Denuncian el traspaso ‘fraudulento’ de datos personales desde la Guardia Civil a la Policía Canaria

En tan sólo seis semanas, desde que estallaron los casos ‘Mediador’, ‘Cuarteles’ y ‘HEGENO’, la Guardia Civil ha llevado a cabo en Canarias cambios entre sus cargos, como así ha sido con dos coroneles por diferentes motivos.

Sin embargo, en el caso de la comandancia grancanaria, tal como avanzan fuentes del Instituto Armado a este diario, "el ambiente se ha vuelto a tensar a raíz de una nueva denuncia interpuesta el 24 de abril ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)". Esta denuncia viene a poner de manifiesto, el uso "fraudulento" de la base de datos oficial denominada ‘SIGO’ (Sistema Integrado de Gestión Operativa) de la Guardia Civil, al "haber facilitado por parte de la Comandancia de Las Palmas datos personales que figuran en el fichero policial ‘INTPOL’ -incluido en el sistema informático SIGO- a los componentes del Cuerpo General de la Policía  Canaria cada vez que éstos lo requerían".

Según esta denuncia, "el traspaso de esta información personalísima desde la Guardia Civil a la Policía Canaria se implantó en 2017, una época en la que apenas se solicitaba este tipo de información, muy al contrario en estos tiempos, pues todos los días y de forma reiterada se realizan consultas entre policías".

Denuncia interpuesta ante la Agencia Española de Protección de Datos.

Es más, indican en la referida denuncia que "los Mandos de la Comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas dieron la instrucción consistente de ‘facilitar’ todos aquellos datos personales que vengan a estar en el fichero ‘INTPOL’ del sistema informático SIGO a requerimiento de la Policía Canaria". Sin embargo, especifican, "este tipo de consultas realizadas por la Policía Canaria no se fiscalizan ni registran de modo alguno por parte de la Comandancia de Las Palmas". 

Coroneles con diferentes destinos tras las denuncias

En relación a esta denuncia sobre el supuesto "uso irregular de la base de datos SIGO en la comandancia grancanaria", estas fuentes internas de la Benemérita señalan que los coroneles podrían correr ‘suertes’ muy distintas de cara a su futuro profesional en el Cuerpo.

El ex coronel jefe de la Comandancia de Tenerife, José María Tienda, ha recurrido vía administrativa el "cese exprés" que sufrió por parte del Ministerio del Interior, y lo ha hecho en base a la resolución del Tribunal Supremo favorable al coronel Diego Pérez de los Cobos. Además, según ha sabido elcierredigital.com, Tienda permanece a la espera de un posible regreso a una plaza en la Plana Mayor de la Zona de Canarias.

Por otra parte, los senadores del Grupo Mixto Emilio Argüeso y Ruth Goñi han solicitado la comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, para preguntarle por "el restablecimiento de las competencias al coronel Tienda, al no figurar ni como testigo ni investigado en ningún proceso judicial", tal como avanzó este diario.

Solicitud de comparecencia de Marlaska en el Senado.

Respecto a la Comandancia de Las Palmas -subrayan estas fuentes-, se cursó la baja de un alto cargo semanas después de que se desvelase por elcierredigital.com el caso ‘HEGENO’ –una base de datos presuntamente 'clandestina' usada en esta comandancia– y apareciese en el sumario del caso ‘Mediador’ por un chat de WhatsApp denominado ‘Equipo A’, en el que participaba el general de división retirado Francisco Espinosa -desde este jueves en libertad provisional tras pasar las últimas semanas en prisión preventiva por este proceso judicial–.

Tras la salida de ambos coroneles de sus respectivas comandancias, el Ministerio del Interior ha dispuesto que el teniente coronel José Fermín Díaz Silva asuma el mando de la Comandancia de Las Palmas, previo paso a la reserva en el mes de junio próximo. Estas fuentes internas indican que "el teniente coronel Javier Bravo Muñoz, sería el próximo en ejercer de jefe hasta que Interior designe a un nuevo coronel".

En relación a la Comandancia de Tenerife, tras la salida del coronel Tienda se encuentra al frente el teniente coronel Juan Carlos Lafuente. Sobre este mando los senadores Argüeso y Goñi han preguntado al ministro Marlaska sobre el "destino anterior de Lafuente, como comandante de Personal y Apoyo en la Comandancia de Algeciras -responsable de gestión económica del 2012 al 2016-, cuando fueron adjudicadas algunas obras por parte de esa comandancia gaditana al constructor canario, Ángel Ramón Tejera de León ‘Mon’, investigado en el caso ‘Cuarteles’", tal como avanzó elcierredigital.com.

La denuncia por "transferir datos personales entre cuerpos policiales"

Según informan fuentes internas del Instituto Armado, en esta denuncia ante la AEPD se describe que "el canal de comunicación para el traspaso de información personalísima de las personas consultadas –como antecedentes policiales recogidos en el fichero ‘INTPOL’– venía realizándose mediante llamadas telefónicas, que eran atendidas por el personal del Centro Operativo de Servicios (COS) de la Comandancia de Las Palmas".

El 'caso Mediador' y la base de datos clandestina de la Guardia Civil salpican a Marlaska en el Senado.

La trascendencia del uso del fichero ‘INTPOL’ –aclaran los denunciantes ante la AEPD según ha sabido este diario– viene a ser "el mantenimiento de la seguridad pública mediante el control de personas y hechos de interés policial -datos declarados ante Interior y la AEPD- relacionados con la prevención o investigación de infracciones penales, o para el cumplimiento de las leyes cuya observancia afecta a la Guardia Civil, que a su vez se sirve de la base de datos SIGO para acceder a este fichero".

También observan que "el traspaso de estas informaciones personales podría afectar a datos específicos fuera del ámbito de la Guardia Civil, ya que se facilitaron datos de la base de datos oficial de Policía Nacional, además de los del fichero INTPOL". Por lo que, "por parte del Cuerpo General de la Policía  Canaria se accedía a conocer los antecedentes policiales de un ciudadano cualquiera –incluso sin haber cometido ningún delito– a través del COS de la Comandancia de Las Palmas, presuntamente a espaldas y con el desconocimiento de los responsables de la Policía Nacional", manifiestan.

No obstante –según se expresa en la denuncia– se resaltan dos cuestiones fundamentales: "La transferencia de datos personalísimos podría comprometer las investigaciones u operaciones de la Guardia Civil y de la Policía Nacional". Y, "este tipo de consultas realizadas por la Policía Canaria no son fiscalizadas ni tampoco se registran por parte del COS de la Comandancia de Las Palmas, al estar ordenado por la propia Superioridad, el hecho de facilitar la información requerida a los policías canarios, lo que podría conllevar un presunto delito de revelación de secretos por parte de estos funcionarios".

Finalmente, la denuncia reseña que "no se tiene constancia de ninguna norma o acuerdo entre Interior, o la Comandancia de Las Palmas, con el Cuerpo General de la Policía Canaria por el que se haya acordado facilitar la información contenida en el fichero ‘INTPOL’. De existir dicho acuerdo, se facilitaría información entre todos los Cuerpos Policiales, algo que no sucede".

Revuelo con la gestión de datos de viajeros en los aeropuertos

En relación con el uso de datos personales de viajeros en los aeropuertos, fuentes internas del Instituto Armado revelan a elcierredigital.com que, tras las denuncias interpuestas durante las últimas semanas sobre la base de datos clandestina de la Guardia Civil denominada ‘HEGENO’, "se ha difundido una circular emitida desde de la Jefatura Fiscal y de Fronteras –el pasado 5 de abril– referida a las peticiones realizadas por Administradores de Aduanas ante Unidades Fiscales y de Fronteras de la Guardia Civil para que se dejen de remitir a las citadas autoridades aduaneras los registros de datos personales de viajeros efectuados en revisiones negativas".

Es decir, según este documento, "se registraban datos personales de viajeros a los que se inspecciona el equipaje –pero sin ninguna actuación por infracción o delito– que después se enviaban a las autoridades aduaneras bajo su propia solicitud". Sin embargo, tras destaparse el caso ‘HEGENO’, "este tipo de servicio, que además genera una sobrecarga de trabajo a los guardias civiles, también podría producir ‘dudas’ sobre la competencia de la Guardia Civil para este cometido en relación a la normativa existente, por lo que se ha suspendido por el momento este tipo de colaboración con las aduanas", confirman a este diario.