'El seguimiento del coche de su mujer no es delito': Desestiman denuncia contra el alcalde de Villaviciosa de Odón

José Luis Pérez Viu, alcalde de C's en Villaviciosa de Odón, se vio involucrado en una investigación por parte del Juzgado provincial de Violencia de la Mujer de Madrid por colocar un GPS en el coche de su por entonces mujer. Sin embargo, tras dos años de investigación, según ha podido conocer Elcierredigital.com, se ha desestimado el recurso interpuesto por su esposa, Silvia Mayoral.

Pérez Viu habría colocado en el vehículo familiar un GPS para establecer un seguimiento del coche sin notificar a su esposa al respecto. De este modo, el alcalde podría obtener información beneficiosa en el proceso de divorcio que la pareja estaba atravesando.

Ahora, la juez encargada de la resolución del auto explica en el mismo que no hay evidencia de que la instalación del dispositivo “tuviese como finalidad vulnerar algún secreto o intimidad de la denunciante, ya que lo único que puede revelar dicho dispositivo son movimientos en la vía pública, que, por su naturaleza, no pertenecen a la esfera de la intimidad”.

En el auto, además, se detalla que Pérez Viu mantuvo conversaciones con su esposa sobre el conocimiento de su paradero (consecuencia del dispositivo de seguimiento instalado en el vehículo) y que esto supondría “una limitación del derecho fundamental a la intimidad”, ya que “la recopilación sistemática de estos datos (de geolocalización) y su tratamiento informático puede proporcionar información precisa sobre los hábitos de una persona”, según se expresa en una circular de la Fiscal General del Estado sobre la utilización de dispositivos técnicos de captación de la imagen, de seguimiento y de localización.

Pese a todo, también informan que no todas las intromisiones a la intimidad tendrían consecuencias penales. Las acciones que sí que podrían ser sancionadas tendrían que ver, principalmente, con la grabación y apoderamiento de documentos personales. Sin embargo, como el dispositivo solo permitía conocer la ubicación en el tiempo y en el espacio, el auto afirma que “no conllevó apoderamiento alguno de documentos o efectos personales en los términos indicados”.

La sucesión de los hechos

Todo surgía a raíz de una denuncia de su todavía esposa, Silvia Mayoral Palomo, en la que expresaba que el investigado instaló en su vehículo un dispositivo GPS con el fin de obtener información beneficiosa para el proceso de divorcio entre ambas partes. Al ser matrimonio, fue considerado como un posible acoso de una parte a otra y por tanto, se trasladó a los juzgados de Violencia sobre la Mujer.

ElCierreDigital.com tuvo acceso a la ampliación de la denuncia presentada por su esposa, que aportaba nuevos datos a la denuncia inicial. La primera denuncia de la esposa fue sobreseída por el juzgado de Instrucción con fecha de 28 de febrero de 2020. No obstante, la nueva ampliación sirvió para que se reabriera el caso y para que se inhibiera al Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Madrid.

Juzgados de violencia sobre la mujer

La primera denuncia de Silvia Mayoral, en la Dirección General de la Policía, se remonta al 5 de febrero de 2020. Los hechos giraban sobre la presunta “colocación sin consentimiento en el vehículo de uso de doña Silvia Mayoral Palomo de un sistema de localización permanente GPS con el fin de conocer y controlar los movimientos de la misma por parte de su marido”. El 28 de febrero de 2020 se acordaba el sobreseimiento provisional de las diligencias al no lograr acreditarse la autoría de tales hechos. Se interpuso recurso de reforma por parte de la demandante el 16 de abril contra esta resolución.

El Juzgado de Instrucción nº 10 de Madrid retomó el caso el 11 de julio tras la ampliación de la denuncia presentada en junio. Por si pudieran los hechos constituir supuestos delitos de acoso y contra la intimidad, decidió inhibirlo en favor de Violencia de Género. Los nuevos hechos contemplados en la mencionada ampliación recogían que Mayoral encontró en su casa documentación supuestamente propiedad del demandado, guardada en una carpeta que “atenta contra el derecho a la intimidad” de ella, según constaba en la denuncia.

Dichos documentos, según Mayoral, probarían, supuestamente, que el alcalde colocó el GPS en el coche de su todavía esposa “en aras de una negociación ventajosa de las condiciones del proceso de divorcio”. Es necesario aclarar que en ningún caso la denuncia recogía episodios de violencia física como tal de una parte a otra.

La colocación del GPS, señalaba la denuncia, habría sido ideada “para obtener pruebas de lo que hacía su esposa en todo momento y en especial, para poder acreditar las reuniones que mantenía con un amigo, como el propio denunciado se lo ha manifestado mostrándole la foto del lugar donde la denunciante mantuvo el encuentro y manifestándole que sabía que había estado allí”, según el escrito presentado en el Juzgado.