La millonaria cantidad que podrían recibir los Ruiz-Mateos: La nueva valoración del Holding de Rumasa

El 23 de febrero de 1983, el Gobierno de Felipe González expropiaba Rumasa, el conocido holding de la abeja que hasta entonces era propiedad del empresario gaditano José María Ruiz-Mateos Jiménez de Tejada. Cuarenta años después, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) dictaba hace unos mese una sentencia en la que se ordenaba recalcular de nuevo el valor del holding de la abeja.

Cabe recordar que en el momento de la expropiación se valoró que el justiprecio correspondía a cero pesetas por acción, "porque la empresa tenía un agujero de más de 260.000 millones de pesetas". Desde entonces, han pasado ya más de cuarenta años. Ahora, la decisión del TSJM responde a los intentos en vida de José María Ruiz-Mateos por ser restituido tras la expropiación y los que posteriormente su amigo y asesor, Jesús Urdiciáin, siguió haciendo tras la muerte del empresario. 

En todo este tiempo, según ha remitido el asesor en un documento al Ministerio de Hacienda, la deuda que el Estado tendría con Ruiz-Mateos sería de “265.936.497.584,98 euros”. Esta cantidad correspondería a la indemnización que el Estado español debería otorgar al empresario gaditano por la expropiación del holding de la abeja desde ese día -clave en la historia reciente de España-, más los intereses derivados de estos cuarenta años de retraso.

José María Ruiz-Mateos a la salida de un juzgado en el año 1992.

Urdiciáin ha pedido ya al Ministerio de Economía una “reunión para determinar o en su caso negociar el alcance definitivo de la deuda que el Estado tiene con el difunto” e, indirectamente, con la ONG Fundación Guanaba, gestionada por Urdiciáin en nombre del fallecido empresario Ruiz-Mateos.

La expansión de Rumasa

Pero para relatar las presuntas irregularidades que se cometieron en la expropiación de Rumasa y quién sería el beneficiario de esta indemnización hay que remontarse hasta los inicios de la sociedad. Según Urdiciáin, Ruiz-Mateos “comenzó su andadura empresarial con una bodega en Jerez con siete empleados”. La bodega era propiedad de su padre, Don Zoilo, que tras la creación de la base naval americana de Rota recibió una indemnización por haberle expropiado los terrenos en esa localidad gaditana donde tenía de una bodega. Con este dinero, el padre de Ruiz-Mateos creó una nueva bodega “un poco más moderna en Jerez, donde su tercer hijo José María Ruiz-Mateos se inició en este trabajo”.

Para Urdiciáin, José María Ruiz-Mateos tenía “una mente privilegiada”. Muestra de ello fue cómo comenzó a ampliar el pequeño negocio familiar. Así, “a Harvey, la empresa de licoresa de Londres, le vendió toda la producción de Jerez. No solo la producción de su bodega de Jerez, sino de otras también. Ahí empezó una expansión que le obligó en el año 1968 a venirse a Madrid, que es donde crea Rumasa, que es el acrónimo de Ruiz Mateos Sociedad Anónima. Su padre por entonces falleció y la empresa la heredó José María Ruiz-Mateos y sus hermanos”, relata Urdiciáin.

Ruiz-Mateos con un letrero de las bodegas Garvey en Jerez.

En aquellos años Rumasa llegó a aglutinar más de 350 empresas (agroalimentarias, turísticas, bancos…) y a tener unos 40.000 empleados. “Su expansión no conocía límites. Ante lo cual, el Banco de España ya advirtió en 1978 a José María Ruiz-Mateos que aflojara el acelerador. Además, pidió auditar las cuentas del holding".

Según Urdiciáin, "fue Luis Valls Taberner [entonces todo poderoso presidente del Banco Popular Español] quien aconsejó a Ruiz-Mateos que siguiera adelante con sus anhelos expansionistas y que hiciese caso omiso de las advertencias del Banco de España". Rumasa facturaba por aquel entonces el 2% del PIB español, cuenta Jesús Urdiciáin.

Fue aquí donde comenzaron los problemas. Las autoridades financieras querían someter a Rumasa a un control fiscal y Rumasa se negaba. El que fuera asesor de Ruiz-Mateos destaca como detonante probable de la expropiación de Rumasa "la interrupción dos meses antes de ello de la auditoría contratada por Rumasa a Arthur Andersen", que se encontraba en torno al 75 por ciento de su ejecución.

Según el asesor, “precisamente a Arthur Andersen la condenaron en Estados Unidos y tuvo que cerrar por mala praxis, porque valoraba mal las empresas, como pasó con Rumasa”.

La decisión del Gobierno de Felipe González.

Según continúa relatando Urdiciáin, “la inspección del Banco de España detectó en los diversos bancos integrados en Rumasa una excesiva concentración de riesgos con respecto a otras empresas del Grupo, lo que podía suponer un peligro para la estabilidad bancaria si las empresas perdían su solvencia”.

Para evitar que este riesgo no tuviera repercusión en el sistema bancario, el por entonces ministro de Hacienda Miguel Boyer decidió plantear la intervención de todas las sociedades del Grupo Rumasa, "con el objeto de conocer la situación real de sus finanzas y tomar las medidas oportunas”.

Felipe González y Miguel Boyer.

Según explica Urdiciáin, “el Gobierno de Felipe Gonzaléz usó la expropiación en lugar de la intervención limitada a los bancos, sobre todo, por la complejidad del entramado del Grupo y al no considerar los problemas como coyunturales, sino estructurales”, 

Además, añade Urdiciáin, que a pesar de que "en las diferentes sentencias contra de los intereses de Ruiz-Mateos por recuperar parte de sus empresas se habría usado la palabra “expropiación de empresas”, esta no está en expresada en la Ley de Expropiación de Rumasa, que no emplea ni una sola vez el término de expropiación de empresa. Y sí, por el contrario, tiene once referencias a la expropiación de acciones”.

Además, según cuenta este asesor a elcierredigital.com, “en la expropiación de Rumasa hubo muchas más irregularidades”. Entre ellas, "la principal - según Urdiciáin- que para hacer una expropiación hay que pagar una indemnización y a Ruiz-Mateos no le indemnizaron”.

Según aclara Urdiciáin, "esta indemnización se le debería haber abonado a Ruiz-Mateos en un plazo de tres meses tras la expropiación". Así se especifica en el Decreto Ley que permitió la expropiación de Rumasa: "El importe del justiprecio será abonado por el Estado en el plazo de tres meses siguientes a la fecha del acuerdo de las partes o de la resolución del Jurado, devengando el interés básico del Banco de España desde el día en que tenga lugar la expropiación”. Y nunca se le pagó nada.

De hecho, ocurrió todo lo contrario: “A Ruiz-Mateos le interpusieron una querella y le pidieron una fianza de 677.500 millones de pesetas, con lo cual no solo no le pagaron, sino que debía él dinero al erario público. Pero cabe destacar que esta fianza le fue retirada a Ruiz-Mateos cuando en el año 1997 la Audiencia Nacional de absolvió de los delitos que se le impusieron".

Además, para hacer esta expropiación se tuvo en cuenta el balance de Arthur Andersen, que valoró las acciones de Rumasa a cero. “Pero esto es falso, porque la acción nunca puede ser inferior o igual a cero. La Ley de Sociedades de Capital, en su artículo primero, dice que los accionistas no serán responsables de la deuda de la sociedad”, explica Urdiciáin, que matiza que "además, se expropiaron las acciones, no las empresas”.

Ahí, precisamente, radica  gran parte de la defensa durante todos estos años de Ruiz-Mateos (y su familia) para obtener una indemnización millonaria, que, como hemos indicado previamente, ya contemplaba el Decreto Ley que nunca se llevó a cabo.

Ante esta situación, Urdiciáin remitió un escrito al Ministerio de Economía en el año 2023 donde reiteraba, lo ya manifestado en numerosas ocasiones, sobre que “el objeto de la expropiación del Grupo Rumasa no era la empresa en sí, sino las acciones”, por lo que precisamente se debería haber compensado económicamente a Ruiz-Mateos.

En dicho escrito indicaba también que "se puede reclamar la suma de las valoraciones positivas de las acciones integradas en el Grupo Rumasa, porque las acciones de las sociedades que faltan por valorar solo pueden incrementar aún más la indemnización total reclamable". Según el, porque "en el caso del patrimonio negativo el valor de las acciones no puede ser nunca inferior a cero”.

En este escrito al que ha tenido acceso elcierredigital.com —fechado del 7 de junio de 2023— se estimaba por entonces que la cantidad de indemnización a los Ruiz-Mateos ascendería a 16.447.088.746,15 euros.  Sin embargo, esta cantidad se cifró antes de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) admitiera recientemente que se recalculase de nuevo el justiprecio de Rumasa.

Tras esta decisión judicial, según ya ha solicitado oficialmente Jesús Urdiciáin, "el Estado tendría que indemnizar ahora a Ruiz-Mateos con 265.936.497.584,98 euros. La expropiación de las empresas de Rumasa no tiene base legal alguna, es impracticable desde el punto de vista técnico-jurídico y, además, perjudica gravemente al Estado español”.