguez, el jefe del ejecutivo canario ha guardado silencio respecto al resto de contratos denunciados –por el empresario grancanario Juan Manuel Pérez– ante el organismo europeo.
A raíz del decreto de avocación emitido por la Fiscalía Europea –revelado por elcierredigital.com– el Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria ha suspendido las actuaciones judiciales a favor de la competencia europea, cuyo argumento es el uso de fondos de financiación FEDER en las adjudicaciones aprobadas por el SCS.
Por este motivo, el magistrado instructor ha cancelado las declaraciones previstas para el próximo 11 de noviembre, en calidad de investigados, de la madre, la pareja y un primo del administrador único de RR7, Rayco Rubén González –imputado por estafa agravada y blanqueo de capitales–.
A la lista de imputados habría que sumar a Oswaldo Lastras, el contacto entre el exdirector del SCS, Conrado Domínguez –imputado por prevaricación y tráfico de influencias–, el comisionista Samuel Machín y Rayco, bajo unas ‘conversaciones por WhatsApp’ al inicio de la negociación que originó el pago posterior de los cuatro millones a RR7.
La pista de los cuatro millones de euros pendientes de devolución al SCS
Según recoge el decreto de la Fiscalía Europea, "el querellado Rayco Rubén González, a través de su empresa RR7 –con fecha de 10 de marzo de 2021– importó desde Addis Abeba con destino a Las Palmas de Gran Canaria y sin autorización alguna del propietario legal de la marca 3M Company, 913.200 mascarillas filtrantes de partículas de la marca falsa 3M, por un importe declarado de 2.283.000 euros. Es probable que pretendiera cumplir el compromiso adquirido con el Servicio Canario de Salud mediante la entrega del material falsificado. De la cuenta en la que se recibieron los pagos por parte del Servicio Canario de Salud, se realizan dos transferencias por importes respectivos de 1.590.000 (con fecha de 22 de octubre de 2020) y 1.060.000 euros (con fecha de 12 de noviembre de 2020), cuyo beneficiario es la entidad CHARLES DOUGLAS SOLICITORS LLP C, con los que supuestamente fue abonado el importe de las referidas mascarillas".
Además, según la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción –recogida en el decreto europeo– "Rayco habría ocultado los fondos obtenidos de la adjudicación del contrato de mascarillas, con el propósito de ocultar el origen ilícito de sus beneficios, así como de frustrar las posibilidades de cobro del dinero procedente del contrato de adjudicación por parte de la Agencia Tributaria Canaria. Empleó dos empresas dirigidas por él a fin de, simulando préstamos inexistentes, canalizar el flujo del dinero fraudulentamente obtenido. Así, desde la cuenta titularidad de la mercantil RR7 en la que se ingresaron los cuatro millones de euros, transfirió 811.841 euros en conceptos de préstamos a Yimbo 7 Inversiones SL, cuyo apoderado es Kevin Sánchez Pulido –primo de Rayco–".
"De esos 811.841 euros, 742.000 fueron destinados a la adquisición de cinco vehículos de alta gama que quedaron bajo titularidad de la sociedad adquirente. Del mismo modo, Rayco transfirió de la misma cuenta de RR7 252.000 euros a favor de la mercantil Berabemar 2017 SL, en la que constan como titulares Adoración Sánchez (madre de Rayco) y María de los Ángeles Arencibia Alemán (madre de los hijos de Rayco). Con el dinero transferido, la sociedad Berabemar adquirió dos vehículos de alta gama. El resto del dinero procedente de los pagos realizados por el Servicio Canario de Salud fue gastado por el querellado en 'un elevado tren de vida que satisfizo a costa del erario público'".
La Fiscalía Europea investiga el uso de Fondos Feder
No obstante, la Fiscalía Europea ha puesto el punto de mira no sólo en la adjudicación millonaria a la mercantil RR7, sino que, según el citado decreto de avocación, ha remitido un oficio a la Subdirección General de FEDER para conocer "si se financiaron con fondos FEDER el resto de los contratos respecto de los cuales se decretó el archivo sin denuncia o querella en las diligencias de investigación 9/2022 por parte de la Fiscalía Anticorrupción", en relación a la macrodenuncia interpuesta por Pérez.
Según explican expertos juristas consultados por elcierredigital.com, "la Fiscalía Europea tiene la potestad de investigar las licitaciones denunciadas –23 adjudicaciones de material anti Covid-19 por el triple de su precio a empresas ajenas al sector sanitario con un coste de 32 millones de euros– y abrir otras diligencias e indagaciones, e incluso, nuevas piezas separadas en el caso ‘PCR Canarias".
En relación a las resoluciones administrativas del SCS en 2020 extraídas de los Portales de Transparencia, que fueron objeto de denuncia, la Fiscalía Europea en el citado decreto ha recogido las siguientes empresas: “Tout Espagnol Import- Export S.L.” –300.000 mascarillas FFP3 por 1.938.000 euros–, “ACJ S.A” –50.000 Test PCR por 795.000 euros–, “VALSONS TRADERS EXPORTACIONES SL" –50.000 unidades de equipos de protección y 300.000 unidades de mascarillas FFP2 por 1.224.500 euros y 857.150 euros–, “TITERRO INTERNATIONAL SL” – 200.000 batas quirúrgicas impermeables estériles por 1.920.000 euros–, “SANITARY TRADERS SPAIN SL” –62.150 mascarillas KN95/FFP2 por 183.342,50 euros– y "Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL” –Mascarillas FFP1 por 2.095.000 euros y otras contrataciones por 447.059 euros–".
“Grifols Movaco S.A.” –24 unidades SARS-Cov-2 Kit CE-IVD por 2.880.000 euros–, “Abbott Rapid Diagnostics Healthcare S.L.” –1.000.000 test Panbio Covid-19 Ag rapid test para la detección de antígeno del SARS-CoV-2 por 1.125.000 euros–, “Damco Trading Services S.A.” –diverso material sanitario por 4.981.610 euros–, “RC Thecnology Limited” –2.000.000 mascarillas quirúrgicas por 600.000 euros–, “ONE AIRWAYS SAU MADRID TRANSPORTE DE MERCANCÍAS” –1.125.000 euros–, “Martín e Hijos SL” –321.477 euros y otras contrataciones por 5.710.000 euros–".
Denuncia contra la Consejería de Hacienda y Asuntos Europeos
En relación a la macrodenuncia interpuesta por Juan Manuel Pérez ante la Fiscalía Europea, también se instó a este organismo a investigar las actuaciones del vicepresidente del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez (NC) –consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos–, por el "uso de los fondos FEDER en relación a estas contrataciones millonarias de material sanitario durante la pandemia". Estos figuran en las adjudicaciones aprobadas por la exdirectora de Recursos Económicos del SCS, Ana María Pérez, imputada por prevaricación y tráfico de influencias por el pago de los cuatro millones a RR7.
Pero además, en virtud de las responsabilidades respecto al abono de estas licitaciones, fuentes gubernamentales del equipo de Torres consultadas por elcierredigital.com sostienen que "la aprobación y ejecución del pago a la entidad RR7 –entre otras adjudicaciones– a nivel de competencias, al parecer, también debería haberse remitido a la directora general del Tesoro y Política Financiera, Dunia González (NC) –ex alcaldesa de Santa Lucía de Tirajana–, quien debería responder sobre este asunto, al igual que el consejero Rodríguez".
Incluso, "según el orden lógico", podría haberse dado la posibilidad de que "el expediente de RR7 podría haber sido examinado por el propio consejero, y la directora general del Tesoro, siendo abonado posteriormente a esta mercantil el montante de cuatro millones, sin exigir previamente el material contratado por el SCS, ni garantías de solvencia económica a esta empresa, que podría pasar a ser investigada por malversación por la Fiscalía Europea".
Más noticias: