El traspaso 'ilegal' de datos desde la Guardia Civil a la Policía Canaria salpica al Gobierno de Torres

En plena campaña electoral para los comicios del 28M, estalla otro "escándalo" más —tras los casos ‘PCR Canarias’ y ‘Mediador’— durante la gestión política del presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, aseguran fuentes del PSOE consultadas por elcierredigital.com.

Estas fuentes socialistas se refieren a "la reciente denuncia interpuesta ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) por el supuesto acceso ‘fraudulento’ por parte de la Policía Autonómica de Canarias a datos personalísimos, remitidos desde la base de datos oficial SIGO de la Guardia Civil de Las Palmas, sin fiscalización ni registro de este traspaso entre ambos cuerpos policiales o convenio policial que lo autorice", tal como reveló este diario.

"Esto salpica a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, el ente responsable de la Policía Autonómica de Canarias, dirigida por el consejero Julio Pérez", argumenta el partido socialista. Y ponen de manifiesto "el presunto descontrol respecto al funcionamiento de traspaso de datos", haciendo hincapié en que "ningún miembro del ejecutivo de Torres ha salido a dar explicaciones públicas, ni han citado convenio alguno que justifique la cesión de datos entre la Policía Autonómica y la Guardia Civil de Las Palmas".

Un agente de la Guardia Civil maneja su base de datos.

Según ha sabido este diario en virtud de las denuncias interpuestas ante la AEPD, se han solicitado diversas "auditorías" para llevar a cabo "la identificación de los agentes de la Policía Canaria que realizaron las peticiones de datos personales a los agentes de la Guardia Civil, así como la comprobación de las consultas efectuadas en las Bases de Datos, de las que posteriormente cedieron los datos sin autorización".

ElCierreDigital.com ha contactado con Presidencia del Gobierno de Canarias y la Consejería de Seguridad, sin obtener ninguna respuesta sobre las reclamaciones presentadas ante la AEPD.

Malestar entre los policías

No obstante, fuentes consultadas del Instituto Armado confirman a este diario "el malestar existente entre policías al conocerse este asunto". Es más, indican que esta cesión de datos entre ambos se produce desde 2017, y en la denuncia ante la AEPD se ha hecho constar que "existe una orden por escrito remitida al Centro Operativo de Servicios (COS) de la Guardia Civil de la Comandancia de Las Palmas, para facilitar a la Policía Canaria los datos de los ficheros y bases de datos SIGO de la Guardia Civil y de la Policía Nacional".

Al parecer, esta orden escrita para el COS —matizan estas fuentes de la Benemérita—, habría sido emitida supuestamente por el teniente Antonio García de la Puente Collazos, destinado por libre designación a Badajoz semanas atrás. Este teniente, a su vez, ha sido denunciado por otro guardia civil ante el Juzgado de Instrucción número 6 de Las Palmas por presuntos delitos de falsedad de documento público, prevaricación continuada, coacciones, acoso laboral e infidelidad en la custodia de documentos, tal como avanzó ElCierreDigital.com.

Según confirman a este diario fuentes consultadas del Instituto Armado, se ha procedido a presentar —el pasado 8 de mayo— una ampliación de la primera denuncia ante la AEPD, en la que se ha dejado constancia de que "esta citada cesión de datos de la Guardia Civil y la Policía Nacional, sin que medien fines de investigación o infracciones penales, se extiende a las bases de datos de Mossos D’ Esquadra y Ertzaintza". 

Nueva reclamación por el traspaso de datos a la Policía Autonómica Canaria

Esta nueva reclamación ante la AEPD versa sobre "la presunta cesión irregular de datos personalísimos desde el del fichero ‘INTPOL’ -de la base de datos oficial SIGO-, de la Guardia Civil al Cuerpo General de la Policía Canaria -Policía Autonómica- sin que medie ningún acuerdo o protocolo para este tipo de transferencia de datos, y sin contar con la autorización expresa de los ciudadanos -con o sin antecedentes delictivos-, para este tipo de intercambio de información personal entre guardias civiles y policías autonómicos canarios".

Denuncia interpuesta ante la Agencia Española de Protección de Datos.

Tal y como expresa este documento, "las consultas de datos personales y vehículos se vienen realizando al COS de la Guardia Civil por parte de los agentes de la Policía Autonómica de Canarias, a través de las tres líneas móviles habilitadas y autorizadas por los mandos de la Comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas para ceder los datos del fichero INTPOL, así como los del Sistema Integrado de Gestión Operativa SIGO. Pero no es el único método empleado por el Cuerpo Policial Autonómico para solicitar datos de carácter personalísimo".

Resulta imposible -—aclara la denuncia— que la totalidad de los policías autonómicos puedan realizar estas consultas a través de tres líneas telefónicas. Por lo que "la Policía Canaria, que también cuenta con un efectivo de este Cuerpo Autonómico en las dependencias del 112 de Las Palmas de Gran Canaria para requerir esta información, en algunas ocasiones, cuando los policías autonómicos no puedan disponer de las tres líneas móviles habilitadas, utilizan sus propios teléfonos móviles particulares. Realizan la llamada telefónica al 112, transmiten los datos sobre los que desean realizar la consulta a la Base de Datos de la Guardia Civil y desde el 112 se llama al COS de la Comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas para obtener los datos personalísimos".

Tras estas gestiones —especifica la denuncia—, "los guardias civiles del COS no realizan ningún método de fiscalización ni de control de los datos que han sido consultados en el fichero ‘INTPOL’ y en el ‘SIGO’ a requerimiento de la Policía Autonómica Canaria, ni se deja constancia de las personas y vehículos consultados y sobre los que se han cedido datos a terceros de forma fraudulenta, ni tampoco se registra la identificación del agente autonómico que realiza la consulta, ni los motivos o fechas de la citadas consultas".

Por otra parte, señalan fuentes del Instituto Armado a este diario que esta cesión de datos "podría conllevar un beneficio propio sobre cualquier gestión de índole privada, que podrían acarrear presuntas infracciones en materia de protección de datos". Según manifiestan, "esta situación solo se viene dando en el COS de la Comandancia de Las Palmas, pero no en la Comandancia de Tenerife, pues los policías autonómicos destacados en Tenerife, también se dirigen al COS grancanario, un hecho verificable al quedar registradas y grabadas estas llamadas telefónicas".

Edificio BIC de la Guardia Civil en el 'Caso Cuarteles'

Respecto al 'caso Cuarteles’, que investiga diferentes adjudicaciones al empresario canario Ángel Ramón Tejera de León ‘Mon’, fuentes del Instituto Armado explican a ElCierreDigital.com que en relación con las obras efectuadas en el acuartelamiento de La Orotava-Tenerife de la Guardia Civil, "se ha llevado a cabo todo lo presupuestado para este cuartel, con la salvedad de que la fachada nunca pudo ser presupuestada al tratarse de un edificio BIC -Bien de Interés Cultural-, que habría de ser restaurado en su fachada, paredes y ventanas adecuadamente. De ahí, que no se deba responsabilizar del estado de este edificio BIC al capitán de la Guardia Civil Antonio Díaz Jorquera, que estaba al frente del cuartel al tiempo de estas mismas obras".