Caso 'PCR Canarias’: "Los contratos del Gobierno Torres fueron un caos", según el Servicio Canario de Salud

Los diferentes testimonios de algunos funcionarios del Servicio Canario de Salud (SCS) ante la Fiscalía Anticorrupción coinciden sobre cuestiones clave del caso de la estafa agravada y blanqueo de capitales por RR7 UNITED SL –cuyo objeto social es la venta de coches– en relación a su incumplimiento con la Consejería de Sanidad de surtir mascarillas 3M: "Caos en la contratación por parte del Gobierno de Canarias durante la pandemia, adjudicación directa a empresas ajenas a la sanidad por parte del Comité de Emergencia Sanitaria –presidido por el socialista Ángel Víctor Torres– y la excepcionalidad cometida en la licitación millonaria a RR7 a pesar de la alarma generada por esta mercantil como empresa pirata y fantasma".

"A los políticos a veces les molesta que los técnicos  les pongamos pegas", señaló ante el fiscal una de las funcionarias, aludiendo al "desorden que se generó en el SCS durante las contrataciones de material anti Covid-19". Es más, estos técnicos alegaron que "durante las primeras semanas de la pandemia, los funcionarios se encargaban de las adjudicaciones del material sanitario, pero al poco tiempo, el control de las empresas seleccionadas para las contrataciones directas por millones de euros, pasaron a ejercerlo los políticos del comité, por lo que los técnicos se quedaron al margen y sólo recibían órdenes para licitar y pagar a los proveedores". "No sabemos qué puede haber detrás de la adjudicación a RR7, pero nunca se habían dado cuatro millones a una empresa sin ninguna garantía", dijeron ante el fiscal.

Además, estos trabajadores del SCS, han reconocido en sus testificales, que "con RR7 se produjeron una serie de excepcionalidades" que no se aplicaron a ninguna otra empresa contratada durante la pandemia: "Nunca se habían adelantado cuatro millones como se hizo con RR7 –cuyo administrador único es el investigado Rayco Rubén González– sin garantías previas de entrega de las mascarillas 3M 1860 N95 contratadas. En su expediente sólo consta una tarjeta de identificación de la empresa y una factura proforma por los  cuatro millones, sin más documentación, y a pesar de la posterior resolución de este contrato por incumplimiento –se había quedado extinguido– el propio director del SCS, Conrado Domínguez, realizó una modificación sustancial del objeto de contratación por otras mascarillas, por lo que volvió a dar una oportunidad más Rayco por el mismo dinero, bajo circunstancias muy distintas un año después", expresan en la declaración a la que ha podido acceder elcierredigital.com.

Rubén Rayco González, junto a su coche de lujo.

Por su parte, la ex directora de Recursos Económicos del Servicio Canario de Salud (DGRE), Ana María Pérez –investigada por prevaricación– declaró ante la Fiscalía Anticorrupción que "el contrato adjudicado a RR7 se gestó por el Comité de Emergencia Sanitaria –a través de un mensaje vía WhatsApp con la oferta de la empresa a la mesa de los políticos– se le dio el visto bueno, y cuando llega esta licitación de las mascarillas 3M a la DGRE, no cuestionamos ni a la empresa, ni la calidad de este material sanitario. Recibimos una orden de Conrado Domínguez: ‘Formalizar el pedido’, mientras los funcionarios encargados de ejecutar los pagos a RR7, también solo cumplían órdenes de Ana María.

Claves para contratar a RR7: 'Conversación a tres

El director del SCS, Conrado Domínguez –en su declaración como investigado por prevaricación y tráfico de influencias– negó ante el fiscal, Javier Ródenas, conversaciones con el querellado, Rayco Rubén González, y el testigo, Samuel Machín –comisionista de RR7 en esta operación–. Pero, según la versión de Machín, "el 5 de mayo de  2020, se produjo vía WhatsApp la primera conversación a tres entre Rayco, Conrado y Samuel, para cerrar el contrato con el SCS, al manifestar Rayco, que tenía oportunidad de conseguir las mascarillas 3M –un material FFP3 muy complicado de conseguir en el mercado en ese momento–, aunque en esa reunión no se habló del precio, se pasaría la factura de cuatro millones más adelante".

Conrado Domínguez, director del Servicio Canario de Salud.

Machín aclaró que, "la propuesta de esta oportunidad nació de Conrado al comunicarle a un amigo común del balonmano –Oswaldo Lastras– que había que importar mascarillas 3M, y su función, como comisionista era poner en contacto a Conrado y Rayco, transferir documentos de la operación entre ambos, ratificar mediante pantallazos los ingresos bancarios de los cuatro millones –en dos pagos de dos millones–  y asegurarse que llegasen las mascarillas a Canarias".

Es más, Machín niega categóricamente que "ocultase sus contactos en el SCS a Rayco", cuando lo puso en contacto con el director. Pero también asegura, "no cobrar su comisión de 83.000 euros, sino, tan sólo 6.000 euros", por lo que expresa, sentirse ‘estafado’, cuando se enteró de la comisión multimillonaria de 1.350.000 euros que cobró Rayco por esta operación.

Sin contactar con Antifraude de 3M

La Fiscalía Anticorrupción requirió un oficio a la empresa 3M, entidad que alega que "las mascarillas contratadas modelo 1860 N95 son FFP2, no son N99 FFP3", como licitó el SCS por cuatro millones de euros a través de RR7. Este hecho tan relevante, fue puesto de manifiesto en los interrogatorios del fiscal Ródenas, que recordó que la baremación de las mascarillas M3 con los modelos utilizados en España fue publicada en el BOE.

Por su parte, la ex directora de la DGRE y el director del SCS, confirmaron al fiscal que "no habían consultado estos detalles en el BOE, no habían utilizado la línea telefónica antifraude que puso a disposición 3M, ni comprobaron el lote de las mascarillas que contrataron con RR7". 

'Plazos muy generosos para RR7'

Uno de los puntos álgidos en los interrogatorios dirigidos por la fiscalía hacia el director del SCS y la ex directora de la DGRE, se refirió a los plazos de cumplimiento otorgados a RR7.  "Solo teníamos esta opción de mascarillas FFP3 –pero contrataron FFP2– porque era para cubrir un stock de diez semanas", confirmaron ambos, aunque el pedido inicial se había formulado para 100.000 mascarillas FFP3, no un millón, como se licitó con RR7, según consta en sus declaraciones.

Comida de Ángel Víctor Torres, el cuñado de Rayco Rubén González de RR7 UNITED SL, José Juan Arencibia, y el asesor fiscal de Rayco, Pablo Carranza. 

Sin embargo, a pesar de la urgencia, tras el primer pago de dos millones a RR7 –en agosto de 2020– esta mercantil dispuso de tres meses para servir las mascarillas 3M, pero nunca cumplió. Este hecho levantó sospechas entre los funcionarios del SCS, pero la ex directora de la DGRE, ordenó el segundo abono de dos millones –en octubre de 2020–  por lo que dispuso de tres meses más, un total de 24 semanas de plazo, un tiempo que se agotó sin entregar nada al SCS. Además, las empresas sólo cobraban el importe total, cuando los hospitales confirmaban el albarán del pedido como correcto, otro protocolo que se obvió con RR7.

Tras agotar los seis meses, sin entrega del material, el SCS inició el procedimiento de reintegro de los fondos, pero contando desde el segundo plazo del pago, otro hecho señalado por el fiscal. Y además, en la modificación del extinto contrato por parte del director del SCS, a RR7 se le concedió un plazo más de siete días, pero tampoco entregó otro nuevo lote de mascarillas Honeywell, han explicado en sus declaraciones.

El SCS usó una ley derogada ante el incumplimiento contractual por parte de RR7 –al no entregar las mascarillas 3M sin proceder a la devolución de los cuatro millones, ni contestar a los requerimientos y publicaciones en el BOE– la ex directora de la DGRE, Ana María Pérez, inició la resolución del contrato –el 13 de mayo de 2021, un año después de la adjudicación–. Sin embargo, Rayco, ante la extinción del contrato, propuso modificar el millón de mascarillas 3M por 1.200.000 de mascarillas Honeywell, un cambio que el director del SCS, Conrado Domínguez, aceptó sobre un contrato ya extinto, la consiguiente modificación del objeto del contrato originario, documento fechado el 16 de julio de 2021, tal como desveló elcierredigital.com.

Sin embargo, Conrado permitió esta modificación además, con las mismas condiciones económicas de 2020 –que adjudicó cuatro millones a cuatro euros por unidad de 3M– "lo que suponía comprar por 3,33 euros cada unidad de mascarilla Honeywell, cuando en 2021, costaban 1.20 euros precio unitario", señaló Machín.

No obstante, el fiscal Javier Ródenas inquirió al director del SCS, respecto a la extinción del contrato con RR7, y su posterior modificación, como fundamentación jurídica, en materia de contratación por la vía de emergencia, el uso del artículo 16 del Real Decreto Ley 7/2020, cuando esta normativa aplicada por el SCS había sido derogada en mayo de 2021, por tanto, no cabía su aplicación en la resolución de Conrado Domínguez, para justificar otra ‘oportunidad para Rayco’ fuera de la urgencia, a pesar de su incumplimiento.