27 de abril de 2024
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FIN DE SEMANA

El año pasado 316 convictos fueron asesinados en sublevaciones y guerras entre bandas que luchan para disputarse el poder en sus cárceles

La crisis carcelaria que atemoriza a Ecuador: Aumentan los motines entre internos por el control de las prisiones

Cárcel de Ecuador amotinada por los presos.
Cárcel de Ecuador amotinada por los presos.
La crisis de las prisiones de Ecuador, en la que se han asesinado a más de 360 presos en los últimos dos años, deja en evidencia un sistema marcado por la presión de la delincuencia y la debilidad de un Estado que aún no ha podido hacerse con el control de las cárceles de este país. Tras la masacre vivida en una prisión el pasado 3 de abril, ahora la gente teme que la violencia se extienda a las calles.

La masacre del pasado 3 de abril en la cárcel de la ciudad de Cuenca (Ecuador), en la que perdieron la vida 20 presos, abrió de nuevo el debate sobre la inseguridad de las cárceles y la posibilidad de que la violencia se traslade a la calle.

Tan solo el año pasado 316 convictos fueron asesinados en disputas entre bandas que luchan por tomar el control de las prisiones en varias ciudades del país. Sin embargo, el presidente, Guillermo Lasso, desde que inició su mandato en mayo de 2021 cuando dijo querer acabar con esta violencia en los centros penitenciarios,  aún no ha conseguido los resultados esperados.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en un informe reciente, pidió a Ecuador que recupere el control interno de sus cárceles, dé condiciones dignas a los presos y elabore una política de prevención del delito donde la encarcelación no sea el principal recurso.

De esta forma, el gobierno del país asumió el reto de desarrollar un nuevo modelo penitenciario que destacaría por la puesta en marcha de una política en derechos humanos para los reos, un programa de indultos a presos condenados por delitos menores y una serie de inversiones para multiplicar los guardias y mejorar infraestructura.

Sin embargo, muchos piensan que mientras la crisis y la desigualdad sigan campando en el país, no se acabara con la violencia, ni con los asesinatos en las prisiones.

Así son las cárceles de Ecuador

El sistema penitenciario de Ecuador es un descontrol en el que los presos deben luchar por sobrevivir ante el enfrentamiento de bandas, el hacinamiento, los abusos policiales y la vejación de sus derechos humanos.

La violencia en las cárceles de Ecuador no es algo nuevo, ya existía antes del asesinato de José Luis Zambrano, alias 'Rasquiña'. En los primeros meses de 2019 se produjeron una serie de hechos violentos en el interior de los centros que generaron un alto nivel de conmoción social. En mayo de ese año, tras una serie de incidentes que dejaron 24 asesinatos, el gobierno de Lenín Moreno se vio obligado a declarar el estado de emergencia en el sistema penitenciario. Un año después, el 11 de agosto de 2020, se volvió a firmar un nuevo estado de excepción como consecuencia de una nueva ola de crímenes en el interior de los centros penitenciarios. Los datos demuestran que la violencia nunca se detuvo.

En un año cualquiera, de funcionamiento ordinario del penal, sin estado de excepción, hay 33 muertes violentas. Ahora, tres meses después de que terminara la última emergencia, la guerra ha regresado con los peores números de la historia. En las cuatro cárceles, que concentran más del 70% de la población carcelaria del país, 79 muertes han sido registradas en tan solo un día, superando las 51 muertes totales que se dieron durante todo el 2020, que ya fue considerado un año violento.

Además de la falta de fondos, las prisiones ecuatorianas padecen de otros problemas que provocan inseguridad. Uno de los inconvenientes más graves es el hacinamiento. Según el Comité Permanente de Protección de los Derechos Humanos, la capacidad carcelaria en Ecuador es de 28.500 reclusos. En mayo de 2019, la tasa de hacinamiento era del 42%.

Problemas de hacinamiento cárcel de Quito (Ecuador).

Este aumento de sobrepoblación se debe en gran medida a la tendencia estructural de la política penal del país de utilizar la prisión preventiva como herramienta para frenar los índices de criminalidad y otros tipos de problemas sociales.

Al problema de hacinamiento hay que sumarle la limitación de recursos económicos, la corrupción, la falta de personal de control penitenciario, la falta de normas sanitarias y un grave problema de mafias que gobiernan el interior de estos centros y que están ligadas al tráfico internacional de drogas.

Situación de los encarcelados

En las prisiones ecuatorianas se juntan varias circunstancias propias de una estructura sobrepasada: la corrupción del sistema penitenciario, la dependencia económica de los presos de sus familias que les permite sobrevivir al encarcelamiento, y las violaciones sistemáticas de los derechos humanos de los detenidos. El sistema corrupto que opera en las cárceles de Ecuador se alimenta de la relación interpersonal continua entre funcionarios y presos, en este caso, agravada por una situación marcada de sobrepoblación y hacinamiento.

En los últimos quince años, el crecimiento de la población carcelaria ha dificultado cada vez más el mantenimiento del control intern por lo que las autoridades deben negociar con los presos la resolución de conflictos y los mecanismos de seguridad.

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Cárcel de Ecuador.

Los reclusos también sufren a diario un nivel muy alto de violencia y abuso por parte de los guardias. Un claro reflejo de esto es el episodio que se vivió en la prisión de Turi, el 31 de mayo de 2016, en la que los agentes de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) llegaron para hacer una inspección al pabellón de Mediana Seguridad JC con el objetivo de buscar objetos prohibidos dentro de las celdas. Los presos estaban tumbados boca abajo en el suelo, mientras los policías caminaban sobre sus cuerpos. Fueron obligados a desnudarse y a ponerse en cuclillas para realizar ejercicios con el objeto de comprobar si escondían drogas (estilo sapitos) en presencia de sus compañeros de celda y de los agentes policiales, mientras eran insultados.

Desgraciadamente, la violación de los derechos humanos y las precarias condiciones de vida en las que se encuentran estas personas hacen imposible la rehabilitación social de los condenados.

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