Pedro Sánchez destinó 5,5 millones de dinero público a campos de refugiados saharauis para 'cooperación' con Argelia

La crisis que hace unas semanas se desataba entre España y Marruecos no parece cerca de llegar a su fin. Ayer, el Reino Alauita excluía a los puertos españoles de las travesías marítimas que este verano conectarán al país con Europa. De este modo, la Operación Paso del Estrecho quedaba suspendida aumentando más si cabe las ya de por sí tensas relaciones que se evidencian entre ambos territorios, y cuyo origen, tal y como reconocía el Ministerio de Exteriores marroquí, tiene su raíz en la situación del Sáhara Occidental.

El Sáhara Occidental, poblado históricamente por tribus nómadas, fue administrado por España de 1884 a 1975. En 1976, después de la Marcha Verde y el Acuerdo Tripartito de Madrid, España interrumpió su proceso de descolonización y abandonó el territorio, sin traspasar su soberanía sobre el mismo ni su condición de potencia administradora. Desde entonces, Marruecos y los saharauis nativos, representados por el Frente Polisario, discuten en conflicto bélico su soberanía, una cruenta guerra que supuestamente acabó en 1991 con un acuerdo de alto el fuego apoyado por la ONU que incluía la celebración de un referéndum de independencia, un plebiscito que Rabat ha ignorado a lo largo de los años y que ha provocado que el Sáhara Occidental se encuentre en un limbo, en el que Marruecos ha pasado a controlar el 80% del territorio, incluida la costa, y los saharauis, una estrecha franja fronteriza con Argelia y Mauritania, ruta principal para el comercio terrestre con el resto de África.

Asimismo, y con la colaboración de Argelia, el Frente Polisario administra los campos de refugiados cercanos a Tinduf, establecidos hace más de 40 años por los saharauis que huían de las fuerzas marroquíes en su avance por el Sahara Occidental. Situados en una dura región desértica de Argelia, la mayoría de quienes habitan los campamentos viven en tiendas o en barracones sin agua corriente y dependiendo, en gran medida, de la ayuda humanitaria internacional.

Es en este contexto en el que los datos revelados por un informe de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), relativo al período acaecido entre los años 2003 y 2007, cobraría especial relevancia. En dicho informe se daba cuenta de un presunto desvío de ayuda humanitaria europea destinada a estos campos, un desvío que en parte iría destinado a la adquisición de equipamiento militar.

Según la OLAF, gran parte de la asistencia internacional a los campos de Tinduf se desviaba de una manera organizada. En concreto, y de acuerdo con su informe, solo se distribuía la parte de la ayuda que permitía sobrevivir a las poblaciones de los campamentos, mientras que el resto se vendía con el beneplácito de Argel.

En este sentido, en 2015, durante una audiencia del Parlamento Europeo, se confirmó que Argelia aplicaba impuestos del cinco por ciento a la ayuda humanitaria, por entonces de diez millones euros anuales. En los años bajo investigación de la OLAF, la UE destinó más de 100 millones de euros que supuestamente habrían sido malversados, dejando tras de sí un reguero de fraudes, siempre conforme al citado informe. Partidas de alimentos de la UE aparecían a miles de kilómetros de los campamentos de refugiados, como Mauritania. Mientras, las autoridades saharauis y argelinas impedían controlar la cadena de suministros. 

De este modo, y basándose en las conclusiones de la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude, el Parlamento Europeo aprobó en abril de 2015 una resolución que afirmaba la existencia de estos desvíos y, por lo tanto, llamó a la adopción de medidas correctivas para que estas prácticas no volvieran a repetirse. La ONU, a su vez, llegó a similares conclusiones.

Dinero público para la 'cooperación con Argelia'

Tan solo un año después, se denunció en España un supuesto fraude de 20 millones de euros en las ayudas al Polisario.

A la izquierda, Pedro Sánchez, a la derecha, Bachir Mustafá Sayed.

Sin embargo, el Gobierno de Sánchez, aparentemente ajeno a tales advertencias de corrupción, destinó en 2019 diversas ayudas a la población refugiada, entre las que se hallan 354.026 euros en mejora del acceso y disponibilidad al derecho a la salud ocular de la población refugiada saharaui, en especial de mujeres y menores; 79.700  euros en fortalecimiento de las Capacidades de la Dirección de Asistencia Médica del MPS de la RASD; 450.000 euros en base de transportes para la distribución de ayuda humanitaria; 215.017 euros en mejora del acceso a alimentación fresca de calidad de la población saharaui por apoyo a las redes formales de mujeres productoras y familias y 625.000 euros en mejora de la calidad y equidad de los servicios sanitarios y programas de salud dirigidos a la población saharaui. 

Además, se otorgaron subvenciones con cargo al presupuesto de la Oficina de Acción Humanitaria por un monto de 3.804.818 euros. En total, las ayudas en 2019 del Gobierno Sánchez a los refugiados saharauis supusieron 5,5 millones, y otros 5,6 en el ejercicio anterior, compartido con Rajoy. Choca que tales ayudas las inscriba el Gobierno en el contexto de sus relaciones con Argelia. A esto hay que sumar las ayudas de las autonomías a los campos del Polisario. Sólo Canarias aporta más de 600.000 euros al año.