27 de octubre de 2021
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FIN DE SEMANA

La nueva norma exige declarar las criptomonedas, castiga Sucesiones y Patrimonio y limita los pagos en efectivo a 1.000 euros

El Gobierno 'coló' este sábado en el BOE la Ley Antifraude, que se tapó con los cambios en el Ejecutivo

María Jesús Montero.
María Jesús Montero.
La entrada en vigor de la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal ha pasado desapercibida después de que el pasado sábado la augurada crisis en el Gobierno de Pedro Sánchez culminara con el anuncio de una remodelación que le ha costado el cargo a pesos pesados del partido, como el hasta ahora ministro José Luis Ábalos o la vicepresidenta Carmen Calvo. La conocida como 'Ley Antifraude' introduce una serie de cambios que conviene analizar al detalle.

La augurada crisis en el Gobierno de Pedro Sánchez culminaba este sábado con el anuncio de vastos cambios en el Ejecutivo, una remodelación que solo ha afectado al ala socialista, mientras se mantienen los cinco ministerios de Unidas Podemos. De este modo, Carmen Calvo, José Luis Ábalos, Arancha González Laya, Juan Carlos Campo, Isabel Celaá, Pedro Duque, José Manuel Rodríguez Uribes e, incluso, Iván Redondo -que deja, de mutuo acuerdo, su cargo como director de Gabinete- protagonizaban durante el fin de semana una sonada salida que ha dado lugar a muchas lecturas, pero que también ha provocado que otros cambios, en el sentido legislativo, hayan pasado, quizás, desapercibidos.

Y es que la profunda reestructuración del Gobierno se producía en paralelo a la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior, de modificación de diversas normas tributarias y en materia de regulación del juego.

Así, la conocida como 'Ley Antifraude' entraba en vigor este domingo y, además de trasponer una Directiva Europea de 2016 sobre la materia, introducía asimismo sustanciales cambios en una amplia diversidad de áreas entre las que se incluyen, entre otros, desde potenciales subidas tributarias hasta un mayor control sobre las criptodivisas, la contabilidad B de las empresas o los pagos en efectivo.

Sin embargo, esta Ley no es desconocida. El primer Gobierno de Pedro Sánchez ya trató de impulsarla en 2018, aunque no fue hasta octubre de 2020 cuando se inició su tramitación con la conformidad del Consejo de Ministros. Desde entonces, el proceso se ha dilatado hasta su aprobación el pasado 30 de junio, cuando el Congreso de los Diputados ratificó el paquete de medidas avalando los cambios introducidos por el Senado vía enmiendas.

Subida impositiva 

Entre las muchas modificaciones que introduce esta norma, cuya mezcolanza queda patente en las 93 páginas que el BOE le dedica, destaca un cambio de las bases imponibles que podría desembocar en una subida impositiva en el caso de los tributos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados; así como de Sucesiones y Donaciones.

La medida que, como se puede leer , sustituye "el valor real por valor, concepto que se equipara al valor de mercado", busca acabar con la elevada litigiosidad que afecta a estas referencias. 

María Jesús Montero.

La norma también pretende frenar “operaciones abusivas” que la Dirección General de Tributos ha detectado en las herencias en vida de regiones como Galicia, País Vasco, Navarra, Cataluña, Aragón o Baleares. La idea original era impedir que el traspaso de un bien por esta vía supusiera la actualización de su valor al momento de la entrega, a fin de evitar que el receptor gozara de ventajas fiscales frente al resto. No obstante, el Senado introdujo una enmienda que establece el mantenimiento de las ventajas fiscales, siempre y cuando se transmitan más de cinco años después de haberlos recibido en propiedad.

Limitación de los pagos en efectivo

Entre las medidas contempladas en la Ley se halla, asimismo, la limitación de los pagos en efectivo para determinadas actividades, reduciéndolo de los actuales 1.500 euros a 1.000 euros en operaciones entre profesionales o empresarios, mientras que para particulares el límite es de 2.500 euros. Además, se reduce de 15.000 a 10.000 euros el límite para particulares con domicilio fiscal fuera de España.

Prohibición de sofwares de doble uso

Otra medida es la prohibición de los conocidos como softwares de doble uso, programas informáticos utilizados por las grandes compañías para manipular la contabilidad. En concreto, la norma obliga a que este tipo de sistemas "garanticen la integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros, sin interpolaciones, omisiones o alteraciones de las que no quede la debida anotación en los sistemas mismos". Asimismo, se podrán establecer especificaciones técnicas y establecer un régimen de sanción para quienes los fabriquen o los tengan sin la debida certificación.

Mayor control sobre las criptomonedas 

Por otra parte, desde este domingo existe un mayor control sobre la tenencia y operatividad con criptomonedas. En este sentido, se establece la obligación de informar sobre saldos y titulares de este tipo de divisas, así como sobre las operaciones, ya sean adquisiciones, transmisiones, cobros o pagos.

Lista de morosos

La regulación ampliará el listado público anual de morosos con Hacienda al rebajar el umbral del millón de euros actual hasta 600.000 euros. Además, incluirá a los responsables solidarios de la deuda para tratar de apuntar a los verdaderos responsables que se ocultan tras testaferros.

Paraísos fiscales

Los paraísos fiscales ahora pasarán a llamarse "jurisdicciones no cooperativas", un nuevo término que además se refiere a aquellos territorios que faciliten la existencia de sociedades sin operativa real, que cobren muy bajos impuestos o que sean opacos.

Otras medidas

En paralelo, la norma incluye también otra batería de medidas contra la elusión y el fraude fiscal. Además, contemplan la regulación de los registros domiciliarios que pueden hacer los inspectores fiscales. En concreto "la Administración Tributaria deberá obtener el consentimiento de aquél o la oportuna autorización judicial".

También la 'Ley Antifraude' recoge entre sus líneas una ligera modificación del impuesto de matriculación para evitar que, tras la entrada en vigor del nuevo ciclo de emisiones WLTP, se encarezca el precio de los coches en casi un 20 por ciento de media. No obstante, se prevé que a partir del próximo 2022, este tributo vuelva a los porcentajes y emisiones que se han aplicado hasta ahora. 

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