Europapress Alerta por químicos cancerígenos en el agua potable española: Sus riesgos sanitarios
Un estudio muestra el ocultamiento durante años de la toxicidad en objetos del hogar debido a los químicos del agua
Desde hace años, la UE viene librando una ofensiva contra la industria por la prohibición de los "químicos eternos" en Europa. Ahora, una investigación transnacional, conocida como The Forever Lobbying Project, ha desvelado más de 14.000 documentos que prueban décadas de ocultamiento sobre la toxicidad de las sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS).
Estos químicos han sido vinculados con varios tipos de cáncer, infertilidad y una disminución en la respuesta inmunitaria de los niños ante las vacunas. En España, la contaminación por PFAS ha llegado a las redes de agua potable. Un ambicioso estudio busca medir su presencia en la sangre y orina de miles de ciudadanos.
Los PFAS son compuestos formados por cadenas de carbono y flúor, altamente resistentes y útiles en una amplia variedad de productos. Se encuentran en sartenes antiadherentes, ropa impermeable, envases de comida rápida, espumas antiincendios y pesticidas, entre otros.
Su durabilidad los convierte en un problema ambiental y de salud global. Se acumulan en los ecosistemas y organismos vivos, llegando incluso a regiones remotas como la Antártida.
Ya hay en marcha un estudio de biomonitorización liderado por el Ministerio de Sanidad. Evalúa la presencia de PFAS y otros químicos en la población. Con un presupuesto de más de 5 millones de euros, busca analizar muestras de sangre y orina de 3.800 participantes.
El impacto de los PFAS en la salud
La exposición a los PFAS se ha relacionado con una amplia gama de problemas de salud, incluyendo cáncer. Estudios han confirmado la asociación entre PFAS y tipos de cáncer como el de hígado y testículos.
La infertilidad también está especialmente ligada a los PFAS. Estos compuestos afectan el sistema reproductivo y se transfieren de madres a hijos a través de la leche materna.
De igual manera, estos compuestos afectan a la respuesta inmunitaria. Los PFAS pueden reducir la efectividad de las vacunas en niños, según investigaciones recientes.
Según el Instituto de Salud Carlos III, un estudio de 2009 en España reveló que el 100% de las muestras analizadas contenían PFAS. Esta ubicuidad subraya la magnitud del problema y la necesidad urgente de regular su uso.
Los niveles de contaminación del agua potable en España
Desde 2024 todas las empresas de abastecimiento de agua en España están obligadas a medir los niveles de PFAS en sus redes de distribución. Para este 2025, deberán controlar la suma de 20 PFAS diferentes. Lo que supone un incremento del 33% en los costos de análisis de agua potable, alcanzando los 110 millones de euros anuales.
Según datos reportados al Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo (SINAC), las redes que abastecen a más de 10.000 personas ya superan los límites legales de PFAS. Mientras que 66.000 personas más están expuestas a niveles en el límite permitido.
Además, 4,4 millones de personas viven en municipios con niveles considerados críticos (60% del límite legal). Algo que obliga a las autoridades a implementar medidas de mitigación.
Un largo historial de encubrimiento industrial
Los documentos desvelados por The Forever Lobbying Project muestran que empresas químicas como Dupont y 3M conocían desde los años 50 los riesgos asociados a los PFAS. Estudios internos revelaban su toxicidad, bioacumulación y efectos adversos en la salud. Pero en lugar de frenar su producción, optaron por ocultar información, retrasar prohibiciones y litigar contra regulaciones.
Un ejemplo icónico es el caso de Dupont. En 1981 trasladó a sus empleadas embarazadas de áreas de exposición tras detectar deformaciones congénitas en sus hijos. Sin embargo, continuó fabricando y vendiendo estos compuestos durante años.
La Unión Europea ha tomado medidas progresivas para limitar el uso de PFAS. En 2023 cinco países europeos propusieron una prohibición universal de estos compuestos. Sin embargo, la industria química ha lanzado una intensa campaña de lobby para evitar esta regulación. Argumentando posibles impactos económicos y desabastecimiento de productos esenciales.
En España, el Real Decreto 3/2023 establece nuevos criterios sanitarios para la calidad del agua, incluyendo el control de PFAS. A partir de 2026 las redes de distribución no podrán superar un límite de 0,10 µg/L para el sumatorio de 20 PFAS. No cumplirlo podría suponer que el agua fuera declarada no apta para consumo humano.
El camino hacia la descontaminación
La eliminación de PFAS en el agua potable requiere tecnologías costosas. Como el uso de carbón activo o sistemas de ósmosis inversa. Estos métodos, aunque efectivos, suponen un reto económico significativo, especialmente para pequeños municipios.
Luis Babiano, gerente de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS), señala que la adaptación a la nueva normativa es un "reto mayúsculo, pero necesario".
Actualmente, solo el 44% de los municipios ha reportado datos sobre PFAS, lo que evidencia la necesidad de mayor transparencia y recursos.
La lucha contra los PFAS representa un desafío complejo que requiere la colaboración de gobiernos, industria y sociedad civil. Mientras se avanza en regulaciones más estrictas, “es esencial aumentar la conciencia pública sobre los riesgos de estos químicos y promover alternativas sostenibles”.
La experiencia de España con su primer estudio de biomonitorización podría convertirse en un modelo para abordar esta crisis global.
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