Así es el mapa geopolítico en la Hispanidad: Las izquierdas dominan América Latina

Este jueves 12 de octubre se celebra como es tradición el Día de la Hispanidad o Fiesta Nacional de España, una jornada en la que se conmemora la efeméride histórica del descubrimiento de América que dio inicio a "un periodo de proyección lingüística y cultural en América". Así lo señalan los comunicados del Ministerio de Defensa. 

Por otro lado, América Latina, una de las regiones con mayores desigualdades sociales y políticas del mundo, llega al 12 de octubre con un renovado dominio político de la izquierda y con un horizonte económico poco esperanzador por  los efectos de la pandemia de la COVID-19 y los de la guerra entre Rusia y Ucrania. A falta de conocer quién será el próximo presidente de Argentina,  en América Latina hay once gobiernos de izquierdas, entre los que se encuentran las principales potencias económicas de la zona, frente a ocho gobiernos de derechas.

En el presente año fuimos testigos del retorno al poder de Luz Inácio Lula da Silva en Brasil, afianzando el bloque progresista tras las generales brasileñas de enero, a la espera todavía de lo que suceda en las elecciones del próximo 22 de octubre en Argentina. Por otra parte, el pasado mes de agosto en Paraguay ganó las elecciones Santiago Peña, del Partido Colorado, una formación de derechas.

La izquierda en América Latina: Una tónica dominante

El pasado 1 de enero en Brasil, Lula Da Silva asumió su tercer mandato. El veterano político ya fue inquilino del Palacio del Planalto entre 2003 y 2010, una época en la que también recorría la región una ola progresista, la denominada marea rosa, con Hugo Chávez, Néstor y Cristina Kirchner,  Rafael Correa, o Evo Morales como actores políticos más relevantes. No obstante, el Brasil que recibió a Lula el pasado mes de enero es muy diferente al de hace dos décadas, tal y como relatan diversos medios de comunicación internacionales. Los cuatro años del gobierno derechista de  Jair Bolsonaro hicieron mella en la imagen política de la izquierda y en la propia percepción social de la política, volviéndose más intransigente.

En el caso de México y su presidente Andrés Manuel López Obrador (Partido MORENA), el dirigente mexicano goza de una imagen positiva cercana al 60 por ciento de aprobación en su último año de mandato, según las informaciones reveladas por diversos medios de comunicación internacionales.

A pesar de las numerosas críticas que se le han hecho, desde su  fracaso en la lucha contra la delincuencia violenta en México hasta su enfoque en proyectos personales calificados de “quijotescos” y una política energética que excluyó a inversionistas, el presidente goza de un índice de aprobación cercano al 60 por ciento, lo que da alas a su partido Morena de cara a las elecciones del próximo año 2024.

En Honduras, su presidenta electa, Xiomara Castro, tomó posesión del cargo de jefa de Estado el 27 de enero de 2022, en sucesión del mandatario saliente Juan Orlando Hernández. La gobernante hizo historia en la nación centroamericana pues, al ganar las elecciones del 28 de noviembre de 2021, se convirtió en la primera mujer en ser electa para el máximo cargo del país, y además lo hizo como la persona que más votos ha recibido (1.716.793).

Castro, de 62 años de edad, coronó al llegar a la presidencia una lucha que la hizo una de las figuras fundamentales de la resistencia en el país desde que derrocaron a su esposo Manuel Zelaya, en el año 2009.

El caso de  Daniel Ortega en Nicaragua es considerablemente más inestable y polemico comparado con el de los políticos mencionados. Presidió el país por primera vez entre 1985 y 1990, un efervescente período de cambios revolucionarios que le enfrentó a Estados Unidos, y retornó al poder en 2007. Desde entonces, Ortega, de 77 años, ha sido reelegido en tres ocasiones, todas cargadas de polémica.

Aunque sus mandatos han estado  marcados por una estabilidad macroeconómica, la modernización de la red vial y proyectos contra la pobreza, en 2018 Ortega enfrentó masivas protestas en contra de una impopular reforma del seguro social y denuncias de corrupción.

Además, son numerosas las denuncias que se han publicado contra el presidente nicaragüense y sus polémicas actuaciones, como el cierre de colegios católicos, amparado en medidas que él mismo creó y que en numerosas ocasiones se han catalogado de represivas contra la población.

Con el resultado obtenido en las elecciones de 2020, Luis Abinader -quien había quedado en segundo lugar en los comicios de 2016- se convirtió en el primer jefe de Estado de República Dominicana nacido después del fin de la dictadura de  Rafael Leónidas Trujillo.

Además, fue el primer presidente latinoamericano elegido en tiempos de la pandemia de Covid-19 y, curiosamente, también el primer mandatario en la región que asumió el cargo tras haberse enfermado de coronavirus.

Entre las principales propuestas que marcaron su campaña está la creación de más de 600.000 empleos, empoderar a la mujer dominicana, revertir la informalidad en el sector laboral y crear una agencia para reducir el gasto de transporte público y el tráfico en las ciudades.

En Colombia, quien ocupa la presidencia es el polémico Gustavo Petro, de 63 años, que ganó las presidenciales en agosto del 2022 después de los fracasos electorales en 2010 y 2018, al imponerse al populista independiente  Rodolfo Hernández por poco más de 721.000 votos. La competencia fue ajustada y Petro, de la coalición de izquierdas Pacto Histórico, consiguió 11.272.740 votos (el 50,49%), contra los 10.551.520 sufragios (el 47,26%) de Hernández.

Han sido numerosas las polémicas que han acompañado al mandato de Petro, desde los calificativos del “yugo español” hasta las declaraciones de su ex nuera, Day Vásquez, contra su hijo Nicolás, a quien acusa de haber financiado la campaña del presidente con dinero procedente del narcotráfico.

En Venezuela, el mando político reside en Nicolás Maduro. Por su política, Maduro ha sido señalado de "dictador" por la oposición y por varios países, por el encarcelamiento de líderes de la oposición como Leopoldo López, que fue condenado a 13 años de cárcel por participar e instigar en la violencia desatada en las manifestaciones de 2014, aunque actualmente se encuentra en arresto domiciliario. 

Además, ha sido acusado por la oposición de haber "acabado con el Estado de Derecho", al considerar que todas las instituciones de Venezuela han actuado bajo sus órdenes. Entre otras cuestiones, la oposición le acusa de impedir la libertad de expresión, pues en sus años de presidente han cesado sus actividades 40 medios de comunicación.

En Perú, la presidenta Dina Boluarte. Tomó posesión en diciembre de 2022 como reemplazo de Pedro Castillo, que fue destituido por el Congreso. Al principio de su mandato, nadie en Perú se atrevía a pronosticar cuánto podría durar su Gobierno interino en un país que ha hecho una costumbre de la inestabilidad institucional.

Tras su elección como primera presidenta de la historia de Perú, el despido y la detención de Pedro Castillo provocaron la movilización de un amplio movimiento de protesta de sindicatos, organizaciones civiles y sociales, organizaciones de pueblos indígenas y partidos de izquierda y extrema izquierda.  Las reivindicaciones incluían la disolución del Congreso, la dimisión de Dina Boluarte, la organización de nuevas elecciones, la liberación de Pedro Castillo y la constitución de una asamblea constituyente.

En Bolivia, los más de 20 puntos que separaron a Luis Arce de Carlos Mesa, el abanderado del centroderecha, convirtieron a Arce en el hombre que gobernará el país hasta 2025, tras 11 meses de inestabilidad institucional como consecuencia del golpe de Estado que tumbó a su mentor,  Evo Morales, en noviembre del 2019.

El nombre de Luis Arce está asociado a los momentos de mayor estabilidad económica de Bolivia, apuntalada en las exportaciones de gas y una mejor distribución de esa riqueza. Fue el ministro de Economía del Gobierno del MAS entre el 2006 y el 2017 y redujo la pobreza del 60% al 35%. El Estado pagó bonificaciones a miles de mujeres embarazadas, escolares y ancianos. Creció la inversión extranjera en los hidrocarburos y el litio. Durante esos años, el PIB pasó de 9.000 millones de dólares a 40.845. 

Mientras tanto en Chile, el pasado 11 de marzo se cumplió un año desde que Gabriel Boric asumió el cargo de presidente, aprovechó esta conmemoración para iniciar una nueva etapa en su mandato, con rostros renovados en La Moneda (sede de Gobierno). La idea del jefe de Estado, quien milita en el bloque Frente Amplio (izquierda), sería equiparar las fuerzas de la izquierda y de la centroizquierda en el gabinete, como ya lo deslizó la ministra del Interior, Carolina Tohá.

Boric fue durante años un ícono de la nueva izquierda progresista en Chile. Su liderazgo surgió desde las protestas estudiantiles de 2011 y se consolidó en el Congreso en su posterior rol de diputado. Su rol conciliador consolidó su figura en todo el espectro político. Esto quedó en evidencia el 15 de noviembre de 2019, siendo Boric uno de los protagonistas del acuerdo nacional que dio inicio al proceso constituyente, lo que logró convenciendo personalmente a los principales líderes de derecha de que Chile debía tener una nueva carta magna.

En Argentina, aunque el presidente actualmente es el kirchnerista Alberto Fernández, con un perfil izquierdista, las elecciones del próximo 22 de octubre prometen ser reñidas, con un Javier Milei  en pleno ascenso político y social con su efectiva campaña (polémica y extremista para algunos) a través de debates y redes sociales. 

En el caso de Fernández, obtuvo el primer puesto en las elecciones primarias de 2019, con el 47,78% de los votos, frente al 31,79% del presidente Mauricio Macri.​ Tras su victoria,  la cotización del dólar pasó de 45 a 63 pesos y las acciones de empresas argentinas en Wall Street cayeron un 62%. El presidente Macri, en conferencia de prensa, culpó a Alberto Fernández y a los votantes por lo que pasó.

La Derecha en América Latina: en busca de los resultados

En Paraguay, donde el Partido Colorado (derecha) ha gobernado de manera ininterrumpida durante los últimos 71 años, el exministro de Hacienda Santiago Peña, de 44 años, se convirtió el pasado mes de agosto en el nuevo presidente de Paraguay.

Peña, que pertenece al Partido Colorado, permitió que la formación permanezca en el poder por otros cinco años. Por su parte, Mario Abdo Benítez, rival político de Peña en las internas del partido, dejó el poder para dar paso al nuevo mandatario, que llega con el respaldo del expresidente Horacio Cartes (2013- 2018).

Peña empezó su participación política en el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), el principal espacio de oposición, pero en 2016 se sumó a los colorados para asumir el cargo de ministro de Cartes.

Mientras tanto en Uruguay, el presidente Luis Lacalle Pou asumió su cargo el 1 de marzo de 2020.  El inicio de este período de gobierno se vio marcado por la llegada de la pandemia de COVID-19, que acaparó la agenda pública en los dos primeros años de gobierno y que obligó a las autoridades a declarar la emergencia sanitaria y ocasionó un impacto socioeconómico en la población. 

La Ley de Urgente Consideración sentó las bases jurídicas de su período de gobierno e introdujo reformas significativas en el ámbito de seguridad pública y derecho penal  y la creación del Ministerio de Ambiente entre otros aspectos. 

En materia de asuntos exteriores la intención del equipo de gobierno de flexibilizar el Mercosur para negociar acuerdos internacionales por fuera de esta organización internacional, especialmente uno con la República Popular China ocasionó tensiones dentro de esta organización con sus países vecinos.

En Ecuador, la presidencia la ostenta desde 2021 Guillermo Lasso, quien es el presidente de derecha —elegido con las banderas del Partido Social Cristiano— en llegar al Palacio Carondelet en 18 años. En su mandato se ha enfrentado al desafío de la vacunación contra la COVID-19, el aumento de la inseguridad y la violencia en el país, afecciones de salud personales y ahora un juicio político por presunto peculado, señalamiento por el que se declara inocente.

Lasso, de 67 años, había estado vinculado al sector productivo desde hace 50 años antes de llegar a la presidencia. La popularidad de Lasso se ha hundido en medio del descontento generalizado y un aumento en las tasas de criminalidad, que han llegado a afectar al adecuado ejercicio de la política y la democracia con el asesinato de  Fernando Villavicencio.

En el caso de Puerto Rico, estado perteneciente a Estados Unidos y, por lo tanto, sin presidente pero con gobernador, es regido desde 2021 por Pedro Pierluisi. Se juramentó como gobernador de Puerto Rico en una ceremonia que, aunque multitudinaria, fue organizada con una asistencia inferior a las anteriores al Covid-19. La figura internacional de más estatura en asistir fue el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader.

Pierluisi hizo campaña impulsando la estadidad para la isla como otros gobernadores del PNP (Partido Nuevo Progresista) han hecho anteriormente.  El 24 de enero de 2021 el gobernador decretó un estado de emergencia por la violencia de género​ después del asesinato de Andrea Ruiz por su expareja.

En Panamá, el presidente Laurentino Cortizo asumió el cargo como presidente de Panamá el 1 de julio de 2019. Sus primeras medidas estuvieron centradas en reformas de carácter económico y propuestas de reformas a la Constitución de Panamá.​

El Gobierno de Cortizo anunció en comunicados de prensa el lanzamiento del  Pacto del Bicentenario Cerrando Brechas contra la desigualdad y la pobreza, que comenzó el 26 de noviembre de 2020. Su finalidad es lograr acuerdos nacionales en materia de salud, educación, seguridad social, seguridad, economía y servicios básicos, para fundamentar las bases con miras a desarrollar una mejor nación.

Por otra parte, en Costa Rica, el presidente electo en 2022, Rodrigo Chaves, llegó al poder con la promesa de impulsar el empleo joven ofreciendo estímulos a los empleadores. Ha dicho que pretende, mediante decretos, reducir el costo de bienes y servicios como la electricidad, las medicinas y el arroz.

En su postura de romper con el pasado, ha criticado las pensiones de lujo del poder judicial, a los empresarios del arroz y los que importan medicinas, según una entrevista. Asegura que no pondría más impuestos, sino que su intención es “recaudar los impuestos que ya están legislados y que son legales”. Respecto al Medio ambiente, Chaves se compromete a cumplir los compromisos de la COP26 (Conferencia sobre el Cambio Climático de la ONU). 

En El Salvador se encuentra uno de los nombres propios de las derechas latinas, Nayib Bukele, especialmente conocido internacionalmente por su  lucha efectiva contra las bandas y maras del país. En 2019, Bukele ganó la elección presidencial después de presentarse como un “outsider” y anti “casta”, yendo como candidato del partido condierado de extrema derecha Gran Alianza Nacional.

Al principio de su mandato Bukele acentuó su perfil conservador, llegó a decir que es un “instrumento de Dios”, anti casta y de mano dura. Pero febrero de 2020 marcó un cambio en su gobierno. Bukele quiso obtener un préstamo de Estados Unidos de 109 millones de dólares para el financiamiento de un plan que reforzaría el presupuesto de la Policía Nacional Civil. Su partido no tenía mayoría y no logró el apoyo en el Congreso.

En febrero del 2021, el partido de Bukele ganó la mayoría absoluta parlamentaria y en mayo destituyó a los miembros del Tribunal Constitucional de la Corte Suprema. Con legitimidad electoral comienza a avanzar sobre los otros poderes, con el apoyo de los militares.

Desde ese momento dio comienzo la aprobación de una serie de medidas, entre ellas la de aceptar el Bitcoin como moneda de curso legal. El Parlamento aprobó modificaciones al código penal que permitía sancionar a medios por reproducir mensajes relacionados con las pandillas, detenciones por hacer “grafitis” o mensajes callejeros, y un salto autoritario con la imposición del estado de excepción. Estas medidas son presentadas por Bukele como la base del “éxito” en su “guerra” contra las pandillas, que ha traspasado las fronteras del país.

Por último, en Guatemala el máximo representante político es el derechista Alejandro Giammattei, aunque su popularidad se ha desplomado en los últimos años. Durante su mandato ha tenido múltiples desavenencias con el Vicepresidente Guillermo Castillo Reyes, quien incluso llegó a pedirle la renuncia de ambos en 2020. A inicios del año 2023 se provocó una crisis diplomática con Colombia tras una investigación del Ministerio Público en el marco del Caso Odebrecht en Guatemala, contra varios fiscales y abogados.

El sitio web de investigación salvadoreño El Faro reveló en febrero de 2022 que  Alejandro Giammattei estaba señalado por financiar su campaña de 2019 con sobornos de una empresa constructora. El presidente guatemalteco habría negociado con José Luis Benito, entonces ministro del gobierno de Jimmy Morales (anterior presidente de Guatemala), una aportación de 2,6 millones de dólares para su campaña electoral.

A cambio de este dinero, Giammattei supuestamente prometió al ministro Benito mantenerlo en el cargo durante un año  para que pudiera seguir aplicando un esquema de sobornos multimillonarios en contratos de construcción  y mantenimiento de carreteras. Sin embargo Benito nunca fue nombrado ministro del gobierno durante el mandato de Giammattei.