Señalan a nuevas empresas españolas de hidrocarburos por presunto fraude fiscal y blanqueo de capitales

Según ha podido saber Elcierredigital.com, la Audiencia Nacional es la encargada de la investigación de estos delitos. Sin embargo, la dispersión que conlleva la investigación puede comprometer su eficacia final al obstaculizar el descubrimiento de todo el complejo delictivo. Según los investigadores, "en la trama de sociedades en la que ocurre esta actividad delictiva, cada entidad implicada desempeña una misión diferente y necesaria para lo que pretende la organización, que no es otra que la de defraudar a la Hacienda Pública". 

Hay que recordar que el 17 de octubre del año 2018, el Tribunal Supremo resolvió una cuestión de competencia entre un Juzgado de Instrucción de Elche y el Juzgado Central de Instrucción número 3, atribuyéndosela a la Audiencia Nacional. Se dictó entonces que los hechos eran constitutivos de delitos contra la Hacienda Pública, de organización criminal y de blanqueo de capitales. Según la investigación, Antonio Rodríguez Estepa es uno de los implicados en la presunta operación fraudulenta junto con Juan Simón Martínez, entre otros afectados. 

La cuota defraudada en 2020

El informe de la AEAT, fechado el 24 de febrero de 2021, concluye que las empresas Gaslow y Nascor efectuaron ventas de hidrocarburos a varias sociedades instrumentales sin incluir el IVA. Además, esas ventas se habrían producido fuera del depósito fiscal y, por tanto, siguiendo la Ley estarían sujetas al IVA y no exentas. Según los investigadores, "estas sociedades serían: Ecotar, Kee it save, Anevoc, Serrezoil y Estala Nova, cuyas compras a Gaslow y Nascor representan prácticamente la totalidad del producto comercializado por ellas. Por otro lado, Remafe también estaría implicada en la adquisición, pero con una proporción menor, y figura como empresa adicional al resto". 

Precisamente, son las operadoras Gaslow y Nascor las que han denunciado el fraude de IVA de las sociedades mencionadas anteriormente, "ya que estas simulan la adquisición de bienes y servicios con cuotas que disminuyen el importe real de la liquidación resultante". Según las investigaciones, el IVA deducido por adquisiciones simuladas es de unos 12,2 millones en Anevoc; 46,1 millones en Keep it save, 41,7 millones en Ecotar y 1,2 millones en Estela Nova. Se da la circunstancia de que una parte del hidrocarburo adquirido procede de la misma entidad que es Mena Energy. 

Logo de la empresa de hidrocarburos Mena Energy

Por otra parte, según las investigaciones son las empresas Attitude, Samad y Anespi las supuestas encargadas de poner el precio final de venta al público. Sin embargo, aparentemente, estos intermediarios no otorgan ningún valor añadido, ya que cuando el hidrocarburo abandona los depósitos fiscales son transportados directamente a las estaciones de servicio. "La finalidad de esta práctica, por tanto, no es otra que la de disimular a la AEAR de la detección del fraude", señalan fuentes de la investigación a elcierredigital.com. 

Se estima que las cuotas defraudadas, en consideración con las ventas realizadas sin IVA, no están en régimen exento de este gravamen fiscal. Por ello, aplicando el 21% a las facturas emitidas sin IVA, se calcula que la cantidad defraudada presuntamente por las empresas Gaslow y Nascor ascendería a 112 millones de euros en el ejercicio 2020. 

La identidad de las personas implicadas

Son varias las personas implicadas en la trama. Uno de los principales investigados, según fuentes de la instrucción, es Antonio Rodríguez Estepa. Se trata de un experto en el sector energético que cuenta con antecedentes por hechos similares a los que se investiga. Los investigadores creen "que podría estar manejando comercialmente las operadoras Mena y Gaslow, disponiendo esta última de un presunto fraude fiscal". Además, según las mismas fuentes, "estaría relacionado con la disposición y utilización en la operativa defraudatoria de las suministradoras Anevoc, Keep it save y Remafe, a parte de las comercializadoras Anespi y Attitude2". 

Según los investigadores, estaría implicado el presidente de Gaslow, Javier García Pérez, y José Luis Caramés Taboada, quien, según los investigadores, ya habría cumplido penas de prisión por tráfico de drogas y organización criminal y estaría vinculado personalmente a Rodríguez Estepa y a Gaslow a través de contratos con sus empresas, que le permitían ingresar fondos procedentes del presunto delito fiscal.

También figura entre los investigados Isidro Veciana Escalzo, quién está relacionado familiarmente con Rodríguez Estepa y que, según los investigadores, "habría sido detenido por hecho similares a los que se investigan, siendo vinculado con la comercializadora Anespi". 

La relación entre Rodríguez Estepa y Simón Martínez 

La Justicia, como ya adelantó elcierredigital.com, estaba investigando a empresas españolas de hidrocarburos por presunto fraude fiscal y blanqueo de capitales. Uno de los implicados, como ya relatamos, es el directivo Juan Simón Martínez, vinculado a la empresa Nascor y propietario de Simon Group, que fue imputado por el Juzgado Central número 3 de la Audiencia Nacional por los delitos mencionados anteriormente. 

Plataforma de hidrocarburos.

Precisamente, la empresa distribuidora de hidrocarburos Remafe, señalada anteriormente, comenzó hace poco a vender sus productos a gasolineras de Petropass, una marca comercial de Anespi, relacionada con el mencionado Antonio Rodríguez Estepa. Durante los meses de enero a septiembre del año 2020, la Compañía Logística de Hidrocarburos obtuvo información sobre la actividad comercial de Remafe, en la que constataban importantes datos a los que ha tenido acceso elcierredigital.com. De esta manera, el operador al por mayor Gaslow, a la que está vinculado Rodríguez Estepa, autorizó al distribuidor Remafe hasta 29 suministros, como también 41 suministros al operador al por mayor Nascor, al que pertenece Simón Martínez.

Según los investigadores "estas autoliquidaciones que se presentan de esta actividad comercial han quedado pendientes de ingreso a lo largo del mes de febrero y se trata de dos autoliquidaciones con 'reconocimiento de deuda' por importes de 28.609 y 93.847,30 euros". Una investigación que en estos momentos lleva a cabo la Audiencia Nacional.