Archivan la causa contra el arquitecto Joaquín Torres tras denuncia de Podemos.

El conocido arquitecto Joaquín Torres ha quedado exonerado de cualquier responsabilidad en el procedimiento iniciado por la querella de Roberto Carlos Benítez de Lucas (GETAFE PODEMOS y actualmente IMPULSA GETAFE) presentada en fecha 14 de abril de 2015, incoándose diligencias previas nº 750/2015 en el Juzgado de Instrucción nº 4 de Getafe.

La querella inicialmente se presentó, en ejercicio de la acción popular, contra Juan Soler-Espiauba Gallo (Alcalde), Fernando Lázaro Soler (concejal de Hacienda), Paz Alvarez Sánchez-Arjona (Concejal de Urbanismo) y Juan Alvaro Hernández (Jefa de Gabinete Jurídico y Secretaría General de GISA), en relación al procedimiento de licitación relacionado con la adjudicación de los expedientes administrativos 90/2012 y 92/2012 relativos a demolición del edificio de la calle Madrid de Getafe y redacción del proyecto para la construcción del Centro Europeo de Producción de Artes Audiovisuales y Escénicas, por haber utilizado la “encomienda de la gestión” en favor de la empresa municipal GISA, así como por el presunto y posterior “fraccionamiento en dos contratos”, a través de la empresa pública GISA, y por haber utilizado un procedimiento negociado sin publicidad para, presuntamente, elegir los a los posibles adjudicatarios que pudieran concurrir a dicha licitación.  

La querella fue admitida a trámite el 5 de mayo de 2015 y se declararó el secreto de las actuaciones hasta el 1 de diciembre de 2016. La investigación se extendió, sin haber sido objeto de la primera querella, a otros expedientes administrativos a raíz de la información recabada por la Policía Judicial, lo que provocó que el número de investigados se incrementase a un total de 43, convirtiendo a la instrucción en una causa de gran amplitud y complejidad.

En este contexto los arquitectos Joaquín Torres y Rafael Llamazares fueron declarados investigados en el año 2016, estando secretas las actuaciones, declarando en sede policial Joaquín Torres el 24 de noviembre de 2016 y, ambos, en sede judicial el 27 de enero de 2017. En aquellas fechas algunos medios de comunicación se hicieron eco de la noticia, cuya difusión perjudicó el buen nombre de los arquitectos Joaquín Torres y Rafael Llamazares de la Fuente, así como del resto de investigados.

 Pero los abogados de ambos arquitectos solicitaron en varias ocasiones el archivo de la causa contra Torres y Llamazares con el beneplácito de la Fiscalía, que en sus informes quedaba claro que no existía ningún tipo de indicio de la posible comisión de delitos de corrupción entre particulares y tráfico de influencias, ni ningún otro en el que pudieran desprenderse de los hechos investigados.

La causa quedó archivada también respecto del exalcalde de Getafe, Juan Soler, declarándose la nulidad de las actuaciones en este caso porque expiró el tiempo máximo legal establecido para incoar diligencias de investigación.

Pese a todo esto, no ha sido hasta el 17 de noviembre de 2020 cuando el Juez Instructor de la causa ha notificado a las partes auto de continuación de diligencias previas por los trámites del procedimiento abreviado de fecha 8 de octubre de 2020 únicamente contra dos investigados (de perfil político), siendo archivada provisionalmente contra 41 investigados, entre ellos los arquitectos Joaquín Torres y Rafael Llamazares, por no existir ningún tipo de indicio delictivo contra los mismos.

Han tenido que pasar más de cinco años desde el inicio de la causa para que Torres y Llamazares puedan decir que ya no ostentan la condición de investigados en este procedimiento y que se ha sobreseído la causa con respecto a ellos y a otras 41 personas en la misma dolorosa situación y que les ha generado, además de los evidentes gastos asociados a todo procedimiento judicial, zozobra y desprestigio personal y profesional.