Escándalo de los temporeros: La empresa murciana Terra Fecundis juzgada en Francia por fraude masivo y explotación laboral

La empresa murciana de trabajo temporal Terra Fecundis afrontó esta semana un juicio en la ciudad francesa de Marsella por un presunto delito de fraude masivo. La firma, según sostiene la Fiscalía en su escrito inicial, está acusada de desplazar de forma irregular a este país a miles de trabajadores, de haber defraudado millones de euros en cotizaciones sociales y de vulnerar el derecho de los jornaleros.

Ya desde el año 2011, la compañía ha estado en el punto de mira de los sindicatos, de la inspección del trabajo y, por lo tanto, de la justicia francesa. De hecho, una investigación llevada a cabo por la Oficina Central de Lucha contra el Trabajo Ilegal (OCLTI) señaló la existencia en el campo de jornadas de trabajo de 14 horas y de alojamientos calificados por los propios trabajadores de “cárceles”, así como el deceso de un trabajador ecuatoriano a quien se le había prohibido beber y que murió de un golpe de calor en una granja de Maillane.

Como explican desde CODETRAS, un colectivo de defensa de los derechos de los trabajadores extranjeros en el sector de la agricultura, “el empleo temporal y la intermediación de las ETT permiten a los agricultores tener una mano de obra supernumeraria y, por lo tanto, flexible, ya que, puede ser despedida en cualquier momento. La mayoría desconoce sus derechos y no habla francés. Es común, entonces, que no les paguen sus horas extras, que la vivienda que les asignen sea indigna y que sean acosados tanto moralmente como sexualmente.”

Además, la Justicia acusa a la empresa murciana de usar de modo fraudulento las cláusulas europeas de trabajadores desplazados que permiten a las empresas trabajar con personal extranjero siempre que sea para períodos cortos de tiempo. No obstante, el 80 por ciento del trabajo de esta empresa se situaba en Francia, una condición que, según considera la Fiscalía, le exigía registrar una sede en el país galo y atenerse a la normativa laboral francesa.

Por ello, el fiscal considera que la ETT llevó a cabo un “vasto fraude” utilizando el territorio español “solo para hacer transitar a numerosos nacionales de terceros estados a la UE y desplazarlos después a Francia”. La decisión de conservar la sede en España, sostiene, “tenía por objeto eludir el pago de cotizaciones sociales y fiscales relativas a la implantación de un establecimiento en Francia y proponer una mano de obra a un costo menor que la que podría ser ofrecida por una empresa de trabajo temporal francesa”.

Los tres directivos que se sientan en el banquillo afrontan, por lo tanto, penas por presunto fraude a la Seguridad Social, vulneración del derecho de los trabajadores y realización de actividad empresarial sin autorización. Una acusación que, en caso de transformarse en condena, en Francia puede llegar a estar penada con hasta 21 años de prisión. La acusación civil, constituida por un organismo de la Seguridad Social, empresas de interinos y sindicatos, asegura que se trata del “mayor caso de fraude al sistema de protección social juzgado en Francia” y reclama, además, 80 millones de euros a la empresa, la cantidad eludida, más 30 millones por el retraso de los pagos.

No obstante, en la última jornada del juicio, celebrada el viernes, la Fiscalía francesa rebajó sus peticiones de pena. Contra Juan José López Pacheco, único dirigente fundador presente en la audiencia, la Fiscalía pide una pena de cárcel de cinco años (cuatro de ellos condicionales), los mismos que para su hermano, Francisco López Pacheco, y Celedenio Perea Coll. También solicita para ellos una multa de 80.000 euros  y la prohibición definitiva de administrar una empresa y ejercer en el sector de la mano de obra.

Terra Fecundis, por su parte, descartó pronunciarse sobre la causa por respeto al procedimiento en curso, pero remarcó que cumple con la legislación aplicable, aunque denuncia haber sido víctima de una “campaña de acoso y desprestigio” por parte de las autoridades galas.

Trabajadores en condiciones infrahumanas

Irma, temporera de la fruta que trabajó para la empresa murciana en Francia, relata la experiencia vivida como “una odisea”.

La extrabajadora explica que encontró trabajo en Terra Fecundis gracias a un contacto que le recomendó esta empresa para trabajar como temporera en el país galo. De acuerdo con su testimonio, el proceso de selección fue muy rápido y, antes de salir de España, ella y el resto de temporeros que iban a viajar a Francia fueron sometidos por la empresa a toda una serie pruebas médicas, además de a una prueba de detección de la COVID-19: “Aquí lo hacen bien, te hacen las pruebas, te toman la tensión, te miran la vista… todo bien”, explica a ElCierreDigital.com.

Irma, extemporera de Terra Fecundis. 

No obstante, aclara que, cuando exigía ver las condiciones de su contrato, sus empleadores, los “corredores”, como dice que se hacían llamar, le contestaban con “evasivas”. Según su versión de los hechos, fue cuando llegaron a la finca donde iban a trabajar, ya en tierra gala, cuando se les proporcionó el contrato y, una vez allí, habría sido enviada junto a sus compañeros a una especie de residencia, que describe así: “No había ni una sombra, había una cocina grande comunitaria, pero todo era asqueroso, lleno de mosquitos y basura”.

Imagen cedida por la extrabajadora de Terra Fecundis de la finca donde presuntamente se alojaban los trabajadores.

En cualquier caso, la extrabajadora sostiene no haber podido entrar en un primer momento, puesto que, presuntamente, el "corredor" que debía instalar a los nuevos trabajadores “tenía que sacar a diez chicas para que nosotros pudiéramos entrar en las habitaciones”. “En ese momento, supe que quería salir de allí”, añade.

A partir de aquí, según explica a elcierredigital.com, comenzaron sus esfuerzos para tratar de volver a España, algo que habría conseguido no con la ayuda de sus compañeros trabajadores, de quienes dice que “parecían tener miedo”, sino gracias a la colaboración de una profesora de castellano que pertenecía, según nos dice, "al colectivo de defensa de los trabajadores/as extranjeros/as en la agricultura, CODETRAS", por sus siglas en francés. Esta organización habría agilizado los trámites para conseguirle el billete de avión con el que pudo finalmente volver a nuestro país.