Elecciones 23-J: Denuncian "un pucherazo híbrido en tres vertientes por parte de Sánchez"

Las Elecciones Generales del 23 de julio podrían haber sido fraudulentas en un atentado contra el descanso estival y el derecho a la salud de los españoles. Además, el abogado Guillermo Rocafort observa que “no se han llevado a cabo en las Juntas Electorales Provinciales los escrutinios generales como obliga la Ley. Por lo tanto, estamos ante un pucherazo híbrido del partido de Pedro Sánchez”.

Por todo esto Rocafort decidió tramitar una reclamación al Defensor del Pueblo que fue admitida el 14 de agosto. “El Defensor del Pueblo debe instar a la anulación de las elecciones a instancia de mi presente denuncia y de los hechos que relato”; reclama Rocafort. Este fraude denunciado por Guillermo Rocafort cuenta con tres vertientes distintas:

"No se realizaron los escrutinios generales"

La primera de estas vertientes es el hecho de que no se hayan llevado a cabo los escrutinios generales en las Juntas Electorales Provinciales tal y como establece la Ley. “Esto significa que no se han sumado las actas de las votaciones de las mesas electorales al margen de la aplicación de Indra, empresa privada encargada del escrutinio provisional, sino que lo que se ha hecho es dar por bueno el escrutinio provisional que llevó a cabo la empresa la noche electoral sin ponerlo en duda”; indica Rocafort en una conversación con elcierredigital.com.

El abogado explica que “es fundamental que el Defensor del Pueblo obligue a las Juntas Electorales Provinciales a realizar los escrutinios generales que establece la Ley con todas sus garantías, pues sólo así el sistema electoral tendrá la debida integridad electoral. Lo que está ocurriendo es que por vaguería y dejadez se están considerando válidos los votos recontados por Indra. Nos dejamos llevar por la urgencia de conocer lo antes posible los resultados electorales aunque sea sin las debidas garantías de integridad electoral”.

Pedro Sánchez y una urna electoral.

Rocafort señala en un artículo de El imparcial que “en ningún lugar de la Ley Electoral se dice que los cómputos de votos que efectúa Indra en la noche electoral tienen presunción de veracidad, es más, lo que hace Indra es una simple suma de votos como la que podría hacer cualquier particular; lo extraño es que las Juntas Electorales reconozcan dichos cómputos provisionales como el resultado definitivo, y conviertan los escrutinios generales en un acto formal sin contenido electoral material o sustancioso con plenas garantías”.

“Que ocurra esto en 2023 es algo vergonzoso porque supone un gran riesgo y cierta escasez respecto a la integridad electoral. Habría que sacar a Indra de la ecuación electoral, ya que su presencia como empresa privada en el escrutinio es una anomalía democrática. Lo que hace Indra lo tendrían que hacer los funcionarios públicos o al menos el presidente de la mesa electoral”; observa Rocafort. 

A modo de ejemplo en Melilla si se han comprobado las actas y se ha realizado este escrutinio general, ya que solamente hay unas 50 mesas. Tras el escrutinio general realizado en Melilla se ha demostrado que en el escrutinio provisional a VOX le había quitado 100 votos y a Sumar le habían dado 50 votos de más.

"Se ha incumplido el derecho al descanso de los españoles"

La segunda vertiente señalada por Rocafort es que se ha obligado a los españoles a votar en pleno descanso estival, algo que podría haber incumplido el derecho al descanso de los españoles. 

Rocafort reclama que “los españoles tenemos derecho al descanso y a unas vacaciones sin más obligaciones que las mínimas exigibles. El realizar unas elecciones en la fecha indicada ha lesionado el derecho al descanso de los españoles, así como ha sido utilizado para adulterar sus resultados pues obviamente hay mucha gente que ha antepuesto su derecho al descanso frente a las elecciones y ha decidido no votar”.

"Se ha lesionado gravemente el derecho a la salud"

La última vertiente de este supuesto “pucherazo híbrido” es que las elecciones se han realizado “lesionando gravemente el derecho a la salud de los españoles pues se nos ha expuesto a temperaturas que rondan entre 35 y 40 grados durante la jornada electoral del 23-J, especialmente en Andalucía donde esta prohibido realizar elecciones en los meses estivales por este motivo”; argumenta Guillermo Rocafort.

Guillermo Rocafort.

“Además, las personas que han estado en las mesas electorales toda la jornada de votaciones y en los cómputos de los votos por parte de Indra tras el cierre de las mesas han estado sometidos a condiciones infernales, lo que lesiona sus derechos laborales esenciales, algo que también ha perjudicado la integridad electoral pues el ambiente asfixiante por el calor de la jornada ha sido el más propicio para cometer errores de cómputos y de todo tipo electoral”; concluye Guillermo Rocafort. 

Conviene recordar que el propio Defensor del Pueblo pidió a la inspección de trabajo más controles para proteger a los empleados ante altas temperaturas.