Desahucios en Casas Cuartel de Cádiz: "Exigen que abandone mi vivienda en un plazo de 10 días"

En 2019 comenzaron los problemas para los vecinos de la casa cuartel situada en el número 1 de la Avenida Fernández Ladreda de Cádiz. En este edificio viven dos hombres mayores que fueron policías y Cándida, viuda de un policía y madre de José María Merino, la voz de todos los vecinos. Estos vecinos han tenido que hacer frente a una orden de lanzamiento por parte de la División Económica y Técnica de la Dirección General de la Policía Nacional (DGP) y han recurrido ante diferentes instancias, la última de ellas, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que aceptó el recurso. 

En diciembre de 2023 los vecinos recibieron una resolución firmada por el Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a la que tuvo acceso elcierredigital.com, donde se indicaba que “se trata de una vivienda objeto de expediente con calificación de bien de dominio público afectado al Ministerio del Interior. El artículo 60 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de Administraciones Públicas, atribuye la competencia para el desahucio administrativo al ministro titular del departamento en cuestión. Se declara la extinción y pérdida del título que justificaba el uso de la vivienda desaparecidas las circunstancias que legitimaban en su día su ocupación”.

El bloque de viviendas en cuestión.

Ahora, José María Merino ha recibido una carta certificada del juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº3 de Cádiz en nombre de una abogada del Estado donde se indica que tiene 10 días para abandonar la casa. Además, se establece que ante esta resolución solo cabe interponer recurso si existe algún error en el escrito. Esta notificación es una autorización de entrada en domicilio. 

En una conversación con elcierredigital.com José María Merino señala que “pese a la notificación de diciembre no nos obligaron a abandonar el inmueble. Estoy muy jodido porque la única opción que me queda es aplazarlo. Es muy extraño que me llegue solo a mí esta carta y no al resto de vecinos. Ahora tengo cinco días hábiles para realizar una impugnación, siempre y cuando exista algún error en la resolución, pero si está bien no cabe motivo de impugnación. Me duele mucho ver cómo después de 46 años tengo que abandonar la que ha sido mi casa toda la vida. Me toca quedarme en la calle sin trabajo porque tuve que venir a Cádiz desde Sevilla a solucionar todo esto. Es una situación muy injusta”.

El inicio de los problemas para estos vecinos

En octubre de 2019 agentes de la Policía Nacional se personaron en el domicilio de Cándida López, de 76 años, y le notificaron que disponía de un plazo de diez días para abandonar la vivienda en la que reside desde hace más de cuarenta años. Al igual que ella, sus vecinos estaban llamados a empaquetar toda su vida e irse del edificio que, durante décadas, ha sido su hogar. 

Este edificio es una casa cuartel destinada tradicionalmente a miembros de la Policía Nacional en activo. De ahí que el Estado entendiese que esos agentes, ya jubilados o cesados –e incluso en algunos casos, fallecidos–, no tenían derecho a beneficiarse de esas casas. Sin embargo, cuando se jubilaron nadie les dijo que tenían que abandonar las viviendas. Varios de los inquilinos de estas viviendas son personas mayores que quedaron viudas o viudos de exagentes de policía, por lo que el desahucio les dejaría en una situación aún más complicada. 

Policías jubilados en una manifestación.

Ninguno de los vecinos del número 1 de la Avenida Fernández Ladreda tiene título de concesión o cesión de sus hogares, que ellos recalcan que no son viviendas, "porque fueron asignados como pabellones, por los que se pagaba una cantidad que se detraía de las nóminas. Hasta que se eliminaron las ayudas de vivienda y Madrid dijo que no había que pagar por los pabellones". Tal y como recogió entonces elcierredigital.com, los vecinos insistieron en seguir pagando las cuotas correspondientes. Sin embargo, desde la Dirección General de la Policía les dijeron que no tenían que hacerlo. 

La situación parecía haberse apaciguado tras el recurso aceptado por el TSJA, pero tal y como narraba a elcierredigital.com el hijo de Cándida, José María Merino, “los problemas han vuelto a llamar a la puerta. Los policías han vuelto a la casa de mi madre y la han hostigado. Le dijeron que iban a enviar una nueva notificación para que abandone la casa, ya que en España no queda ninguna casa cuartel y están todas desahuciadas. Nos han dicho que tenemos dinero para pagar un alquiler, pero no tienen en cuenta que son personas jubiladas y mayores”.

“Ahora el procedimiento de desahucio viene a mi nombre, es decir, me están usando como cabeza de turco para echar a la calle a personas mayores que no pueden trabajar y que tienen unos ingresos muy reducidos. Tras la resolución del TSJA han elaborado un nuevo procedimiento. Es muy injusto que quieran quitarles esas casas cuando llevan 25 años jubilados, si no se las quitaron cuando se jubilaron no entiendo por qué se las tienen que quitar ahora”; añadía José María Merino.