Operación Plus Ultra: Estos son los empresarios vinculados a la aerolínea de Venezuela beneficiada con 53 millones por el Gobierno español

Hace unos dias el Gobierno español concedía 53 millones de euros de rescate a la línea aérea Plus Ultra, controlada por Rodolfo Reyes, socio del empresario Camilo Ibrahim. Ambos nombres fueron ligados el pasado año al entramado financiero del grupo de testaferros de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, según  las inverstigaciones de la exfiscal general del Estado venezolana Luisa Ortega. Tanto Reyes como Ibrahim coinciden como socios en dos empresas españolas.

Rodolfo Reyes es consejero y accionista de Plus Ultra Líneas Aéreas, empresa a la que el Gobierno de Sánchez ha concedido un rescate de 53 millones de euros. Pero además coincide en el consejo de administración con Carlos Ibrahim en dos empresas españolas creadas una, el 23 de diciembre de 2020 (Alimentos Los Páramos) y otra, el 28 de noviembre de 2018 (la compañía de Bocono y Biscucuy). Esta última ha llegado a compartir domicilio y sede con Plus Ultra, según consta en el registro mercantil.

                                                                Rodolfo Reyes y el empresario Alfredo Cohen.

En dichas empresas también coinciden con Ibrahim otros dos cargos de Plus Ultra: Roberto Roselli Miele y El Arigie Harbie Raif. Aunque Plus Ultra logró el permiso para operar en España en 2015, con apenas dos Airbus y tras cinco años de peleas con las autoridades españolas, la financiación estatal sólo le ha llegado después de la creación de nexos empresariales en España entre Reyes e Ibrahim y bajo la administración socialista. Este diario, mediante emails, ha trasladado a Reyes el deseo de contar con su versión y la de su socio Ibrahim respecto de las acusaciones de la fiscal. No hubo respuesta.

Plus Ultra Líneas Aéreas. 

Ambas empresas compartidas por dichos presuntos testaferros de Maduro, según la exfiscal Luisa Ortega, tienen como objeto la comercialización y exportación de alimentos, terreno en el que involucra la fiscal a Ibrahim y a Reyes por la compra estatal de comida con sobreprecios para Venezuela. Pero no consta que la exfiscal haya implicado oficialmente por el momento a dichas sociedades españolas en esa trama.

El empresario Camilo Ibrahim.

Por su parte, Camilo Ibrahim tiene una decena larga de empresas en Panamá: La Gran Familia Zona Libre SA, Maroa Commercial Corporation, Luxpan DFS, Uptown, Aukan, Phoenix Trade Offshore, Rugby Z.L., Sportex Zona Libre, Great Wall Enterprise Offshore, Venchicat Capital, Sometimes, Aishop SA, y Baru Overseas Investment. Abundan informaciones en la Prensa venezolana que vinculan tal trama panameña con la compra fraudulenta de alimentos, pero no constan sentencias condenatorias ni procesos abiertos hasta la fecha. Reyes e Ibrahim llegaron a ser citados a declarar en 2018 por una comisión de investigación de la opositora Asamblea Nacional Venezolana por el fraude de las compras de alimentos. Los empresarios negaron cualquier vinculación con tal trama durante su comparecencia.

El clan de los Mouwad

En una de estas sociedades panameña, Maroa, Ibrahim coincide con M. A. M. La prensa venezolana ofrece el siguiente retrato suyo: “M. A. M., cédula de identidad (...), está señalado e investigado por el gobierno de los Estados Unidos, por presuntas irregularidades a través del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes). Reside en una lujosa mansión en Miami Beach, en el estado de Florida, con su esposa e hijos, desde 2017. La fortuna de M. A. M. ascendería a 2.000 millones de dólares. El investigado es hijo de Romeo Mouawad, vinculado al chavismo y que gracias a esta conexión logró obtener millones y millones de dólares”.

El clan de los Mouawad fue acusada en EEUU en la investigación sobre el financiero venezolano Francisco Illarramendi. Según una demanda del fiscal John Carney la familia integrada por Romeo Mouawad, su esposa, su hija Tania y su hijo M. A. M. utilizaron tres empresas que establecieron en las Islas Vírgenes Británicas (BVI) y en Belize, para recibir más de 71 millones de dólares en fondos transferidos por Illarramendi.

Los papeles de dicho juicio son claros: “M. A. M., M. Holding y Horion recibieron más de 71 millones de dólares en transferencias fraudulentas. M. A. M. y su familia, a menudo en concierto con el amigo de la infancia de Illarramendi, Montelli, establecieron empresas pantalla para enriquecerse a sí mismos y a las entidades que controlan. Montelli es un contador (auditor) público venezolano que facilitó el esquema de Illarramendi al ayudar a los socios de HVP (High View Partners) a asegurar las inversiones mediante el fraude”. Entre los fondos de inversores que manejaba Ilaramendi en la firma MKG, objeto del masivo saqueo, se encontraban 540 millones de dólares de pensiones de la empresa nacional petrolera venezolana PDVSA. Se cree que Illaramendi generó un agujero de cientos de millones de dólares con falsos préstamos y transferencias opacas, como las recibidas por los Mouawad.

M. A. M. no sólo posee una decena de empresas en Panamá. También opera en Santo Domingo y en Estados Unidos. Posee dos sociedades en República Dominicana: Regalos and M y S and M Bang, vinculadas a relojes de lujo, entre otros. Y otras tantas en el estado norteamericano de Florida: Mima Holding LLC, MJ Air Services.

Los Mouawad también resultaron implicados en una segunda operación fraudulenta en Estados Unidos para financiar un hotel de lujo. Una demanda de “15 millones de dólares contra Walter Luciano Stipa Sprecase, quien junto con la familia Mouawad, es dueño del Hotel Ritz Carlton en Aruba”. La justicia norteamericana define así al patriarca del clan, Romeo Mouawad: “Es un ciudadano venezolano y un financiero adinerado que opera una firma de corretaje internacional y mantiene importantes conexiones políticas en Venezuela. Logró un éxito financiero significativo durante los primeros años de la administración de Hugo Chávez y mantiene conexiones con funcionarios de alto rango que anteriormente sirvieron bajo Chávez". Tanto Romeo Mouawad como su hijo han recibido millonarias transferencias a través de sus empresas. Miguel posee un condominio multimillonario en Nueva York, según las investigaciones de la Justicia de EEUU.

M. A. M.sufrió un particular escrache en 2017 en un restaurante de Miami por parte de una compatriota. “Nosotros mamándonos el g (…) en Venezuela, la gente no tiene qué comer y ustedes robando dinero y miren dónde se gastan. ¡Qué bolas! Ladrones de mierda que está aquí disfrutando”. La prensa le atribuye una gran amistad con el extesorero de Venezuela, Alejandro Andrade, y le vincula con irregularidades en el Banco de Desarrollo y Económico y Social (Bandes). Le tildan de ser uno de los 15 boliburgueses más adinerados.

En otra de las empresas investigadas por la exfiscal venezolana, Grupo Inmobiliario 455, Ibrahim comparte consejo con Dianeth Isabel de Matos y José Eugenio Silva que figuraban en empresas offshore de la hermana del exvicepresidente español Rodrigo Rato y de Fabricio Correa, hermano del presidente de Ecuador, de cuyo Gobierno recibió contratos por más de 80 millones de dólares.

Febres Cordero

En otra de las sociedades radicadas en Panamá, Venchicat, Camilo Ibrahim coincide con Claudia Febres Cordero, hija de Siro Febres Cordero Salas, vinculado al sector bancario en el gobierno del expresidente venezolano Carlos Andrés Pérez. La prensa venezolana la retrata así: “Es esposa de Gustavo Gómez López, aliado de Pedro Tinoco (ex presidente del Banco Central de Venezuela) y actualmente prófugo de la justicia venezolana por el caso Banco Latino”.

Luisa Ortega, Fiscal General de Venezuela. 

Sin embargo, Claudia Febres se define como “abogada experta en temas inmobiliarios, habiendo participado en la estructuración legal de proyectos que abarcan más de 150.000 metros cuadrados de construcciones, condominios de centros comerciales, complejos de viviendas, promociones de urbanismos y otras modalidades. Abogada litigante ante el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, entre otros casos, como defensora de Gustavo Gómez López por juicios vinculados a la crisis financiera venezolana de 1.994/95. Actualmente ejerce la asesoría legal y técnica de varias empresas nacionales e internacionales”. 

Claudia Febres ha explicado a elcierredigital.com que "sobre el señor Camilo Ibrahim puedo informarles que en el año 2013 se constituyó una sociedad panameña denominada VENCHICAT S.A, cuyo único objeto fue el desarrollo de un sistema de ventas de productos occidentales por internet, en el mercado de China. El grupo liderado por el Sr Ibrahim efectuó una inversión en esta iniciativa, que lamentablemente fracasó y para la fecha, la sociedad VENCHICAT S.A. no tiene actividad ninguna, ni patrimonio. Mi participación en la misma fue minoritaria y no operativa. Con esto deseo explicarle que mi relación personal con el Sr Ibrahim, en el universo de las inversiones del mismo, ha sido marginal y distante: Llevo más de cinco años sin tener comunicación con él. Con respecto a mi marido Gustavo Gómez López, me complace informarle que, fue "encontrado"... y declarado inocente".

Por todos estos datos la financiación del Gobierno de Pedro Sánchez a Plus Ultra resulta sorprendente, pero no solo por los socios de Plus Ultra sino, sobre todo, a tenor de las acusaciones de la fiscalía venezolana y de EEUU. También por la cuantía de la ayuda. El gobierno de Sánchez detalla así su rescate. “El Consejo de Ministros ha aprobado ayudas con cargo a este fondo para la compañía Plus Ultra Líneas Aéreas. El importe asciende a un total de 53 millones de euros, que se canalizará a través de un préstamo participativo de 34 millones y un préstamo ordinario de 19 millones. La empresa dispondrá de un plazo máximo de siete años para amortizar en su totalidad los préstamos recibidos”. Esteban González Pons, vicepresidente del Grupo Popular europeo, ha solicitado que la UE revise si tal ayuda está debidamente controlada y si es legal.

Por otra parte, la cuantía llama la atención por la escasa plantilla beneficiada. “El tipo de cliente de Plus Ultra es distinto al de otros competidores, centrándose en residentes en España u otros destinos que viajan principalmente a visitar familiares o por ocio, además de también turismo. Su oferta, por tanto, cubre un ámbito de servicios en el mercado complementario a los que proporcionan las empresas de mayor tamaño. Además, la compañía emplea a 345 trabajadores directos, mientras los puestos de trabajo indirectos generados por su actividad superan los 2.500 empleos”. La ratio de millón de euros público recibido por empleado indirecto, 21.200 euros, no precisan análisis, sólo gafas de sol. Claro, que si la misma cuenta la trasladamos a los empleados directos, cada empleo ha sido subvencionado con 153.000 euros.