La medida de Ábalos sobre la propiedad privada provoca controversia jurídica: "Nunca una Orden ministerial puede llevar a interpretación"

La Orden ministerial TMA/336/2020, de 9 de abril, del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que dirige José Luis Abalos, por "la que se incorpora, sustituye y modifican sendos programas de ayuda del Plan Estatal de Vivienda 2018/2021, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 10, 11 y 12 del Real Decreto-Ley 11/2020 del 31 de marzo, por el que se adoptando medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19", ha provocado enfrentamientos y discrepancias sobre su posible inconstitucionalidad. Unos juristas afirman categóricamente que no existe y otros que sí es posible dada la literalidad de la mencionada Orden .

Esta Orden ministerial, dictada por el ministerio de José Luis Ábalos, indica que “la pandemia de COVID–19 está generando un fuerte impacto económico y social que, entre otros ámbitos, está afectando a los ingresos de muchos ciudadanos que, en calidad de arrendatarios, vienen ocupando sus viviendas habituales con los que hacían frente al pago de sus alquileres”.  Así se explica en el BOE de este 11 abril.

Y aquí ya surge el primer punto de choque y debate jurídico. Reconocidos juristas, además con activa presencia en la política nacional de España, que han sido consultados por elcierredigital.com, señalan que "lo que es cierto es que desde el Gobierno de Pedro Sánchez se está utilizando el Estado de Alarma para legislar sobre materias que no deberían hacerlo. Sanitariamente que hagan lo que sea preciso, acertarán o no, pero los españoles entendemos el confinamiento. Lo que no se puede compartir es que estén regulando sobre aspectos que tocan derechos fundamentales, ya sea la propiedad privada o el derecho al trabajo y otros. Considero imprescindible que funcione el estado, TODO, en mayúsculas, el legislativo y el judicial. ¡¡¿Cómo puede seguir la Justicia paralizada?!! Eso sí nos da miedo".

También para el letrado y profesor del departamento de Derecho Mercantil de la Universidad de Castilla La Mancha, Ubaldo González Garrote, "de una lectura pausada de la la Orden Ministerial TMA 336/2020 de 9 de abril que aparece en el BOE de 11-4-2020 encontramos una disposición realmente sorprendente, arbitraria y contraria a nuestra Constitución Española de 1978. La vivienda aunque no es un derecho fundamental, si es un bien de primera necesidad, y el propietario de una vivienda ostenta “erga omnes” y “ultra vires” un derecho de propiedad que, como tal, se trata de un derecho inexpugnable e inalienable desde el derecho romano, donde ya existía la propiedad", señala.

Punto 3 donde se detalla la solución habitacional

En cuanto a la "solución habitacional", recogida en el apartado 3 del citado Artículo 4, "las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y de Melilla pondrán a disposición de la persona beneficiaria una vivienda de titularidad pública, o que haya sido cedida para su uso a una administración pública, aunque mantenga la titularidad privada, adecuada a sus circunstancias en términos de tamaño, servicios y localización, para ser ocupada en régimen de alquiler, de cesión de uso, o en cualquier régimen de ocupación temporal admitido en derecho. Cuando no se disponga de este tipo de vivienda, la ayuda podrá aplicarse sobre una vivienda adecuada, de titularidad privada o sobre cualquier alojamiento o dotación residencial susceptible de ser ocupada por las personas beneficiarias, en los mismos regímenes".

Además, la cuantía de estas ayudas, recogidas en el apartado 4 de esta Orden ministerial, señala que “dentro de los límites de este programa y atendiendo a las circunstancias personales de la persona beneficiaria”, podrá alcanzar los siguientes importes:

"a. Hasta 600 euros al mes y hasta el 100 por ciento de la renta o precio de ocupación del inmueble, establecido. En supuestos debidamente justificados por el órgano concedente de la ayuda, podrá alcanzar hasta 900 euros al mes y hasta el 100% de la renta o precio de ocupación, establecido".

"b. Hasta 200 euros al mes para atender los gastos de mantenimiento, comunidad y suministros básicos con el límite del 100 por ciento de los mismos."

La determinación de la cuantía deberá contar con el informe favorable de los servicios sociales de la comunidad autónoma, de la ciudad de Ceuta y Melilla o de la administración local correspondiente.

Estas ayudas se podrán conceder, según dice la Orden ministerial del Departamento que dirige José Luis Ábalos, "por un plazo máximo de cinco años, pudiendo acumularse a los plazos anteriores, con efectos retroactivos, la cuantía necesaria para atender al pago del alquiler o los gastos de mantenimiento, comunidad y suministros básicos de los seis meses anteriores a los que la persona beneficiaria, en su caso, no hubiera podido hacer frente". 

Esta nueva Orden ministerial publicada en plena Semana Santa se une a la que hace escasos días, también durante el Estado de Alarma y confinamiento, publicó el BOE por indicación del Ministerio de Igualdad, regido por Irene Montero, en el que se concedían cerca de 900.000 euros a la Fundación Secretariado Gitano (FSG), en cuya directiva no hay ningún representante de esta etnia, para el "servicio para la asistencia y orientación a víctimas de discriminación por origen racial o étnico".