Los orígenes de Plus Ultra, la aerolínea beneficiada con 53 millones: Quién está detrás de ella

La concesión de 53 millones de euros a la compañía aérea Plus Ultra, ya recogida hace semanas por Elcierredigital.com, por parte del Gobierno español ha llegado hasta el Congreso de los Diputados. El Partido Popular ha preguntado este mismo miércoles al Gobierno por los vínculos de Plus Ultra con la aerolínea pública de Venezuela, Conviasa. Lo ha hecho mediante varias preguntas enviadas a la Mesa del Congreso por escrito. El Ejecutivo ha rescatado a Plus Ultra con fondos de la SEPI, para empresas estratégicas españolas. El problema es, según las estadísticas de Aena, que esta compañía aporta menos del 1% de las conexiones aéreas y en 2019 representó el 0,03% del total.

La concesión del rescate fue aprobada a propuesta de cuatro ministerios y por el Consejo de Ministros. Plus Ultra está controlada al 53 por ciento por españoles y el resto del 47 por ciento por empresarios en la órbita de la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez. La decisión se tomó después de tomar en consideración tres informes, dos de consultoras privadas y un tercero de AESA, Agencia Estatal de Seguridad Aérea, que depende del ministerio de Transportes. Muchos han visto detrás de esta concesión la mano favorecedora del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y su influencia en Venezuela. Tal y como contó elcierredigital.com, el 47% de las acciones de Plus Ultra pertenecen a la sociedad Snip Aviation, presidida por el venezolano Rodolfo José Reyes Rojas, cercano a la órbita del presidente Nicolás Maduro. 

Un complicado inicio

La verdad es que el nacimiento de la compañía Plus Ultra en 2011 no estuvo exenta de polémica. Ese año la Unión Europea comenzaba a reconsiderar su postura frente al régimen venezolano. El fundador de la compañía, Fernando González Enfedaque, ya había fracasado en la gestión de Air Madrid que acabó con el cierre en las navidades de 2006, dejando atrás a 64.000 damnificados.

En mayo de aquel año, se procedía a realizar una auditoría a los aviones de Air Madrid con el fin de renovar su certificado de operador. En esa auditoría se detectaron 17 deficiencias graves ordenándose la inmediata reparación de las mismas. En el mes de septiembre de ese mismo año la aerolínea era revisada de nuevo y, además de las 17 encontradas, que no se habían subsanado, encontraron otras nueve distintas. Estas circunstancias provocaron el inicio de los trámites administrativos para retirar la licencia de operador a Air Madrid, que en noviembre de 2006 presentaba una batería de medidas destinadas a paliar todos los problemas encontrados. En realidad, vendía billetes y ganaba tiempo antes del cierre definitivo.

En pleno mes de diciembre, cuando se registraba el mayor número de pasajeros que se trasladaban a pasar las vacaciones de Navidad con sus familias, Air Madrid se declaraba en suspensión de pagos, dejando a todos sus trabajadores y clientes tirados sin ningún tipo de explicación y forzando al ministerio de Fomento a retirarle la licencia de manera urgente.

No sería la última vez que González Enfedaque se enfrentaba a problemas económicos en sus empresas. En 2009 una de sus empresas, Glass Costa Este Salou, fue investigada por la Hacienda Foral de Guipúzcoa. Tanto González Enfedaque como su socio Víctor Bravo fueron a juicio. La Fiscalía pidió cuatro años y medio de prisión para cada uno por delitos fiscales, pero en el caso de González resultó finalmente condenado a once meses y 29 días de prisión pues durante el juicio devolvió un millón de euros. Aún así fue multado con otro millón y medio euros, y ambos perdieron la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante tres años.

Víctor Bravo, exsenador del PNV y exdirector de la Hacienda Foral y Fernando Isidoro González Enfedaque intentaron acreditar la legalidad del la sociedad Glass Costa Este Salou, dedicada a la promoción inmobiliaria, en territorio guipuzcoano. Sin embargo, los inspectores de la Hacienda estatal y técnicos del fisco foral que testificaron posteriormente no encontraron ni actividad ni empleados en las investigaciones a esa sociedad. La cuestión era la falsa localización de la empresa, que se habría trasladado ficticiamente a Guipúzcoa para beneficiarse de las ventajas fiscales vascas. Bravo llegó a declarar durante el juicio que convivía con González y su esposa en un gran chalet que poseía, suficiente para que viviesen dos matrimonios, el suyo con Arantza Arbelaiz y el de González Enfedaque casado con Yolanda Zuinaga Gorostiza.

  Víctor Bravo.

En la denuncia original de 2009, que se conoció como Caso Galas, el político Víctor Bravo, socio de González, fue acusado de cinco delitos contra la Hacienda pública, dos de cohecho, uno de prevaricación y otro de omisión del deber de perseguir delitos. Pero Víctor Bravo se enfrentó finalmente en el juicio únicamente a tres presuntos delitos contra la Hacienda pública, los relativos al supuesto fraude en el Impuesto de Sociedades y resultó condenado a siete años de cárcel.

 El mismo Fernando González, junto con otro socio español, Julio Martínez Solá, tuvo la idea de volver a fundar otra aerolínea en el año 2011: Plus Ultra Líneas Aéreas. Hasta cuatro años después el ministerio de Fomento no les otorgó la licencia operativa, la AOC, y en verano de 2015 pudo comenzar a operar. En medio, en el año 2012, González fue condenado por fraude fiscal en Reus (Tarragona) con otra de sus empresas. Sin embargo, ya había sido absuelto de otros delitos por el juzgado de Instrucción número 4 de Tarragona el 30 de septiembre de 2009.

El fundador de Plus Ultra figuró hasta en 11 sociedades. Además de Plus Ultra, estuvo en Plus Ultra Vacaciones, Comercial de Maderas San Marcial, Mitrazur, Glass Costa Este Salou, Burguera Home, Kendari Servicios Inmobiliarios, Amintul, Promociones Ipizte 2004, Baltics-Burguera e Hipoglass. La mayoría son sociedades ya extinguidas.

La estatal venezolana Conviasa.

El primer aliado que buscó Plus Ultra fue la compañía aérea estatal de Venezuela, Conviasa, conocida por ser la línea aérea de bandera de Venezuela y sus graves problemas derivados de la crisis económica que vivía el país. Conviasa dejó de pagar el alquiler de los aviones a Plus Ultra y la relación quedó formalmente rota. Aquel mismo año de 2015 se produjeron las renuncias de José L. Navio y Alberto Fernández  Lopo al frente de la aerolínea española. Entonces tomaba las riendas el mismo González Enfedaque. Lo primero que ocurrió es que se redujeron los salarios a los pilotos un 66 por ciento y a los tripulantes de cabina se les suspendieron los contratos durante dos meses, hasta que volviesen a contratar vuelos y tuviesen dinero en caja para poder pagarlos.

Antes de que acabase el 2015, el ministerio de Fomento le retiró el certificado de operador aéreo, la famosa AOC, por causas que el cierredigital.com no ha podido acreditar. En enero de 2016 volvían a recuperar el certificado, pero en marzo la empresa dejaba de pagar las nóminas. En el verano, la agencia mayorista Politours rompía el convenio con ellos y esos mismos días Plus Ultra disparaba el precio de sus billetes, sin aviso previo, poniendo contra las cuerdas a las agencias que habían adelantado ya esos billetes y no podían cancelarlos, un gasto que tuvieron que asumir de sus bolsillos las propias agencias.

Sin embargo, la desgracia de otros fue un golpe de suerte para Plus Ultra, pues Vueling se declaró en colapso y esto obligó a IAG, la matriz de Vueling, a contratar aparatos de otras compañías para dar servicio a toda su demanda, lo que vino en auxilio de Plus Ultra. Pero pasada la campaña de verano, Plus Ultra despedía en octubre a sus contratados temporales y obligaba a sus pilotos a tomar una excedencia voluntaria de dos meses.  En 2017 Plus Ultra cancelaba su ruta regular entre Madrid y Santo Domingo perdiendo el único enlace con la República Dominicana.

A todo aquello se sumaban las quejas de los usuarios sobre el estado de los aparatos. La compañia low cost española operaba con Airbus A340 y se hablaba de motores viejos en un modelo que la inmensa mayoría de compañías aéreas estaban abandonando por su importante consumo de combustible (4 motores) y caro mantenimiento.

Llegan los venezolanos

En septiembre de 2017 era nombrado presidente Fernando García Manso, que ejerce su cargo a través de su empresa FGM Geoanalisis System S.L., aunque Fernando Isidoro González Enfedaque continuaba en la compañía hasta el 25 de enero de 2021, hace apenas dos meses, según el Registro de Empresas. Ahora ya tiene 80 años y está retirado.

Fernando García Manso, actual presidente de Plus Ultra.

Aquel mismo año, en el Consejo de Administración, entraban la empresa Patrifin, Roberto Roselli, Alva Skies and Wings, El Arigie Harbie Raif y José Rodolfo Reyes Rojas, estos dos últimos vinculados al régimen venezolano.

Plus Ultra ha protagonizado numerosos escándalos a lo largo de su corta historia, uno de los últimos el publicado por elcierredigital.com en marzo de 2019 cuando dejó a una tripulación abandonada en Caracas, capital de Venezuela. Su flota actual se compone de tres aviones Airbus A340/300, aunque comenzaron a operar con cuatro aparatos. El resultado de 2020 arrojó pérdidas de 2.781.883 euros, aunque aseguraron en las cuentas presentadas en el Registro haber facturado 94 millones de euros en el mismo ejercicio.

El actual presidente es ingeniero de Telecomunicaciones y fue también socio director de Acker and Partners SL y administrador de Bell and Partners SL, director general de Recursos Humanos y director del Proyecto de Integración del Grupo Auna/France Telecom, antes fue director de Alstom Transporte en México y Country manager del mismo grupo. También ha trabajado como director de Unidad de Producción de Alcatel Standard Eléctrica durante 14 años.

Con el nuevo presidente al cargo de la empresa llegaron varios inversores venezolanos a la compañía, consiguiendo el 47 por ciento. De ellos, el más conocido es Rodolfo Reyes, consejero y accionista. Además, coincide en el consejo de administración con Carlos Ibrahim, en dos empresas españolas creadas una, el 23 de diciembre de 2020 (Alimentos Los Páramos) y otra, el 28 de noviembre de 2018 (la compañía de Bocono y Biscucuy). Esta última ha llegado a compartir domicilio y sede con Plus Ultra, según consta en el registro mercantil.

                                                                Rodolfo Reyes y el empresario Alfredo Cohen.

En dichas empresas también coinciden con Ibrahim otros dos cargos de Plus Ultra: Roberto Roselli Miele y El Arigie Harbie Raif. Este diario, mediante correos electrónicos, ha trasladado a Reyes el deseo de contar con su versión y la de su socio Ibrahim respecto de las acusaciones de la fiscal. No ha habido respuesta.

Ambas empresas compartidas por dichos presuntos testaferros de Maduro, según la exfiscal general del Estado de Venezuela, Luisa Ortega, ahora en el exilio, tienen como objeto la comercialización y exportación de alimentos, terreno en el que involucra la fiscal a Ibrahim y a Reyes por la compra estatal de comida con sobreprecios para Venezuela. Pero no consta que la exfiscal haya implicado oficialmente por el momento a dichas sociedades españolas en esa trama.

El empresario Camilo Ibrahim.

Por su parte, Camilo Ibrahim tiene una decena larga de empresas en Panamá: La Gran Familia Zona Libre SA, Maroa Commercial Corporation, Luxpan DFS, Uptown, Aukan, Phoenix Trade Offshore, Rugby Z.L., Sportex Zona Libre, Great Wall Enterprise Offshore, Venchicat Capital, Sometimes, Aishop SA, y Baru Overseas Investment. Abundan informaciones en la Prensa venezolana que vinculan tal trama panameña con la compra fraudulenta de alimentos, pero no constan sentencias condenatorias ni procesos abiertos hasta la fecha. Reyes e Ibrahim llegaron a ser citados a declarar en 2018 por una comisión de investigación de la opositora Asamblea Nacional Venezolana por el fraude de las compras de alimentos. Los empresarios negaron cualquier vinculación con tal trama durante su comparecencia.

En otra de las empresas investigadas por la exfiscal venezolana, Grupo Inmobiliario 455, Ibrahim comparte consejo con Dianeth Isabel de Matos y José Eugenio Silva que figuraban en empresas offshore de la hermana del exvicepresidente español Rodrigo Rato y de Fabricio Correa, hermano del presidente de Ecuador, de cuyo Gobierno recibió contratos por más de 80 millones de dólares.

Febres Cordero

En otra de las sociedades radicadas en Panamá, Venchicat, Camilo Ibrahim coincide con Claudia Febres Cordero, hija de Siro Febres Cordero Salas, vinculado al sector bancario en el gobierno del expresidente venezolano Carlos Andrés Pérez. La prensa venezolana la retrata así: “Es esposa de Gustavo Gómez López, aliado de Pedro Tinoco (ex presidente del Banco Central de Venezuela) y actualmente prófugo de la justicia venezolana por el caso Banco Latino”.

Luisa Ortega, Fiscal General de Venezuela. 

Sin embargo, Claudia Febres se define como “abogada experta en temas inmobiliarios, habiendo participado en la estructuración legal de proyectos que abarcan más de 150.000 metros cuadrados de construcciones, condominios de centros comerciales, complejos de viviendas, promociones de urbanismos y otras modalidades. Abogada litigante ante el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, entre otros casos, como defensora de Gustavo Gómez López por juicios vinculados a la crisis financiera venezolana de 1.994/95. Actualmente ejerce la asesoría legal y técnica de varias empresas nacionales e internacionales”. 

Claudia Febres ha explicado a elcierredigital.com que "sobre el señor Camilo Ibrahim puedo informarles que en el año 2013 se constituyó una sociedad panameña denominada VENCHICAT S.A, cuyo único objeto fue el desarrollo de un sistema de ventas de productos occidentales por internet, en el mercado de China. El grupo liderado por el Sr Ibrahim efectuó una inversión en esta iniciativa, que lamentablemente fracasó y para la fecha, la sociedad VENCHICAT S.A. no tiene actividad ninguna, ni patrimonio. Mi participación en la misma fue minoritaria y no operativa. Con esto deseo explicarle que mi relación personal con el Sr Ibrahim, en el universo de las inversiones del mismo, ha sido marginal y distante: Llevo más de cinco años sin tener comunicación con él. Con respecto a mi marido Gustavo Gómez López, me complace informarle que, fue "encontrado"... y declarado inocente".

Por todos estos datos la financiación del Gobierno de Pedro Sánchez a Plus Ultra resulta sorprendente, pero no solo por los socios de Plus Ultra sino, sobre todo, a tenor de las acusaciones de la fiscalía venezolana y de EEUU. También por la cuantía de la ayuda. El gobierno de Sánchez detalla así su rescate. “El Consejo de Ministros ha aprobado ayudas con cargo a este fondo para la compañía Plus Ultra Líneas Aéreas. El importe asciende a un total de 53 millones de euros, que se canalizará a través de un préstamo participativo de 34 millones y un préstamo ordinario de 19 millones. La empresa dispondrá de un plazo máximo de siete años para amortizar en su totalidad los préstamos recibidos”. Esteban González Pons, vicepresidente del Grupo Popular europeo, ha solicitado que la UE revise si tal ayuda está debidamente controlada y si es legal.

Por otra parte, la cuantía llama la atención por la escasa plantilla beneficiada. “El tipo de cliente de Plus Ultra es distinto al de otros competidores, centrándose en residentes en España u otros destinos que viajan principalmente a visitar familiares o por ocio, además de también turismo. Su oferta, por tanto, cubre un ámbito de servicios en el mercado complementario a los que proporcionan las empresas de mayor tamaño. Además, la compañía emplea a 345 trabajadores directos, mientras los puestos de trabajo indirectos generados por su actividad superan los 2.500 empleos”. La ratio de millón de euros público recibido por empleado indirecto, 21.200 euros, no precisan análisis, hablan por si solos.