Preocupación máxima por el futuro de Santoña: La contaminación de su bahía sigue sin resolverse

El sector del marisqueo de la rica bahía de Santoña, encabezado por su Cofradía de Pescadores, vive con especial preocupación la reanudación del juicio que enfrenta a la empresa subcontratista del tramo del colector subfluvial que recogerá todas las aguas fecales (industriales y urbanas) de las localidades de la bahía y Tragsa, la empresa pública encargada de finalizar esta obra de enorme importancia social y medioambiental. 

La razón es simple. No se ven soluciones a corto plazo y si se espera a la sentencia del juicio, que no llegará nunca antes de finales de marzo o principios de abril del próximo año, se volvería a la misma situación del verano pasado, con casi toda la posibilidad de un nuevo cierre de la actividad marisquera.

La inacción por parte de la Administración

El problema es tan grave que, coincidiendo con la apertura del juicio a finales de octubre, se reunieron la Vicepresidenta del Gobierno de Cantabria, Eva Díaz Tezanos, con el Secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán. Tras la reunión, la Vicepresidenta del Gobierno Cántabro señaló que el Gobierno de España estaba intentando llegar a acuerdos extrajudiciales con las empresas, para poder reanudar cuanto antes las obras paralizadas: “El secretario de Estado nos ha informado de que el Gobierno de España está buscando un acuerdo extrajudicial entre las empresas, para que las diferencias económicas se resuelvan donde proceda pero no interfieran en la ejecución de la obra, de manera que se pueda reiniciar cuanto antes”, señaló entonces Eva Díaz Tezanos. 

 Eva Díaz Tezanos con Hugo Morán en la reunión del pasado 24 de octubre (Gobierno de Cantabria)

También anunció el compromiso del Ministerio de convocar, el pasado mes de noviembre una comisión de seguimiento en el ayuntamiento de Santoña. La realidad es que la comisión ni siquiera se ha convocado. Al parecer se espera la decisión judicial, pero de retrasarse esta, podría agravar el problema social, medioambiental y económico tras casi dos décadas de espera a una solución definitiva. 

Más de diecisiete años esperando una solución al vertido de aguas fecales

Aunque el conflicto entre Tragsa y la empresa subcontratista nace en noviembre de 2016, cuando la tuneladora que realiza el tramo subfluvial del colector rompió sus escudos de perforación por causas geológicas imprevistas, la toma en conciencia del grave problema e inicio de la ejecución de las obras comenzó en el año 2001. En mayo de ese año, la Confederación Hidrográfica del Norte (hoy segregada en la de Miño-Sil y en la del Cantábrico), inició el procedimiento para obtener la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto de saneamiento integral de las marismas, que recogiera las aguas residuales de todas las localidades ribereñas.

Bahía de Santoña y situación de la tuneladora paralizada desde noviembre de 2016 (El Cierre Digital)

Dos años más tarde, en mayo de 2003, se obtuvo la Declaración Ambiental con unos datos que ya entonces eran significativos: el colector recogería y tratarías las aguas residuales de una población de más de 194.000 habitantes. No hay que olvidar que además de los vertidos urbanos también recogería los provenientes de industrias, tan importantes en esta área, como la conservera.

A pesar de disponer del Informe Medioambiental favorable desde el año 2003, diez años después la obra continuaba sin ejecutarse. Es entonces, a finales del 2013, cuando la Administración General del Estado encarga directamente a la empresa pública Tragsa, medio propio de la Administración, la realización de la obra del colector interceptor general Santoña-Laredo-Colindres con dos objetivos: acelerar el proceso de contratación administrativa y solucionar cuanto antes el problema medioambiental. En enero de 2014 Tragsa convocó el concurso para subcontratar la obra del tramo subfluvial del colector que une, bajo el mar, Laredo con Santoña. Sin embargo, a pesar de la urgencia, Tragsa no firmó el acuerdo con la UTE subcontratista hasta diciembre del 2014, 11 meses después. La obra comienza pero en noviembre del 2016 se produce el accidente que inutiliza la tuneladora por un derrumbe del macizo rocoso, encima de los escudos de perforación del equipamiento. La UTE subcontratista de Tragsa intentó desde un principio buscar una solución para continuar y finalizar esta obra básica, pero tras no conseguir ningún avance, meses después en la primavera de 2017 demanda a Tragsa para desbloquear la situación en sede judicial. El juicio, se reanudará mañana día 27 de diciembre en el Juzgado de Primera Instancia nº 89 de Madrid, es crucial para el futuro de esta población marisquera.