El Tribunal Supremo retomará la querella contra el Rey Juan Carlos I presentada por Izquierda Unida, partido en el Gobierno

Izquierda Unida ha celebrado en una nota de prensa que el Alto Tribunal reclame ahora la querella original y las acciones practicadas hace más de un año al Archivo General del Tribunal Supremo para volver a resolver sobre este asunto. Es preciso recordar que el Alto Tribunal ya archivó la querella presentada por IU.

La petición de la formación se produjo en junio tras la imputación de la empresaria y examante del monarca Corinna Larsen en una pieza del denominado "caso Tándem" por las actuaciones presuntamente irregulares del excomisario en prisión José Manuel Villarejo.

Alberto Garzón, único ministro de Izquierda Unida en el Gobierno.

Izquierda Unida junto al Partido Comunista de España (PCE) y el Foro de Abogados y Abogadas de Izquierda, son los mismos que ya denunciaron al Rey Juan Carlos en diciembre de 2018 asegurando que, "a la vista de la sucesión de nuevos e importantes acontecimientos", "sí podrían tomar cartas en el asunto". Pero en aquella ocasión la querella fue no admitida siquiera a trámite.

En su nueva denuncia las organizaciones de izquierdas se refieren a la apertura de una investigación realizada por la Fiscalía del Supremo para aclarar el reparto de 80 millones de euros en comisiones que, según Corinna Larsen, se habrían repartido entre otros el Rey emérito por la adjudicación del AVE a La Meca a empresas españolas en 2011.

La querella original presentada en 2018, y que ahora se pide reabrir, se dirigía contra Juan Carlos I y otras siete personas, entre ellos Corinna Larsen, el excomisario Villarejo; el exdirector general del CNI, Félix Sanz Roldán; y el empresario Juan Villalonga por un total de 13 delitos que incluían organización criminal, malversación o tráfico de influencias.

La querella se basa en el audio de una conversación que tuvo lugar en Londres en 2015 entre Villarejo, Villalonga y Larssen en la que ella apuntaba que el Rey emérito tenía dinero en Suiza, utilizaba testaferros para enmascarar propiedades en Marruecos y había cobrado comisiones por su intermediación en la adjudicación del AVE a La Meca a una UTE española.

Ahora, la reapertura de las actuaciones contra Larsen en la Audiencia Nacional, Izquierda Unida consideran que el argumento empleado para la inadmisión entonces de la querella ha quedado obsoleto. En aquella ocasión el Supremo determinó que los hechos estaban siendo instruidos por la Audiencia Nacional.

Investigación de la Fiscalía

En junio de este mismo año la Fiscalía del Tribunal Supremo consideró preciso realizar diligencias que afectan directamente a Juan Carlos de Borbón, Rey Emérito, dentro de la investigación por las presuntas comisiones cobradadas por el AVE a la Meca. La Fiscalía del Tribunal Supremo designó al experto penalista Juan Ignacio Campos y otros dos fiscales de la más alta "cualificación y experiencia" para valorar si los hechos que afectan al rey Emérito, después de junio de 2014, momento que perdió si inviolabilidad por su abdicación, son constitutivos de delito.

Dicha investigación que comenzó en la Fiscalía Anticorrupción partió de la confesión de Corinna Larsen, la amiga íntima del rey, al excomisario investigado y en prisión preventiva, José Manuel Villarejo, sobre las presuntas irregularidades que pudieron cometer empresarios españoles, y el propio don Juan Carlos, en la adjudicación del contrato de ampliación de la construcción del AVE a la Meca. Es lo mismo que ahora quiere investigar Izquierda Unida.

El Rey Juan Carlos.

La Fiscalía del Tribunal Supremo asume así la investigación derivada de las diligencias que mantenía abiertas Anticorrupción por las comisiones irregulares cobradas en la construcción del Ave a la Meca, al detectar que una de las personas involucradas en los hechos investigados era presuntamente el rey emérito don Juan Carlos, según declaró Corinna Larsen.

En una nota, el Ministerio Público concretaba que la investigación asumida se centra en la fase II de la construcción de la línea de ferrocarril de alta velocidad, el llamado 'AVE del desierto' que une las ciudades de Medina y La Meca, en Arabia Saudí y que precisaría la práctica de diligencias con la duda de si el Rey Emérito es inimputable en esa fecha o no, ya que abdicó en 2014.

Estudia así si se debe delimitar o descartar la relevancia penal de los hechos que ocurren con posterioridad al mes de junio de 2014, momento en que el Rey Emérito dejó de estar protegido por la inviolabilidad que el artículo 56.3 de la Constitución española reconoce al Jefe del Estado. "Resulta preciso, pues, la práctica de nuevas diligencias que afectan directamente al Rey Emérito, quien -como es sabido- se encuentra aforado ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo", especifica, ya que tras su abdicación pasó a tener la condición de aforado. El Supremo, de nuevo, tiene la última palabra.