Caso PCR Canarias: El presidente Torres declara por el contrato de 4 millones

Tres citas obligadas tiene pendiente el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, en relación al caso ‘PCR Canarias’, que "podría poner en jaque el Pacto de las flores", según revelan fuentes gubernamentales a elcierredigital.com, tras destapar esta macrodenuncia.

Señalan que el acuerdo político de izquierdas –PSOE-NC-UP-ASG– que colocó al socialista al frente del ejecutivo regional "sufre una grave crisis de desconfianza entre los socios de gobierno debido al escándalo de las contrataciones millonarias de material Covid-19" que ha derivado en este proceso judicial –además de las investigaciones de la UDEF y otras diligencias abiertas por el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía Europea al haber utilizado fondos FEDER–, tal como reveló elcierredigital.com.

Torres fue señalado por la Justicia para responder como testigo en la causa penal, y así lo ha hecho este 2 de noviembre por escrito –a requerimiento del Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria que ha decretado secreto en las actuaciones– para acatar todas las cuestiones planteadas por el magistrado instructor, el Ministerio Fiscal, la acusación popular, los letrados en representación de los querellados y la Viceconsejería de los Servicios Jurídicos del Gobierno por la contratación de un millón de mascarillas 3M –que nunca fueron entregadas a los hospitales canarios– bajo una licitación del Servicio Canario de Salud (SCS).

Al existir un secreto sumarial en estas diligencias bajo la decisión del magistrado instructor, Javier García García-Sotoca  –silencio judicial que podría prolongarse hasta un mes de duración– las respuestas de Torres ante el juez no tendrán, por el momento, alcance social.

La segunda comparecencia obligada para el presidente Torres en este proceso judicial -que forma parte de la macrodenuncia interpuesta por el empresario Juan Manuel Pérez contra 23 adjudicaciones licitadas por el Gobierno canario durante la pandemia con un coste de 32 millones de euros– se circunscribe a la citación efectuada por el Senado a petición de los senadores del Grupo Mixto, Emilio Argueso y Ruth Goñi, como informó elcierredigital.com.

Pero existe un tercer escenario ante la Fiscalía General del Estado (FGE), bajo las diligencias remitidas en julio a la Fiscalía Superior de la Comunidad Autónoma Canaria –documento que obra en poder de elcierredigital.com– en el marco de la petición de una investigación, también solicitada por Pérez. El denunciante de los contratos Covid-19 informó a la FGE del caso, en base a los reportajes de este diario, tras la publicación de la polémica imagen de un almuerzo en un popular restaurante donde se encontraban Torres y algunos miembros vinculados a RR7 United.

Pérez refirió este encuentro a la FGE como indicio de "la presunta relación del jefe del ejecutivo canario con el asesor fiscal de RR7 Pablo Carranza y José Juan Arencibia Alemán, cuñado del administrador único de esta misma mercantil, Rayco Rubén González  –querellado en este caso por estafa agravada y blanqueo de capitales–". A su vez, José Juan es hermano de Belén Arencibia  –pareja de Rayco–, que se encuentra en este proceso penal en calidad de investigada. En esta misma situación se encuentra Adoración Sánchez, la madre de Rayco –al ser apoderada de la mercantil Berabemar 2017 SL, entidad que recibió un traspaso de fondos desde RR7 tras el cobro de los cuatro millones–. Belén, junto a la madre de Rayco y su primo Kevin Sánchez, deberán comparecer como investigados en sede judicial el próximo 11 de noviembre.

El SCS informó al Consejo de Gobierno de la adjudicación de cuatro millones a RR7

En esta causa penal también se encuentran imputados el director del SCS, Conrado Domínguez, y la exdirectora de Recursos Económicos de la entidad (DGRE), Ana María Pérez, por prevaricación y tráfico de influencias. La resolución de la exdirectora de la DGRE, por la que se ordena el libramiento de cuatro millones a justificar a favor de RR7 –documento al que ha tenido acceso elcierredigital.com–, recoge que "vista la agresividad actualmente existente en el mercado sanitario, sobre todo en China por tratarse del principal fabricante del material de protección individual, se hace imprescindible dotar a los empresarios de medios de financiación extraordinarios con el objetivo de posibilitar la puja para la adquisición de los referidos materiales en origen, sin aportación previa de la documentación justificativa de las obligación".

Para la justificación de este pago a RR7 el mismo documento hace constar que el Consejo de Gobierno del presidente Torres estaba al tanto del libramiento de estos fondos públicos a la mercantil investigada, tal como se deduce: "Se plantea la necesidad de adquirir mascarillas 3M N95/…/Atendiendo a la petición cursada por esta Dirección General, la empresa RR7 UNITED S.L. presentó con fecha 4 de junio de 2020 una oferta por un suministro de 1.000.000 unidades de mascarillas de protección 3M1860N95, por un importe total de 4.000.000 euros sin IGIC. Se ha verificado la existencia de crédito adecuado por importe de 2.000.000 euros en los Presupuestos Generales de este Centro Directivo. La habilitación designada para realizar el libramiento a justificar /…/para remediar los daños derivados de esta situación de emergencia debiendo, además, dar cuenta de todo ello al Consejo de Gobierno".

Denuncian que "RR7 cobró un sobrecoste por mascarillas más baratas"

No obstante, empresarios del sector sanitario consultados por elcierredigital.com explican que la empresa 3M SL "dispone en su haber de diversos modelos de mascarillas de protección FFP2 y FFP3 para el suministro destinado a las instituciones públicas" pero que en el caso de las mascarillas de protección 3M1860N95, contratadas por el SCS, "la mercantil RR7 ofertó un modelo –1860– que, por ejemplo, se utiliza en la sanidad de Estados Unidos, pero no se encuentra homologado en Europa".

Además, este modelo 1860N95 "resulta de los más económicos dentro de esta línea de 3M, por lo que durante la pandemia, cuando Rayco formalizó el contrato con el SCS, este producto sanitario vendría a oscilar sobre los 1,20 euros por unidad. Mientras, RR7 cobró cuatro euros por cada mascarilla, un total de cuatro millones". Es decir, "la empresa percibió un incremento en el precio debido al sobrecoste en esta operación económica y en la actualidad, esta misma mascarilla estaría valorada en 50 céntimos por pieza", estiman.

La acusación popular cuestiona el apoyo de Torres al director del SCS

La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias –entidad que ejerce la acusación popular en este caso– viene a poner de manifiesto que "a raíz de las informaciones que se van conociendo en base a las declaraciones de los investigados y a la documentación pública sobre la licitación adjudicada a RR7, la pregunta obligada que formulamos es por qué el presidente regional, Ángel Víctor Torres (PSOE), no ha cesado todavía al director del SCS, Conrado Domínguez. Al menos, debería plantearse apartar de su cargo a Domínguez o la renuncia del propio director hasta que esta situación se aclare por completo".

El presidente de este colectivo sanitario, Guillermo de la Barreda, matiza ante elcierredigital.com que "la presunción de inocencia no supone una justificación para no cesar o mantener en el cargo a Domínguez, pues este tipo de presunción es como la balanza de la Justicia que tiene dos platillos. En uno está el de la inocencia, pero en el otro platillo se encuentra el de la culpabilidad. Por lo que vamos sabiendo, cada uno ha de pensar hacia qué platillo su peso lo desvía pero la situación genera, al menos, una gran desconfianza. Ante eso, el director del SCS no debería seguir en su puesto, dado que es una persona que gestiona millones de euros de la Sanidad pública".