Airbnb, al contraataque de la nueva Ley de Propiedad: Se queda sin pisos turísticos

El 60% de la ciudadanía española dice  sufrir problemas de acceso a la vivienda  y ello conlleva un hartazgo creciente que algunos tildan de 'turismofobia'. Aunque en realidad se trata de exigir límites a los excesos que por un lado disparan la macroeconomía española y por el otro destrozan a las clases populares. 

El boom de los pisos turísticos está disparando los alquileres y sulfurando al ciudadano, lo que ha devenido en la puesta en marcha de medidas limitantes por parte de instituciones como el Gobierno de España, que ha anunciado un cambio sobre la Ley de Propiedad Horizontal para obligar a los aspirantes a arrendadores de pisos a conseguir el apoyo del 60% de su comunidad; el Ayuntamiento de Madrid, que ha bloqueado la concesión de licencias; y el de Barcelona, que ha prometido eliminar los 10.000 existentes en los próximos cinco años. 

Estas intervenciones comprometen a la plataforma airbnb, que ha renovado argumentario y asegura que en 2023 generó en España 3.600 millones de euros en impuestos, provocó un impacto económico de 8.500 millones de euros, facilitó la creación de 130.000 puestos de trabajo y contribuyó a descentralizar la economía al vender apartamentos en 5.200 localidades del país. 

Prácticas anticompetitivas, también en el sector de la venta de vivienda

La ciudadanía accede a la compra o alquiler a través de plataformas como Idealista, que ofrece más de 19.000 casas y pisos en venta en Madrid, y más de 9.000 en alquiler. Fuentes cercanas a Sumar denuncian que plataformas como Idealista promueven la "adulteración de los precios de la vivienda" y en el PSOE estudian cómo podrían condicionar algunas de las estrategias de esta mastodóntica inmobiliaria online. 

Cabe recordar que en 2021 Idealista fue multada por pactar con Remax, Inmovilla, Look & Find, Witei, MLS y Anaconda para fijar precios  e intercambiar información en el mercado de la intermediación inmobiliaria. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia denunció que "implantaron en España un sistema de exclusivas compartidas con el que imponían comisiones mínimas de intermediación. En general, para participar en el sistema, se exigía una comisión mínima del 4% para la compraventa y de un mes para los alquileres". 

"La participación en este sistema (MLS) limitó la capacidad de las inmobiliarias de competir y de fijar comisiones independientemente", añadió la CNMC. El organismo consideró que estas prácticas constituían una infracción única y continuada de los artículos 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia y 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, constitutiva de cártel. 

La multa conjunta fue de 1,25 millones de euros, de los cuales más de la mitad, 730.000, tuvieron que ser abonados por Idealista.

Y prácticas anticompetitivas en el sector hotelero

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia acaba de imponer a Booking.com la mayor multa del organismo: 486 millones de euros. La sanción ha cobrado gran eco y ha recibido el aplauso de muchos propietarios de hotel o pisos turísticos que llevan años protestando con una empresa que se está granjeando enemigos por sus condiciones. 

Este expediente de Competencia tiene su origen en dos denuncias recibidas en la CNMC por parte de la Asociación Española de Directores de Hotel y de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid, hartos del trato que Booking dispensa a sus afiliados. 

Booking ha filtrado que prepara recurso y excusa su decisión de no permitir a hoteles y propietarios de pisos que ofrezcan en sus webs precios más bajos que en el gigante hotelero, que exige grandes comisiones. 

"El objetivo de la cláusula de paridad es garantizar que las tarifas y condiciones que se publican en la plataforma sean competitivas, de modo que los clientes puedan beneficiarse de costes de búsqueda más bajos, así como evitar que un alojamiento se aproveche de las inversiones cuantiosas que realice Booking.com", señala el portal natural de los Países Bajos.