16 de junio de 2024
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FIN DE SEMANA

La Junta de Andalucía reclama 89,8 millones por la restauración de las 4.600 hectáreas afectadas por el vertido de lodos contaminantes de esta empresa

Desastre de Aznalcóllar: Arranca el juicio contra Boliden tras 25 años de la catástrofe ambiental

Zona de vertido de la mina de Aznalcóllar
Zona de vertido de la mina de Aznalcóllar
La Junta de Andalucía se enfrenta este martes a la primera sesión del juicio contra la empresa sueco-canadiense Boliden, a la que reclama los gastos que supuso la restauración y descontaminación de la zona tras el desastre ecológico de la mina de Aznalcóllar el 25 de abril del año 1998. La Junta reclama 89,8 millones de euros más intereses a la compañía por la contaminación producida en 4.600 hectáreas de terreno, que incluyen zonas aledañas al Parque Natural de Doñana.

A las 9:30 horas de este martes, en el Juzgado de Primera Instancia número once de Sevilla, estaba fijado el inicio del juicio destinado a resolver la última demanda presentada por la Junta de Andalucía contra la empresa sueco-canadiense Boliden, a quien reclama alrededor de 89,8 millones de euros más intereses por los gastos de restauración medioambiental que afrontó la Administración pública para paliar los efectos de la catástrofe natural acontecida en 1998 en el complejo minero de Aznalcóllar, tras la ruptura de la balsa de residuos de metales pesados. Por aquel entonces la explotación minera estaba dirigida y gestionada por Boliden-Andaluza de Piritas S.A. (Apirsa).

Además de la sesión de este martes, 4 de julio, el programa comprende también las sesiones del jueves de esta misma semana y las de los días 11, 13, 18 y 20 de este mes de julio. De esta manera, el proceso judicial contará con seis jornadas y un total de 13 interrogatorios, entre ellos, el del que fuera consejero delegado de la antigua Empresa de Gestión Medioambiental S.A. (Egmasa), Javier Serrano Aguilar.

La demanda está dirigida contra Boliden-Apirsa y contra las sociedades del mismo grupo Boliden AB y Boliden BV. La representación de la Junta de Andalucía manifestó durante la vista previa celebrada en septiembre de 2022 que la fractura de la balsa de residuos el 25 de abril del año 1998 ocasionó el vertido de unos cinco millones de metros cúbicos de lodos y tierras contaminantes en el entorno de la cuenca del río Guadiamar, lo que afectó a unas 4.600 hectáreas de terreno que incluía zonas en las proximidades del parque natural de Doñana. 

La operación de Boliden y la catástrofe de Aznalcóllar

La compañía sueco-canadiense Boliden compró al Banco Central de Madrid la compañía española Andaluza de Piritas SL (Aspirsa) en diciembre del año 1987. Aspirsa era la empresa responsable de la mina de Aznalcóllar, de la que extraía al año dos millones de toneladas de pirita para producir concentrados de hierro, plomo y zinc.

El 25 de abril de 1998 ocurrió la que está considerada como mayor catástrofe ambiental de Andalucía. La presa de la mina se fracturó y liberó 5 millones de metros cúbicos de lodos tóxicos que contaminaron toda la zona, llegando a diversas áreas aledañas de Doñana.

La Junta de Andalucía asegura que Boliden debe hacerse responsable de los gastos de limpieza y restauración de la catástrofe, que ascienden a 90 millones de euros, aunque tal y como informó elcierredigital.com el coste total de las labores ascendió a los 240 millones de euros, que tuvieron que salir de los fondos públicos.

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Zona de vertido de la mina de Aznalcóllar

La Junta se apoya en un artículo de la Ley de Minas para exigir responsabilidades a aquellos que contaminen espacios. Por otra parte, la empresa sueco-canadiense, Boliden, ha argumentado que este artículo entró en vigor después del año 1998, año en que ocurrieron los hechos, hace más de 25 años. 

Las deficiencias de la balsa y la posterior restauración

Tal y como informó elcierredigital.com, esta catástrofe no fue una sorpresa para los habitantes de la zona ya que, dos años antes, se informó de que el dique contaba con una estructura deficiente que originaba filtraciones de estos residuos tóxicos. Boliden, la empresa responsable, intentó corregir estas deficiencias utilizando cemento e incluso convocó una rueda de prensa negando las acusaciones y explicando que los residuos del agua de la zona cercana al dique eran residuos de alcantarillas y no suyos. Así consiguieron que el dique no se clausurara y provocaron que, dos años más tarde, estallara la catástrofe.

La restauración y descontaminación realizada tras esta tragedia se hizo de manera brillante, pero tuvo un coste total de unos 240 millones de euros, los cuales se obtuvieron de los fondos públicos, ya que la empresa responsable no se ha hecho cargo aún del coste de la limpieza.

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Labores de limpieza del área afectada por la rotura de la balsa

El Gobierno andaluz confirmó que en 2015 interpuso una demanda contra la empresa reclamando 89 millones de euros. Esta se trata de la segunda demanda puesta contra Boliden por este asunto puesto que la primera, interpuesta en el año 2002, se saldó sin el pago de un solo euro por la empresa gracias a sus maniobras en el juzgado.

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