La comercialización ilegal de atún rojo en Andalucía y Levante producía beneficios superiores a los 12 millones de euros

La Guardia Civil hizo oficial el pasado lunes la detención de 79 personas que pertenecían a una red de comercio ilegal de atún rojo en el Levante y en el sur de España. Además, la Benemérita intervino 80.000 kilos de este pescado, cuyos beneficios podrían ascender hasta los 12 millones de euros anuales.

Las detenciones realizadas en Valencia, Murcia, Málaga y Algeciras (Cádiz) fueron posibles dentro del marco de la ‘Operación Tarantelo’, efectuada por los agentes del servicio de UCOMA Guardia Civil (Unidad Central Operativa de Medio Ambiente) de la Jefatura del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) y estuvo en todo momento bajo la coordinación de la Oficina Europea de Policía (EUROPOL).

La investigación se desarrolló bajo instrucción del Juzgado número 3 de los Picassent y con la Fiscalía de Medio Ambiente de Valencia.

Vídeo de la rueda de prensa de la 'Operación Tarantelo | Guardia Civil

Los agentes también contaron con el apoyo de los Carabinieri de Italia, de la Gendarmería Nacional Francesa y de agentes policiales de Malta, además de trabajar en coordinación con la Inspección de la Secretaría General de Pesca del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAPA).

Los agentes hallaron joyas, relojes y vehículos de alta gama

El operativo comenzó cuando se obtuvieron varias informaciones sobre posibles irregularidades en la pesca del atún rojo en el mar Mediterráneo. Según la Guardia Civil, además de los 79 detenidos y los 80.000 kilos incautados también se realizaron 59 registros e inspecciones.

Aparte del atún rojo también había medio millón de euros en efectivo, joyas, relojes y otros objetos de gran valor, como 7 vehículos de alta gama tasados en 600.000 euros. Los agentes encontraron también una gran cantidad de documentación que demostraría el ‘’blanqueo’’ en la comercialización de estos pescados y sus ganancias ilícitas.

Cuando los agentes avanzaban en la investigación comprobaron que las empresas se aprovechaban de la parte legal de su actividad empresarial para introducir una gran cantidad de peces cazados de manera ilegal.

Una actividad muy rentable

Según los cálculos realizados por los investigadores, el pescado que se comercializaba en negro superaría los 2.500.000 kilos, una cifra doble a la anual que llega desde Malta de forma legal, que supone unos 1.250.000 kilos.

Teniendo en cuenta que por cada kilo obtenían un beneficio mínimo de 5 euros, los datos señalaron que los delincuentes podrían haber obtenido ilegalmente un total de 12.500.000 euros al año.

La Guardia Civil ya incautó 45 toneladas en agosto

La Guardia Civil incautó 45 toneladas de atún congelado en La Coruña, Barcelona, Alicante y Cartagena (Murcia). Esta operación se llamó ‘Atunali’ y estaba dedicada a combatir el fraude que había en el comercio congelado.

La labor se saldó con cuatro personas investigadas, de entre 49 y 59 años, como autores de un delito contra la salud pública, falsedad documental y fraude a los consumidores. Los cuatro sujetos se enfrentaron a cuatro años de prisión cada uno, además de recibir sanciones administrativas.

Atún rojo incautado por la Guardia Civil | Guardia Civil

Al igual que ‘Tarantelo’, ‘Atunali’ contó con la colaboración de EUROPOL, pero también con la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL). La operación se inició en enero por agentes del SEPRONA de la Comandancia de Alicante.

En una primera inspección, los agentes de la Guardia Civil incautaron 10 toneladas de atún patudo, dentro de la operación ‘Thunnus Obesus’, por no disponer de la trazabilidad necesaria para su comercialización.

Más tarde, la Benemérita realizó otra operación llamada ‘Thunnus Albaceres’, donde los agentes incautaron varios lotes de atún congelado en un establecimiento mayorista.

Tras numerosas pesquisas, la Guardia Civil averiguó el origen del pescado, que se situaba en el océano Atlántico. El SEPRONA, en colaboración con la Red Europea de Fraude Alimentario, pudo determinar que los barcos que transportaban los pescados no tenían un sistema de congelado por inmersión en salmuera adaptado a la nueva legislación. Esto era peligroso para el consumo, pues para comercializar los peces deben estar congelados a temperaturas inferiores a -18º C.

Los barcos vendían el sobrante al mercado clandestino

Estos navíos, cuyo propósito era abastecer a empresas conserveras, destinaban los pescados que sobraban al mercado clandestino. Las distribuidoras compraban el atún a un precio demasiado inferior a su valor para capturas frescas.

En el fraude participaron otras tres empresas, así como tres armadores de los buques de captura de nacionalidad francesa, salvadoreña y panameña.

El atún tenía aditivos añadidos

El SEPRONA averiguó que, tras descongelar los atunes, los empresarios procesaban la carne inyectando cantidades de aditivos muy superiores a las recomendadas. El objetivo era que el atún tuviera un aspecto similar al atún fresco, con un propósito claro de engañar al consumidor.

El tipo de atún que se comercializaba | Guardia Civil

El fraude se completaba cuando el pescado, que estaba destinado a conserva y con un valor que no llegaba a los tres euros por kilo, se ponía a la venta como fresco por cantidades de hasta 14 euros por kilo.

La Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición emitió varios informes alertando del riesgo para la salud pública que puede generar el consumo de este atún con procesos irregulares de congelado. Estas asociaciones siguen con su batalla para acabar con este fraude alimenticio.