Claves del acercamiento PP y Junts: Por qué dejará en minoría a Pedro Sánchez en 2025

El ejército político, mediático y judicial que empuja contra Gobierno desde 2018 ha abierto grietas en Pedro Sánchez, que se ha erigido una imagen de invencible con su sucesión de milagros electorales y desenvoltura para salir vivo de los más arriesgados entuertos. 

Pero algunas fuerzas económicas han mostrado su hartazgo con algunas políticas fiscales de La Moncloa. El PSOE, por lo pronto, se sabe en minoría el Congreso de los Diputados en asuntos económicos. 

¿Pinza?

Algunos medios denuncian la pinza que están conformando PP y Junts per Catalunya. Ambas fuerzas conservadoras, tan enfrentadas por el procés, se pusieron de acuerdo para acabar con el impuesto extraordinario a las energéticas. La noticia fue celebrada por Repsol, Iberdrola o Endesa. 

El partido que lidera Alberto Núñez Feijóo y el que encabeza Carles Puigdemont  también van a acabar con el impuesto a la generación eléctrica. Este tributo del 7% del valor de la producción eléctrica iba a ser vetado por la Mesa del Congreso. 

Pero la ausencia del secretario primero de la Mesa, el socialista Juan Antonio Lorenzo, ha desbloqueado la intentona conservadora. Lorenzo, que alega "asuntos familiares" para justificar la ausencia de este lunes, será sancionado con 1.200 euros por el PSOE. 

Este hecho abre la puerta a tumbar un impuesto que genera 1.500 millones de euros anuales.

El Gobierno y las empresas

Pedro Sánchez Pérez-Castejón accedió a La Moncloa el 2 de junio de 2018 sin mochilas que condicionasen su acción de Gobierno. El socialista, renegado por muchos de los suyos, carecía de apoyos en el Ibex35. Y había mostrado su distancia emocional hacia el funcionamiento de compañías como Telefónica (a cuenta de César Alierta) o el Banco Santander. 

La implicación de ambos en el giro conservador del Grupo Prisa, que tanto contribuyó a que fuese descabalgado al frente de la secretaría general socialista de 2016, le dejaba libre de pies y manos para abordar la economía autóctona. 

Pero su decisión de fiarla a una persona con pedigrí de Bruselas como Nadia Calviño tranquilizó al empresariado patrio.  Que creyó que Pedro Sánchez iba a abstenerse de intervenir en la economía española. 

Pero el aumento de su poder a cuenta de sus éxitos electorales ha conllevado que crezca su apetito a la hora de intervenir empresas privadas. Ejemplo de ello es Telefónica, que ha vuelto a contar con accionariado público gracias a la SEPI.

Banca y energéticas

Sánchez ha guerreado en público contra energéticas y banca, se ha peleado con la 'fugada' Ferrovial. Ha evitado la segregación de Naturgy en dos compañías. Y ha dejado clara su falta de sintonía con Ana Patricia Botín. 

A excepción de Inditex, ajena a las regulaciones gubernamentales, no hay gran compañía española que no esté vigilada por Sánchez. 

El impuesto a las energéticas

"Los beneficios no caen del cielo, salen del bolsillo de los consumidores que pagan los recibos. Y este Gobierno no va a permitir que el sufrimiento de muchos sea el beneficio de unos pocos. Pedimos a las grandes empresas que cualquier beneficio suplementario derivado de esta situación revierta en los trabajadores", aseguró en 2021 Pedro Sánchez., Lo hizo ante la escalada de los precios de la luz y el gas. 

Esta situación provocó que el Gobierno central aprobase un impuesto a los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas similar. El tributo es similar al que existe en países como en Reino Unido, Francia o Portugal. 

El enfado de Ignacio Sánchez-Galán (Iberdrola) fue público entonces. El directivo amenazó con paralizar sus inversiones en España y denunció la presunta "inseguridad jurídica" que sufre el país. La vicepresidenta tercera, y titular de Transición Ecológica, Teresa Ribera, le contestó. "El señor Galán, lo ha hecho siempre, defiende los intereses y beneficios de sus accionistas. Al Gobierno lo que le corresponde es defender los intereses de los consumidores españoles". 

El enfado posteriormente lo lideró  el presidente de Repsol, Josu Jon Imaz, que denunció la decisión del Gobierno de no eliminar el impuesto. Imaz amenazó al Gobierno con frenar las inversiones previstas por Repsol. Y consiguió doblarle el brazo a Junts, inquieto por unas inversiones de 1.100 millones de euros de la compañía en Tarragona. 

La guerra con Ferrovial

Otro directivo que denunció la presunta inseguridad jurídica española, pese a que la inversión extranjera en España está en ritmos de récord, fue Rafael del Pino. El empresario pareció utilizar su pulso con el Gobierno como excusa para llevarse la sede fiscal de la compañía a Países Bajos. 

La constructora reconoció en un documento remitido a la CNMV que "la fusión y redomiciliación de la sociedad matriz del grupo a los Países Bajos podrían tener un impacto negativo en su imagen corporativa en España. Lo que, a su vez, podría tener un efecto material adverso en la posición competitiva del grupo y, a su vez, en el precio de cotización de sus acciones, su negocio, situación financiera, resultados de operaciones y perspectivas".