La presunta estafa del expresidente del Banco Popular, Ángel Ron: Cuentas falseadas para ocultar un agujero millonario

Giro de 180 grados en el 'caso Banco Popular', que tenía visos de cerrarse en falso y desde este lunes va camino de comprometer a los que fueran responsables de la entidad de crédito quebrada y absorbida por el Banco Santander en 2017 por un euro. 

La instrucción llevada a cabo por el juez José Luis Calama, de la Audiencia Nacional, intuye, en relación a la ampliación de capital de 2016, que los miles de inversores que acudieron a la misma fueron engañados, porque los estados financieros "no reflejaban la imagen fiel del balance ni del patrimonio". 

El auto afirma que los máximos responsables del Popular, con su entonces presidente Ángel Ron al frente, "alteraron conscientemente su balance y su cuenta de resultados, ofreciendo al mercado una información falsa que, sin duda, distorsionaba la toma de decisiones de inversión". 

Calama, tras 6 años de investigación, ha impulsado un cambio de vientos en el caso al anunciar que habrá un auto de transformación que implica que la causa no se archive. Además, propone a Anticorrupción y afectados que presenten escritos de acusación. 

La gran duda que flota en el sector bancario español es saber si Calama mantendrá al Banco Santander como responsable civil subsidiario de una estafa promovida a través de la controvertida ampliación de capital respaldada por un folleto en el que, según el auto de 178 páginas, se ofreció "una información financiera conscientemente alterada (que ocultaba a los inversores enormes déficits de provisiones) entresacada de las cuentas anuales del año 2015 (auditadas por PwC) y de los estados financieros a 31.03.2016 (con informe limitado de dicha auditora)". 

En los balances del Popular del 31 de diciembre de 2015 y del 31 de marzo de 2016 se ocultaron provisiones que, de haber sido añadidas, según el instructor, "el resultado contable de la cuenta de pérdidas y ganancias habría arrojado como mínimo 2.500 millones de pérdidas, en vez de los beneficios declarados". 

De la sombra de estafa se escapa el sucesor de Ron en la presidencia, Emilio Saracho, que tomó "posesión efectiva el 20 febrero de 2017, no teniendo ninguna intervención en las vulneraciones de la normativa contable a que hemos hecho referencia". "Por el contrario, tomó medidas para chequear y evaluar el balance del banco".

Saracho también se libra de la principal acusación que pesaba sobre él: realizar filtraciones a la prensa para provocar una fuga de depósitos que facilitaron el final definitivo del Popular.

Ron recurrirá el auto al sentirse perjudicado

"Recurriré el auto porque no se corresponde con lo que se ha instruido y porque las conclusiones no se corresponden con los hechos declarados", se apresuró ayer a señalar Ángel Ron tras saberse acusado de falsear las cuentas. 

El banquero asegura que en 2016 reforzó "los niveles de solvencia y provisiones" y, en el que puede considerarse como su argumento más sólido, recuerda que la ampliación de capital también fue suscrita por directivos y miembros del Consejo por un importe de 500 millones de euros. "Soy un perjudicado de lo que considero un expolio del Banco Popular", añadió. 

Oficina del Banco Popular. 

Ron señala que la solvencia del Popular fue avalada por los peritos del Banco de España, que afirmaron en 2019 que "las pérdidas sufridas por los inversores son consecuencia de la decisión administrativa de resolver la entidad y proceder a su venta a través de un procedimiento de subasta competitiva". 

Sobre su posible decisión de esconder créditos dudosos para evitar provisionar grandes cantidades con el fin de asegurar operaciones de riesgo, añade: "No conozco caso alguno que habiendo certificado unos peritos judiciales la existencia de irregularidades tales, la investigación se centre en una ampliación que reforzó el Banco y no en la resolución que de manera irregular acabó con él". 

"No había agujero alguno en las cuentas de 2015 que dieron base a la ampliación de capital de 2016", sostiene, asegurando que "desde una perspectiva contable esta simulación no tiene soporte regulatorio y por tanto no cabe la exigencia de una corrección en la cuenta anual de pérdidas y ganancias del ejercicio 2015 ni 2016". 

El banquero califica su labor al frente del Popular de "trabajo arduo, muy profundo y riguroso" y asegura que exhibirá "pruebas demoledoras" para batallar contra las tesis del instructor, que desliza estafa y falsedad contable. 

Créditos fiscales y negativa a ser rescatados por el FROB: historia de un escándalo

La Audiencia Nacional investiga la presunta estafa que cometió la cúpula del Popular cuando en 2016 realizaron una ampliación de capital. Cabe recordar que al año siguiente de este proceso el banco fue intervenido tras quedarse sin liquidez y fue adquirido por solo un euro por el Santander, que se hizo con los 5.000 millones de créditos fiscales que atesoraba su antiguo rival. 

El banco de los Botín recibió, nada más acceder a la sala de máquinas del entonces sexto banco de España, 500 millones de Hacienda de estos créditos fiscales (que son sumas que se acumulan en pérdidas y sirven principalmente para rebajar el pago del Impuesto de Sociedades). 

El ministro de Economía tanto en 2012 como en 2017 era Luis de Guindos, que aseguró que el rescate del Popular no iba a costar "ni un duro a los españoles", alarmados por el gigantesco socavón provocado por la banca (el FROB, 'banco malo', ha reconocido pérdidas superiores a 45.000 millones de euros derivadas por rescates bancarios). 

El expresidente del Popular, Ángel Ron, se negó a ser rescatado ni por el FROB ni por la SAREB, "que hubiera digerido parte de los 33.000 millones de euros de activos inmobiliarios tóxicos que acabaron llevándose por delante a la entidad", aseveran fuentes del sector.

El Santander puede librarse a pesar de que ha sido condenada por 'fechorías' del Popular

La dulce digestión del Banco Popular por parte del Banco Santander llamó la atención por la presunta estafa a los accionistas del primero que no vieron ni un solo euro mientras la entidad de crédito de los Botín se hacía con sus activos por tan solo 1 euro. 

Y es que un fallo en 2022 del Tribunal Supremo ratificó las sentencias del Juzgado de Primera Instancia 5 de Pamplona y de la Sección Tercera de la Audiencia navarra en favor de un empresario navarro al que el Banco Popular presuntamente estafó. 

La víctima fue Juan González, que tuvo que ser indemnizado con 4,5 millones de euros por el Santander porque el Popular le vendió un producto tóxico que le hacía perder dinero de la venta de una empresa familiar con casi total seguridad. 

Más dudas existen si la decisión del juez Calama implicará que el Santander sea declarado como responsable civil subsidiario.