09 de febrero de 2023
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FIN DE SEMANA

El ministro del Interior lo hizo después de que tres senadores le exigieran explicaciones tras la exclusiva publicada por El Cierre Digital

Marlaska reparte a centros de mayores las mascarillas a punto de caducar para la Policía tras ser 'pillado'

El Cierre Digital en
/ El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska
A raíz de la polémica distribución del Ministerio del Interior de 297.000 mascarillas FFP2 sin anagrama de CE a punto de caducar enviadas al Centro Penitenciario El Salto del Negro-Las Palmas y a la Comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas en 2022, los senadores Sergio Ramos, Emilio Argüeso y Ruth Goñi, exigieron explicaciones al Gobierno de Sánchez. Tras ello, Marlaska ordenó a los guardias civiles entregar estas mascarillas a centros de mayores "a fin de que no se pierdan".

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y la ministra de Sanidad, Carolina Darias, continúan sin comparecer en el Senado tras la petición efectuada en noviembre de 2022 por los senadores del Grupo Mixto Emilio Argüeso y Ruth Goñi. Su presencia fue requerida para que dieran explicaciones sobre la polémica distribución de 297.000 mascarillas FFP2 sin anagrama grabado de CE y a punto de caducar, enviadas al Centro Penitenciario El Salto del Negro-Las Palmas y a la Comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas durante julio de 2022.

Por su parte, el senador grancanario Sergio Ramos también interpuso ante la Cámara Alta una batería de preguntas exigiendo respuesta por escrito al Gobierno de Pedro Sánchez respecto al suministro de este material sanitario sin el sello preceptivo destinado al uso de los funcionarios penitenciarios y guardias civiles.

Unos días después de conocerse la noticia –según informan fuentes de Interior a elcierredigital.com–, "el ministro Marlaska habría autorizado que estas mascarillas –un material sanitario de la empresa IVROU–, procedentes del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) y con caducidad en marzo-mayo de 2023, fuesen donadas a residencias de ancianos, entidades benéficas y sanitarias u otros organismos a fin de que no se pierdan".

Tal como informan estas fuentes de Interior –consultadas por este diario– "la orden de reparto de estas miles de mascarillas FFP2 se habría cursado en noviembre de 2022, exigiendo a las diferentes dependencias de los guardias civiles que se haga constar, en relación a las entregas de las citadas mascarillas a los centros de mayores y otras entidades beneficiarias, cuál es la cantidad donada, el tipo de mascarilla, y la identidad de la entidad receptora de este material sanitario".

Por otra parte, el Ministerio del Interior también ha especificado que "los guardias civiles han de procurar tener mascarillas suficientes de reserva para su uso laboral, aunque no citan expresamente cuántas mascarillas con fecha próxima de caducidad han de ser donadas y qué entidades concretas, además de cuántas de estas unidades han de preservarse para los propios funcionarios policiales".

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Reparto de mascarillas ordenado por Marlaska.

En relación al cumplimiento de esta orden de reparto, la Comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas –uno de los organismos que recibió miles de mascarillas FFP2 a punto de caducar–, tal como consta en un comunicado oficial de prensa y en la página web ‘Benemérita Las Palmas’ consultada por elcierredigital.com, ha autorizado durante los pasados días 16, 17 y 18 de enero, desde el Puesto Principal de la Guardia Civil de Vecindario-Gran Canaria, "la donación de 60.000 mascarillas FFP2 y quirúrgicas, las cuales se encontraban próximas a su fecha de caducidad, a Centros de Mayores y Entidades Públicas".

El Gobierno evita responder 

A raíz de la polémica suscitada por la distribución de las mascarillas FFP2 con fecha cercana a la caducidad entre los funcionarios penitenciarios y policiales –que se hizo viral en redes sociales a través del colectivo ‘Tu Abandono Me Puede Matar'–, el senador por Gran Canaria Sergio Ramos (PP) planteó en noviembre de 2022 ante la Cámara Alta lo siguiente: "En julio de 2022, la empresa FARMALOGISTIC envió a la comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas de Gran Canaria 297.000 mascarillas FFP2 sin anagrama grabado de CE. La fecha de fabricación es marzo de 2020, y la fecha de caducidad 2023. Es decir, que envían unas mascarillas en una época en la que ya no se utilizan prácticamente, y que caducan en nueve meses". Ramos, en su solicitud, se refería a estas mismas mascarillas que caducan de manera inminente en marzo de 2023, y acaban de ser donadas por la Guardia Civil a centros de mayores en Gran Canaria.

Ramos insistió sobre las siguientes cuestiones: "¿Por qué razón se envían unas mascarillas que no tienen el anagrama CE, como exige Sanidad? ¿Por qué se envían unas mascarillas que caducan en nueve meses, y que no dan tiempo a utilizar, y dónde se encontraban estas mascarillas? ¿Cuánto se pagó por estas mascarillas y qué procedimiento se llevó a cabo para su compra? ¿Cuántas mascarillas se han enviado a Canarias de INGESA? ¿Cuántas mascarillas se han enviado a Policía Nacional y Guardia Civil desde marzo de 2020?, y, ¿Solicitó el Ministerio del Interior este pedido de mascarillas? ".

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Respuesta del Gobierno al Senador Sergio Ramos.

Las respuestas del Gobierno –remitidas el 19 y 23 de diciembre de 2022 a las que ha accedido elcierredigital.com–, confirmaron que "las mascarillas enviadas a Las Palmas proceden de una donación del INGESA a la Guardia Civil, enviándole a las Islas Canarias 420.000 mascarillas quirúrgicas y 600.300 mascarillas FFP2, habiéndose enviado hasta la fecha un total de 10.135.000 mascarillas quirúrgicas y 7.846.600 mascarillas FFP2". Por otra parte, se informa que "la Dirección General de la Guardia Civil no ha abonado cantidad alguna por la recepción de las mascarillas".

Sin embargo, en este documento del Ejecutivo de Pedro Sánchez enviado al Senado no consta información alguna sobre la ausencia del anagrama CE en las mascarillas ni su caducidad, aunque subraya que "las mascarillas que se suministran desde el Ministerio de Sanidad se han adquirido por procedimiento de emergencia, con un coste medio/unidad en esta partida de 3,5 euros, con base en las disposiciones legales europeas y españolas dictadas para hacer frente a la emergencia sanitaria por COVID19".

No obstante, el Gobierno aclara que "estas mascarillas fueron un ofrecimiento del Ministerio de Sanidad, y se optó por recibirlas con la finalidad de asegurar el suministro ante cualquier eventualidad que implicara un mayor uso de mascarillas". También especifica que "el número de mascarillas enviadas por el INGESA a la Dirección General de la Policía, desde marzo de 2020 hasta el 25 de noviembre de 2022, se significa que se han recibido 10.000.000 mascarillas quirúrgicas y 8.990.000 mascarillas FFP2".

De igual forma, reconocen "una intercomunicación constante entre el Ministerio de Interior, las Comunidades Autónomas y el Ministerio de Sanidad para proveer del material sanitario, por lo que, hasta la fecha, el Ministerio de Sanidad ha enviado a los Servicios Canarios de Salud más de 33 millones de mascarillas quirúrgicas, FFP2 y FFP3, y más de 53 millones de mascarillas al Ministerio de Interior, entre otros productos de protección individual".

Argüeso y Goñi seguirán insistiendo ante el Gobierno

Los senadores del Grupo Parlamentario Independiente Mixto, Emilio Argüeso –designado por las Corts Valencianes– y Ruth Goñi –electa por Navarra– solicitaron el 15 de noviembre de 2022 la comparecencia ante la Comisión correspondiente en la Cámara Alta del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y de la ministra de Sanidad, Carolina Darias, en relación "a la noticia publicada por elcierredigital.com sobre la distribución de las citadas mascarillas FFP2 en Gran Canaria".

Argüeso y Goñi exigieron en su petición que "ambos ministros aclaren estos hechos y especifiquen si hay más centros afectados en Canarias y en el resto de España, así como si esa situación se ha reproducido en comisarías de Policía Nacional y otros centros donde ejercen sus funciones las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

Consultado el senador Argüeso, manifiesta ante elcierredigital.com que "seguirán insistiendo sobre estas cuestiones hasta que obtengan las respuestas por parte de los ministros citados a comparecer en el Senado".

Según revelaron fuentes de Interior a este diario, se referían, en concreto, a "300 cajas que contienen 900 unidades, lo que contabilizaría un total de 297.000 mascarillas FFP2 KN 95-IVROU sin el sello CE individualizado como exige la normativa, que no venían empaquetadas para uso individual de los agentes, que fueron distribuidos en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura por parte del INGESA".

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