La Fiscalía estudia la 'inacción' del Alcalde de Íllora tras los asaltos a viviendas gitanas este verano

El 7 de marzo han declarado como testigos ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº2 de Loja, en Granada, cinco de los guardias civiles que actuaron en los altercados ocurridos en Íllora, después de que un joven de 19 años falleciera tras ser golpeado mortalmente durante la feria de la localidad. Según la declaración de uno de estos guardias civiles, los asaltos a casas de familias gitanas no se podían prever y los altercados ocurridos se hubieran producido igualmente de contar con más efectivos.  Además, ha añadido que no se actuó contra los atacantes para evitar males mayores. 

La manifestación del 16 de agosto de 2022 fue promovida por varios medios de comunicación, por políticos del Ayuntamiento a través de redes sociales y por el propio alcalde de Íllora, que eran conocedores de que las casas de familias gitanas se situaban a menos de 500 metros del lugar de la concentración.

Durante esta concentración un grupo de radicales violentos, de unas 400 personas, se dividió en varios subgrupos que, simultáneamente, iban destrozando una a una las casas de las familias gitanas afectadas, tal y como ha certificado hoy la máxima autoridad de la Guardia Civil, que estaba en ese momento en la Comandancia de Íllora. 

Como consecuencia de estos ataques, las familias gitanas fueron desterradas, quedando totalmente desamparadas. Ante estas circunstancias, la Sociedad Gitana Española hizo llegar una denuncia a la Fiscalía Superior de Justicia de Andalucía que, inmediatamente, aperturó Diligencias de Investigación.

Desde la Sociedad Gitana Española argumentan que “las declaraciones de estos cinco agentes van en la misma línea. Alguno de ellos ha dicho que lleva más de 30 años de ejercicio, y entonces me pregunto cómo puedes llevar tanto tiempo siendo agente y no eres capaz de afrontar y establecer un dispositivo adecuado para una manifestación de tales magnitudes. Podemos dar las gracias por que no hay fallecimientos, porque la intención de ese grupo organizado era hacer daño a las personas gitanas. Cabe remarcar que la Policía Local echó la culpa a la Guardia Civil de Íllora, que a su vez ha echado la culpa a sus superiores. Por todo esto hemos solicitado que vengan a declarar los superiores, ya que a lo mejor los superiores echan la culpa a la subdelegada del Gobierno”, manifiesta el presidente de la asociación, Sinaí Giménez.

"Se debe encontrar a los culpables"

Elcierredigital.com ha contactado con Sinaí Giménez, presidente de la asociación Sociedad Gitana Española, que explica que “todos ellos sabían que podían producirse altercados, ya que los concentrados superaban las 2.000 personas. A pesar de que a las 12.00 horas de forma pública se hizo un llamamiento popular a la participación de una concentración de repulsa donde vivía el supuesto agresor, este llamamiento se hizo a sabiendas de que la gente estaba caldeada, enfadada y nerviosa. A pesar de que la Guardia Civil y la Policía Local tenían conocimiento de esto y de que un mes antes en Peal del Becerro, Jaén, habían ocurrido concentraciones igualmente violentas y racistas, pidieron a sus superiores, es decir, a la comandancia de la Guardia Civil de Granada, que mandaran refuerzos para controlar esa situación, pero los superiores no los enviaron”. 

“Sin los refuerzos necesarios esa concentración se convirtió en un ataque organizado y sincronizado en el que se atentó contra las familias gitanas. Y como ellos no estaban, decidieron robar, quemar y destrozar viviendas y coches. Lo que fue una concentración promovida por el alcalde y varios concejales se convirtió en un atentado contra las casas de las familias gitanas. Tanto el cuartel de la Guardia Civil de Íllora como la Policía Local tenían conocimiento de que esto podía suceder. Y nosotros nos preguntamos cómo es posible que el alcalde promueva esta manifestación y no se tuviese previsto lo que podía ocurrir y que finalmente ocurrió” sostiene Sinaí. 

El presidente de la Sociedad Gitana Española reclama que “ya hay 17 o 18 imputados, pero tiene que haber muchos más. Además, vamos a solicitar la imputación de toda la cadena porque, a sabiendas de lo que podía ocurrir, no hicieron nada. También vamos a pedir la imputación del alcalde, ya que no tuvo en cuenta los antecedentes previos ni que una manifestación con la gente enfadada podía irse de madre. En todas las concentraciones se establece un dispositivo acorde a la cantidad de la gente y al riesgo de la manifestación, que en este caso era de alto riesgo. Esta manifestación requería un dispositivo de antidisturbios porque por un caso similar habían tenido lugar ataques a casas gitanas”. 

“Todo esto tiene culpa y hay culpables, a no ser que a alguien le interesara que eso ocurriera para expulsar a las familias gitanas del pueblo. En este caso estaríamos hablando de un ataque racista, que actualmente está contemplado en el Código Penal como antigitanismo. Las personas que han promovido este antigitanismo son individuos con cargos públicos y quienes no lo han evitado son las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Esto no puede salir gratis, aquí tiene que haber condenas para los que no han cumplido con su obligación y para los que han promovido este tipo de acciones” concluye Sinaí.