28 de marzo de 2024
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FIN DE SEMANA

La Vicepresidenta de Cantabria, Eva Díaz Tezanos, y el Secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, se reunieron para desbloquear la situación

La alarma por el vertido de aguas fecales en la bahía de Santoña obliga al Ejecutivo central a buscar una solución urgente para reanudar las obras del colector

La Vicepresidenta de Cantabria con el Secretario de Estado de Medio Ambiente en la reunión del día 24
La Vicepresidenta de Cantabria con el Secretario de Estado de Medio Ambiente en la reunión del día 24
Este noviembre, justo 24 meses después de que un derrumbe paralizara la tuneladora que iba a unir las dos márgenes del colector subfluvial entre Laredo y Santoña, se pondrá en marcha una comisión que marcará el calendario de reanudación de las obras cuya paralización está causando un deterioro medioambiental en una zona protegida

Tal y como adelantó El Cierre Digital, la situación medioambiental de las aguas de la bahía de Santoña ha provocado la alarma social y las protestas entre mariscadores y pescadores de este enclave, de enorme valor medioambiental, que desde el año 1992 es Parque Natural. No solo eso, la riqueza y biodiversidad de esta zona es tan importante, a nivel europeo, que está calificada como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) y Humedal de Importancia Internacional del Convenio de Ramsar. Un entorno tan delicado que ya se vio afectado por la contaminación provocada por la marea negra del Prestige en el año 2002.

Más allá de accidentes puntuales, como el que se produjo por el hundimiento del petrolero, el problema principal que sufre la bahía es recurrente y ya hizo saltar las alarmas hace casi dos décadas: los vertidos urbanos e industriales que van a parar, directamente sin tratar, a la marisma.

Toda la riqueza pesquera y marisquera de la zona ha sufrido tal deterioro que incluso la Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación de Cantabria prohibió el marisqueo en toda la zona, por concentración elevada de bacterias en los moluscos este pasado verano. En el mes de agosto no había ninguna zona en todo el humedal de Santoña que no tuviera niveles elevados de Escherichia Coli, la bacteria que habita las heces y que es un indicador claro de la presencia de vertidos fecales en el agua. La situación ha llevado a que las mariscadoras, agrupadas en la Cofradía de Pescadores "Nuestra Señora del Puerto" de Santoña, y distintas organizaciones ecologistas se estén planteado acudir a instancias europeas para solucionar de una vez por todas este grave problema.

Diecisiete años esperando el saneamiento de las aguas residuales

La desesperación de los vecinos es más que comprensible si tenemos en cuenta que los vertidos fecales tienen su origen hace muchos años. En mayo del 2001, la Confederación Hidrográfica del Norte (hoy segregada en la de Miño-Sil y en la del Cantábrico), inició el procedimiento para obtener la Declaración de Impacto Ambiental para un proyecto de saneamiento integral de las marismas, que recogiera las aguas residuales de todas las localidades ribereñas.

Dos años más tarde, en mayo de 2003, se obtuvo la Declaración Ambiental con unos datos que ya entonces eran significativos. Las aguas residuales que recogería y trataría eran de una población real de 194.000 habitantes. No hay que olvidar que además de los vertidos urbanos también recogería los provenientes de industrias tan importantes en esta área como la conservera.


Por culpa de la paralización del tramo subfluvial los vertidos urbanos e industriales siguen llegando a la Marisma (El Cierre Digital).

El proyecto se basaba en la construcción de colectores que recogen las aguas vertidas en las diferentes poblaciones conduciéndolos a la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de San Pantaleón. Desde allí, una vez tratadas, se construiría un emisario submarino de 3 Kilómetros que devolvería el agua recuperada al mar.

 Una obra parada que se adjudicó a Tragsa por su urgencia

A pesar de disponer del Informe Medioambiental favorable desde el año 2003, diez años después la obra continuaba sin ejecutarse. Es entonces, a finales del 2013, cuando la Administración General del Estado encarga directamente a la empresa pública Tragsa, medio propio de la Administración, la realización de la obra del colector interceptor general Santoña-Laredo-Colindres con dos objetivos. El primero, evitar el lento proceso de contratación administrativa y el segundo, solucionar cuanto antes el problema medioambiental. En enero de 2014 Tragsa convocó el concurso para subcontratar la obra del tramo subfluvial del colector que une, bajo el mar, Laredo con Santoña.

Pero, a pesar de la urgencia, no se firma el acuerdo con el subcontratista hasta diciembre del 2014, 11 meses después. La obra comienza, pero en noviembre del 2016 se produce el accidente que inutiliza la tuneladora por un derrumbe del macizo rocoso encima de los escudos de perforación del equipamiento. El subcontratista intentó desde un principio buscar una solución para continuar y finalizar esta obra básica pero tras no conseguir ningún avance, meses después en la primavera de 2017, demanda a Tragsa para desbloquear la situación en sede judicial. Este parón no ha hecho más que empeorar la situación. Al problema de los vertidos fecales se añade ahora uno nuevo: el riesgo de corrosión de las estructuras metálicas de la propia tuneladora al encontrarse en agua salada desde hace dos años, con perdida de aceites y grasas de mantenimiento.

Tras no conseguir ningún avance, el inicio del juicio el pasado 22 de octubre y la enorme presión social han conseguido que por fin la administración vuelva a mover ficha.

 Reunión entre el Gobierno Central y el Gobierno de Cantabria

El miércoles 24 de octubre se reunieron la Vicepresidenta del Gobierno de Cantabria, Eva Díaz Tezanos, con el Secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán. Tras la reunión la Vicepresidenta del Gobierno Cántabro ha señalado que el Gobierno de España está intentando llegar a acuerdos extrajudiciales con las empresas para poder reanudar cuanto antes las obras paralizadas y ha anunciado el compromiso del Ministerio a convocar en el mes de noviembre una comisión de seguimiento en el ayuntamiento de Santoña. Esta comisión informará de los acuerdos adoptados con las empresas y especialmente el calendario de reanudación de las obras del subfluvial, el único tramo del saneamiento integral de la comarca sin terminar, que están causando un enorme daño a la marisma cántabra.

“El secretario de Estado nos ha informado de que el Gobierno de España está buscando un acuerdo extrajudicial entre las empresas para que las diferencias económicas se resuelvan donde proceda, pero no interfieran en la ejecución de la obra, de manera que se pueda reiniciar cuanto antes”, ha explicado Díaz Tezanos. Un buen propósito, que hace falta que se haga realidad y que en todo caso llega muy tarde, tras 24 meses en los que Tragsa, con Elvira Rodriguez al frente, no hizo nada para acabar la obra y evitar las consecuencias que hoy afectan a la bahía de Santoña y sufren sus habitantes.

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