
La caída del imperio de Montserrat Caballé: De diva de la ópera al desahucio familiar
Un juez fija el desalojo del hermano de la tenor y de la fundación con su nombre por impagos del alquiler de su sede
Un juzgado de Barcelona ha dictado una orden de desahucio contra la Fundación Privada Montserrat Caballé y Carlos Caballé Folch, hermano de la legendaria soprano. Todo tras acumular 41.256,73 euros en concepto de alquileres impagados.
El inmueble afectado se encuentra en el número 259 de la calle Muntaner, en el centro de la capital catalana. Ha sido durante años la sede de la fundación creada para preservar el legado artístico de la cantante. El lanzamiento está previsto para el próximo 3 de octubre a las 10:00 horas, salvo que el juez acepte la solicitud de suspensión presentada por la defensa de Carlos Caballé.
La deuda se desglosa en dos partes: 22.493,93 euros atribuibles a Carlos Caballé por impagos desde agosto de 2023 hasta marzo de 2025. Y 18.762,80 euros correspondientes a la fundación por un periodo similar.
Ni el hermano de la artista ni la fundación respondieron a los requerimientos judiciales previos ni comparecieron ante el juzgado. Algo que se considera un allanamiento tácito del procedimiento. Como resultado, la letrada de la Administración de Justicia dictó el decreto de lanzamiento el pasado 27 de junio.

El juez ha autorizado el uso de la fuerza pública si fuera necesario, y ha dispuesto que la comitiva judicial podrá cambiar cerraduras y desalojar mobiliario en caso de resistencia. La situación afecta tanto al patrimonio cultural representado por la fundación como a las condiciones personales de Carlos Caballé.
El hermano de la fallecida soprano tiene más de 80 años y no cuenta con recursos suficientes para encontrar una vivienda alternativa.
El abogado de turno de oficio, David Martínez, ha solicitado la suspensión del lanzamiento alegando la vulnerabilidad de su cliente. En su escrito, se recoge que Carlos percibe una pensión inferior a los 1.000 euros mensuales, frente a un alquiler que ronda los 1.200 euros. También se indica que no dispone de ningún otro lugar donde vivir.
Acompañó la petición con un informe de los servicios sociales del Ayuntamiento de Barcelona que certifica su situación de exclusión social.
Según el abogado, el propietario del local, Puntí S.L., es un gran tenedor de inmuebles. Por lo que podría aplicarse una suspensión temporal del desahucio bajo los parámetros legales de protección a personas vulnerables. El juzgado aún no ha resuelto sobre esta solicitud, pero la fecha del desalojo sigue marcada en el calendario judicial.
La fundación y su caída financiera
La Fundación Privada Montserrat Caballé fue constituida el 4 de diciembre de 2019 e inscrita oficialmente en junio de 2020. El objetivo era perpetuar la memoria y el trabajo pedagógico de la soprano a través de concursos de canto, becas para jóvenes y actividades culturales.
Su patronato está presidido por la sobrina de la artista, Montserrat. E integrado también por sus hijos, Montserrat y Bernabé Martí Caballé, y su hermano Carlos. El secretario general es Alejandro Saenger Alexandrowitch.

Aunque la fundación fue presentada como una entidad sin ánimo de lucro, acogida a los beneficios fiscales de la Ley 49/2002, su sostenibilidad económica ha sido precaria desde sus inicios. La falta de financiación estable, la dependencia de donaciones esporádicas y la ausencia de patrocinadores relevantes han derivado en una acumulación de deudas que hoy ponen en jaque su continuidad.
Fuentes del sector cultural consultadas para este reportaje aseguran que en los últimos dos años la fundación ha perdido visibilidad y apoyos.
El Concurso Internacional de Canto Montserrat Caballé, su principal actividad, ha reducido su presencia internacional y ha visto menguar la participación de patrocinadores privados. Algunos vocalistas que pasaron por el certamen afirman que no se han pagado premios ni compensaciones prometidas.
Según consta en el Registro de Fundaciones, la entidad no presenta memorias anuales desde 2022. Lo que podría acarrear sanciones o incluso su disolución si no regulariza su situación. Ninguno de los miembros del patronato ha querido hacer declaraciones públicas, pese a los intentos reiterados por parte de este medio.
La sede de la calle Muntaner, con unos 250 metros cuadrados, albergaba no solo las oficinas de la fundación, también la residencia de Carlos Caballé. Su mantenimiento exigía un alquiler mensual de aproximadamente 1.700 euros, cifra que la fundación ha sido incapaz de asumir en los últimos años.
La falta de liquidez también ha afectado a las labores de conservación del archivo personal de la soprano, que incluye partituras, grabaciones y correspondencia privada.
El "imperio Caballé": Patrimonio rural y negocios familiares
Pese a la aparente penuria actual, la familia Caballé dispone de un notable patrimonio rural. Una finca de 354 hectáreas en Les Llosses (Barcelona), conocida como Can Carbonell, Can Dacs y Solei de les Cases. Allí, Montserrat solía retirarse para descansar en sus últimos años.
La finca alberga un negocio forestal gestionado por la sociedad Forestal Sannari S.L., creada en 1988 por Montserrat, su esposo Bernabé Martí y sus hijos, y actualmente administrada por Montserrat Martí.
Forestal Sannari se dedica a la explotación y venta de madera. Aunque no se han hecho públicos sus balances, representa un activo significativo que podría generar ingresos si se gestionara adecuadamente.
A pesar de ello, la familia no ha recurrido a esta fuente de liquidez para evitar el desahucio. Esto plantea interrogantes sobre su organización interna y la división entre patrimonio privado y recursos de la fundación.
Según estimaciones recogidas por medios especializados, el patrimonio neto de Montserrat Caballé al momento de su fallecimiento en 2018 rondaba los 30 millones de dólares.
Esta cifra incluía ingresos derivados de su vasta discografía, derechos de autor, honorarios por conciertos internacionales y colaboraciones icónicas como la realizada con Freddie Mercury para los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992.
En el ámbito legal, Montserrat fue condenada en 2010 por fraude fiscal, tras haber simulado residir en Andorra para eludir impuestos. Pagó una multa de 254.000 euros, lo que afectó a su imagen, pero no comprometió de forma significativa su situación económica.
Sin embargo, desde entonces se inició un proceso de discretización de sus movimientos económicos, con una progresiva desvinculación entre su marca personal y los bienes de la familia.
El deterioro del legado: Entre la memoria y la precariedad
A siete años de su muerte, el panorama que envuelve el legado de la soprano dista mucho del brillo que caracterizó su carrera. Lo que debió ser una institución cultural de referencia ha terminado por convertirse en un proyecto inviable, marcado por deudas, desinterés institucional y gestión deficiente.
La fundación, pensada para honrar su figura, está al borde de perder su única sede física. Todo mientras su hermano afronta el riesgo de quedarse en la calle.
Diversas fuentes apuntan a una desorganización interna en la gestión del patrimonio familiar. La confusión entre lo que pertenece a la fundación y lo que forma parte del patrimonio privado ha dificultado la toma de decisiones financieras eficaces.

Mientras tanto, ni la Administración pública ni el sector cultural han intervenido para evitar la desaparición de una institución que, en teoría, podría seguir impulsando el arte lírico en España.
También resulta significativo el silencio de las principales instituciones musicales del país, como el Teatro Real o el Gran Teatre del Liceu. Ambos figuran como patronos honoríficos de la fundación, pero no han emitido comunicados ni mostrado interés en rescatar el proyecto.
A pesar de contar con recursos, propiedades y una historia imborrable en la ópera internacional, el legado de Caballé se tambalea entre desahucios, deudas y falta de planificación.
El próximo 3 de octubre puede marcar un antes y un después: la pérdida de la sede podría significar el cierre de la fundación y el colapso definitivo del "imperio" Caballé. Una situación que, más allá de lo judicial, plantea una cuestión moral: ¿qué pasará con el legado de una de las sopranos más importantes del siglo XX?
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