15 de noviembre de 2019
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FIN DE SEMANA

Denunciada la gestión realizada por el menor de los hermanos de la familia Gil, presidente de la Junta de Propietarios de Los Ángeles de San Rafael

Óscar Gil Marín, investigado por delito de falsedad en documento privado y estafa procesal

Exclusiva Óscar Gil Marín en el documental El Pionero, de HBO.
Óscar Gil Marín en el documental El Pionero, de HBO.
El pasado 5 de julio de 2019 el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Segovia admitía a trámite una querella por delito de falsedad en documento privado y estafa procesal contra Juan Carlos Gómez San Álvaro y Óscar Gil Marín, el primero en calidad de secretario administrador de la comunidad de propietarios de los Ángeles de San Rafael y el segundo, el hijo más pequeño de los cuatro de la familia Gil, como presidente de la misma comunidad.

La querella contra Óscar Gil Marín, cuarto hijo del exalcalde de Marbella, Jesús Gil y Gil, admitida a trámite el pasado 5 de julio de 2019 por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Segovia, fue interpuesta por dos propietarios, Lucía Cobo y Francisco Javier Pascual.  Precisamente, Lucía Cobo es presidenta de la asociación de Copropietarios de los Ángeles de San Rafael

Según recoge la querella a la que ha tenido acceso elcierredigital.com, “desde hace 37 años venimos defendiendo los derechos de nuestros asociados frente a la familia Gil, existiendo una amplia litigiosidad en relación a la comunidad de propietarios, de la que fue presidente el citado señor Gil y hoy lo es el querellado Óscar Gil, que lleva ejerciendo el cargo desde hace 23 años”.

La urbanización de Los Ángeles de San Rafael.

Los hechos objeto de la querella fueron la “convocatoria de una Junta de Propietarios, con fecha 2 de julio de 2015, por parte del querellado, adopción de acuerdos, impugnación judicial de los mismos, anulación por los tribunales del acuerdo tercero adoptado en dicha junta afectante a la liquidación y regularización de los saldos individuales en el periodo comprendido entre 1999 y 2014”.

En aquella Junta los vecinos se rebelaron contra lo que consideraban una injusticia por querer cobrar en 2015 unos servicios prestados muchos años antes, entre 1999 y 2014, es decir, durante 15 años anteriores. Esta deuda se habría generado, según Óscar Gil, en servicios como la jardinería, arreglo de zonas comunes y un largo etcétera. Pero los vecinos no se quedaron de manos cruzadas y denunciaron ante el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Segovia el cobro de estos gastos, que según Óscar Gil, ascendían a 2.051.309,37 euros.

Convocatoria y acuerdos nulos

El Juzgado de Primera Instancia número 4 de Segovia declaró nula esta convocatoria y todos los acuerdos tomados en esa Junta. Óscar Gil recurrió esta sentencia y el 31 de junio de 2017 la Audiencia Provincial de Segovia concluyó que el tercer punto de la orden del día, relativo a la liquidación de esa deuda, quedaba anulado y por tanto, la Comunidad no podía repercutir esos gastos en los vecinos.

Óscar Gil, María Ángeles Marín y Miguel Ángel Gil.

Sin embargo, según se recoge en esta querella, la comunidad presidida por Óscar Gil comenzó a dirigir demandas “con carácter indiscriminado a los vecinos de las Fases I y II de la Urbanización en reclamación de cantidad a través de procedimiento monitorio en el que incluyen las deudas que habían sido rechazadas, en cuanto a su fijación por la Audiencia de Segovia en la sentencia de 31 de julio de 2017, y lo hace incorporando un soporte documental que habilita tal reclamación consistente en una certificación del Secretario de la comunidad, el querellado Juan Carlos Gómez San Álvaro”.

Es decir, que esgrimiendo el punto segundo de esa Junta donde se habla de reclamar judicialmente el pago de deudas a los vecinos morosos, "la Comunidad efectuó reclamaciones de pago obviando la sentencia de la Audiencia Provincial de Segovia que no reconocía esa deuda”, explica Marino Turiel, abogado de la parte querellante.

Como represalia, Óscar Gil  como presidente de la Junta solicitó a Francisco Javier Pascual, uno de los querellantes, la cantidad de 5.717,84 euros por supuestos gastos y a Lucía Cobo, la segunda denunciante, le reclamó 9.643,66 euros.

Por todos estos hechos, tanto Óscar Gil como Gómez San Álvaro son ahora investigados por un delito de falsedad en documento privado y estafa procesal. El primer delito contempla penas de entre seis meses a dos años de prisión y el segundo recoge hasta seis años de cárcel.

Elcierredigital.com intentó sin éxito recabar la versión de la Junta de Propietarios de Los Ángeles de San Rafael, que preside Óscar Gil. Una urbanización que 50 años después está de nuevo en el ojo del huracán por varios motivos, entre ellos también por la gestión privada del agua tal y como ya adelantó en exclusiva nuestro diario.

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