Denuncian orden de desahucio Casa Cuartel en Cádiz: "Dejan a personas mayores en la calle"

Desde 2019 los vecinos de la casa cuartel situada en el número 1 de la Avenida Fernández Ladreda, Cádiz, han tenido que hacer frente a la orden de lanzamiento por parte de la División Económica y Técnica de la Dirección General de la Policía Nacional (DGP). En varias ocasiones estos vecinos recurrieron ante diferentes instancias, la última de ellas el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). 

El TSJA aceptó el recurso, pero al tiempo los problemas volvieron a casa de estos vecinos expolicías y familiares de expolicías fallecidos. Concretamente en el edificio viven dos hombres mayores que fueron policías y Cándida, viuda de un policía y madre de José María Merino, la voz de todos los vecinos.

La resolución del Ministerio del Interior

Ahora, los vecinos de esa casa cuartel han recibido una resolución firmada por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a la que ha tenido acceso elcierredigital.com, donde se indica que “se trata de una vivienda objeto de expediente con calificación de bien de dominio público afectado al Ministerio del Interior. El artículo 60 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de Administraciones Públicas, atribuye la competencia para el desahucio administrativo al ministro titular del departamento en cuestión”. 

Respaldándose en la legislación vigente, la resolución establece que “conforme al artículo 59.1 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, se declara la extinción y pérdida del título que justificaba el uso de la vivienda desaparecidas las circunstancias que legitimaban en su día su ocupación”. Con desaparecidas las circunstancias refiere a que “el uso de la vivienda se razona con la vinculación al puesto de trabajo del funcionario y requiere que se encuentre en activo”.

Fernando Grande-Marlaska.

La resolución concluye que “los inquilinos de las viviendas deberán desalojarlas de inmediato en un plazo de ocho días hábiles”. Asimismo, se indica que “cabe la posibilidad de interponer un recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional en un plazo de dos meses”.

"Lo único que nos queda es poner un recurso, es muy injusto"

Elcierredigital.com ha contactado con José María Merino, hijo de Cándida, una de las personas mayores que residen en dicho edificio. José María señala que “cuando vino la primera notificación yo fui a recogerla porque me dijeron que no iba a pasar nada, me engañaron. A raíz de recoger esa notificación todo ha venido a nombre mío y no de mi madre, que es la cónyuge de quien fue policía. Esto hace que yo tenga menos plazo para irme y esté en la peor situación”.

“A mí me han dado ocho días para irme y lo único que nos queda es poner un recurso para alargar que mi madre pueda vivir en la que lleva siendo su casa muchos años. Yo sigo empadronado allí desde hace 46 años, aunque llevo cuatro meses fuera porque estoy viviendo con mi pareja en Coria del Río, Sevilla. Solo estoy con mi madre los fines de semana. Para la policía yo no tengo porqué vivir allí, pero si la resolución viniese a efectos de mi madre sí tendría valor que esté viviendo en esa casa porque es la cónyuge del policía. Los otros dos vecinos que residen allí sí son policías jubilados y también han recibido la resolución. Esto es algo que me parece incomprensible, es una situación muy injusta”, añade José María.

El bloque de viviendas en cuestión.

“La excusa que pone el jefe Superior de Infraestructuras de Viviendas de Madrid es que quienes viven allí tienen dinero porque nunca han pagado una casa y si no, me dicen que mi madre se vaya con una de mis hermanas a vivir. Yo respeto que las casas no son nuestras, pero el fallo es suyo de dar las casas y años después decirles a personas mayores que se vayan a la calle. Deberían aportar alguna solución para esas personas, pero a ellos les da igual. No nos pueden tachar de okupas porque para que haya luz y agua tiene que haber un titular y ese es mi padre, que fue policía”, concluye el hijo de una de las inquilinas de la casa cuartel. 

El inicio de los problemas para estos vecinos

En octubre de 2019 agentes de la Policía Nacional se personaron en el domicilio de Cándida López, de 76 años, y le notificaron que disponía de un plazo de diez días para abandonar la vivienda en la que reside desde hace más de cuarenta años. Al igual que ella, sus cinco vecinos estaban llamados a empaquetar toda su vida e irse del edificio que, durante décadas, ha sido su hogar. 

Este edificio es una casa cuartel destinada tradicionalmente a miembros de la Policía Nacional en activo. De ahí que el Estado entendiese que esos agentes, ya jubilados o cesados –e incluso en algunos casos, fallecidos–, no tenían derecho a beneficiarse de esas casas. Sin embargo, cuando se jubilaron nadie les dijo que tenían que abandonar las viviendas. Varios de los inquilinos de estas viviendas son personas mayores que quedaron viudas o viudos de exagentes de policía, por lo que el desahucio les dejaría en una situación aún más complicada. 

Varios policías jubilados en una manifestación.

Ninguno de los vecinos del número 1 de la Avenida Fernández Ladreda tiene título de concesión o cesión de sus hogares, que ellos recalcan que no son viviendas, "porque fueron asignados como pabellones por los que se pagaba una cantidad que se detraía de las nóminas. Hasta que se eliminaron las ayudas de vivienda y Madrid dijo que no había que pagar por los pabellones". Tal y como recogió entonces elcierredigital.com, los vecinos insistieron en seguir pagando las cuotas correspondientes. Sin embargo, desde la Dirección General de la Policía les dijeron que no tenían que hacerlo. 

La situación parecía haberse apaciguado tras el recurso aceptado por el TSJA, pero tal y como narraba a elcierredigital.com el hijo de Cándida, José María Merino, “los problemas han vuelto a llamar a la puerta. Los policías han vuelto a la casa de mi madre y la han hostigado. Le dijeron que iban a enviar una nueva notificación para que abandone la casa, ya que en España no queda ninguna casa cuartel y están todas desahuciadas. Nos han dicho que tenemos dinero para pagar un alquiler, pero no tienen en cuenta que son personas jubiladas y mayores”.

“Ahora el procedimiento de desahucio viene a mi nombre, es decir, me están usando como cabeza de turco para echar a la calle a personas mayores que no pueden trabajar y que tienen unos ingresos muy reducidos. Tras la resolución del TSJA han elaborado un nuevo procedimiento. Es muy injusto que quieran quitarles esas casas cuando llevan 25 años jubilados, si no se las quitaron cuando se jubilaron no entiendo por qué se las tienen que quitar ahora”; añadía José María Merino.