Las claves de la posible extradición de Carles Puigdemont, cuando se cumplen cuatro años del 1-0

Tan solo 24 horas después de ser detenido el pasado día 23 de septiembre en la isla de Cerdeña, Carles Puigdemont era puesto en libertad por la Justicia italiana que, aunque considera que su detención se produjo de manera legal, no tomará una decisión definitiva hasta este próximo 4 de octubre, fecha en la que el Tribunal ha fijado la vista para escucharlo de nuevo y decidir si lo entregan o no a España. Así, el destino del líder independentista parece ligado a la vigencia de la euroorden dictada por el juez español Pablo Llarena.  

En este sentido, el magistrado del Supremo ha pedido al Tribunal de Apelación de Sassari que determine su entrega a España porque, de acuerdo con el oficio remitido a las autoridades judiciales italianas, Puigdemont carece actualmente de inmunidad parlamentaria, además de que la euroorden sigue vigente y que "no ha quedado suspendida por el planteamiento de la cuestión prejudicial" ante el Tribunal General de la Unión Europea.

Además, el juez también solicita que, si el Tribunal General de la UE restablece de forma cautelar la inmunidad del expresidente catalán -como reclama su defensa-, el tribunal italiano adopte las decisiones necesarias para garantizar que Puigdemont será entregado tan pronto como deje de disfrutar ese privilegio. También sugiere que los jueces de Cerdeña dejen en suspenso el procedimiento hasta que el TGUE se pronuncie sobre el fondo de la cuestión en el procedimiento sobre la inmunidad del exlíder de la Generalitat.

La decisión, en manos de la juez Plinia Azzena

La presidenta del Tribunal de Apelaciones que debe decidir sobre el futuro del expresidente de la Generalitat, Plinia Azzena, tiene casi cuatro décadas de experiencia en la justicia italiana y que esta a punto de jubilarse. 

Hasta el año 2012, esta magistrada fue presidenta de la Sección Penal de la Corte, y por sus manos, tal y como se desprende de una entrevista publicada por  el digital italiano La Nuova Sardegna, han pasado algunos de los casos más mediáticos y escabrosos de la región. Entre ellos, el de Vicky Danij, una niña de nacionalidad húngara decapitada en 1996, o el secuestro de Giovanni Battista 'Titti' Pinna, un empresario agrícola que permaneció en cautiverio ocho meses. 

La magistrada Plinia Azzena. 

"De mirada amigable", como recoge el citado medio, en la entrevista la jueza asegura que nunca ha tenido miedo a la hora de juzgar, "porque es una decisión que hay que tomar con serenidad. [...] Es un deber específico del que no podemos escapar y lo hacemos con absoluta certeza, más allá de toda duda razonable. Hay mucha más satisfacción en absolver a una persona acusada injustamente. Porque muchas veces el proceso ya puede ser, en sí mismo, una sentencia" afirmaba la jueza Azzena. 

A la espera de lo que decida el próximo 4 de octubre, existen voces que señalan que la magistrada tiene la intención de retirarse pronto de la carrera judicial y que, por ello, "no está condicionada por presiones de ningún tipo, lo que puede ser factible para un dictamen favorable a la extradición a España de Puigdemont al no ser una persona muy volátil a las presiones y futuros ascensos que ya no tendrá", señalan a elcierredigital,com fuentes jurídicas de toda solvencia. 

Cuatro años de un referéndum ilegal

Se cumplen cuatro años del referéndum ilegal del 1-O en Cataluña, en el que más de dos millones de catalanes votaron, en teoría. sí a la independencia. Cuatro años desde que Mariano Rajoy, entonces presidente del Gobierno de España, calificara la actuación de su Ejecutivo durante aquella jornada del primero de octubre de 2017 de “ejemplo para el mundo”, mientras la prensa internacional hablaba de “vergüenza” y de “derrota del Estado”.

Después de aquello, vino la detención de los políticos que gestaron la votación, la aplicación del Artículo 155 que suspendió la autonomía catalana, la convocatoria de unas elecciones que dieron la victoria a Ciudadanos y un juicio, el del 'procés', por el que, en octubre de 2019, nueve de los doce líderes independentistas juzgados fueron condenados a penas de entre nueve y trece años de prisión por los delitos de sedición, malversación de caudales públicos y desobediencia.

El juez Pablo Llarena en jun curso de verano de la URJC.

En este periplo también han llegado los indultos, concedidos por el Gobierno de Pedro Sánchez y, cómo no, de nuevo de actualidad, la fuga de políticos independentistas al exterior, como Carles Puigdemont, entonces presidente de la Generalitat, huido desde el 30 de octubre de 2017 y detenido el pasado jueves en la isla italiana de Cerdeña, en virtud de la orden de busca y captura del Tribunal Supremo, emitida en 2019 por el juez Pablo Llarena.

En un contexto de especial sensibilidad para el Gobierno, que se juega la aprobación de los Presupuestos, para la que el apoyo de los republicanos de ERC será crucial, la detención y posterior puesta en libertad de Puigdemont, así como su posible o no extradición a España, reaviva un conflicto que, cuatro años después del referéndum, continúa centrando el debate.