17 de septiembre de 2019
|
Buscar
FIN DE SEMANA

Han recurrido ante el Defensor del Pueblo Andaluz y están preparando un recurso contencioso administrativo para paralizar que los echen de la casa

Varios agentes jubilados y sus familias a punto de ser desahuciados en Cádiz por la Dirección General de la Policía

Varios policías jubilados en una manifestación.
Varios policías jubilados en una manifestación.
Policías jubilados y familiares de otros que ya han fallecido han sido notificados por la Dirección General de Policía en Cádiz para desalojar sus viviendas antes del verano. Los afectados han recurrido al Defensor del Pueblo Andaluz y están preparando un recurso contencioso administrativo para paralizar los lanzamientos.

Varios policías jubilados serán desahuciados de sus viviendas en Cádiz después de toda una vida de servicio. Junto a ellos, dos viudas de agentes de la Policía Nacional y dos hijos de otros dos policías fallecidos también serán desalojados de sus hogares después de que la División Económica y Técnica de la Dirección General de la Policía (DGP) ordenara los lanzamientos.

Uno de los afectados es Andrés Martínez, exsubinspector de 82 años que reside en una de las casas desde 1964. Fernando Fernández-Reinoso, de 74 años, y Miguel Vela, de 76 años, son los otros dos agentes amenazados con ser desahuciados de sus viviendas, en las que residen desde los años ochenta.

Además, en las casas señaladas para su desalojo se encuentran viviendo los hermanos Isabel y Juan Hurtado Sánchez, de 51 y 70 años, respectivamente, que habitan la vivienda desde que nacieron y José Antonio Lozano, de 63 años, que vive allí desde 1953. Las viudas Dorotea Gómez, de 71 años, desde 1964, y Cándida López, de 72 años, con domicilio en el mismo sitio desde 1978 completan la lista de personas que tendrán que abandonar sus hogares tras haber pasado toda su vida en estas viviendas.

policias-jubilados-cadiz-desahucio

Los expolicías y sus familias serán expulsados de sus viviendas en la Avenida Fernández Lareda número 1 de Cádiz

José María Merino, hijo de Cándida López, cuenta en declaraciones a elcierredigital.com que “después de llevar toda la vida en esta casa nos quieren echar ahora y sin avisarnos. Mi padre se pasó 45 años dando la vida por los demás y así nos lo pagan”.

En la resolución del expediente de Andrés Martínez, que recoge el Diario de Cádiz, la DGP considera probada “la ocupación de la vivienda, sin título legal para ello”, hechos por los que “transcurrido ampliamente” el plazo de diez días para presentar alegaciones, “estima el desahucio administrativo” de este expolicía, que deberá abandonar voluntariamente la vivienda en el plazo de dos meses.

Andrés vive con su esposa, que se encuentra en un estado de salud complicado. Antes de acabar el verano se verán en la calle si no se les ofrece una solución, puesto que la orden de desahucio se les notificó el pasado 17 de junio.

Según el documento, la causa fundamental de la orden de desahucio es que pasó a situación de jubilación por edad reglamentaria el 31 de enero de 2002, además de no haber abonado los pagos mensuales con los que cumplió durante años y que se restaban de su nómina.

En este sentido, Merino asegura que hace años pagaban un alquiler para poder vivir en el inmueble, pero “al pasar de ser Policía Armada a Policía Nacional se nos quitó ese pago”. Este cambio legislativo les supuso no tener que abonar los pagos, a pesar de que los policías insistieron en seguir haciéndolo, puesto que desde la DGP en Madrid dijeron que no tenían que hacerlo.

La indignación entre los afectados por estas órdenes de desahucio aumenta por no haber tenido noticia alguna de la Dirección General de Policía, que en ningún momento se ha puesto en contacto con ellos. “Ni nos han llamado, ni han hablado con nosotros para buscar una solución. Nos quieren echar ahora, cuando algunos llevan más de 20 años jubilados”, comenta Merino y añade que “la situación y la salud de mi madre no es para que la echen de su casa ahora, se cayó el otro día y se rompió la rótula. Solo cobra una pensión de viudedad de 700 euros y en verano los alquileres en Cádiz están más caros”.

Para tratar de frenar los desahucios, los afectados, a través de un abogado, han pedido la mediación del Defensor del Pueblo Andaluz, que ya ha abierto expediente, aunque esto no supone suspender la ejecución de las resoluciones administrativas o judiciales. De la misma manera, alegan que no pueden beneficiarse de la justicia gratuita al tratarse de un asunto que aún no está judicializado.

Por estos motivos, ahora están preparando un recurso contencioso administrativo para paralizar los lanzamientos y que a los policías jubilados que han pasado tantos años de servicio no se les despoje de su hogar.

COMPARTIR: