16 de mayo de 2024
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FIN DE SEMANA

Además, crecen las críticas de los clientes contra la gasista por cambiar el mecanismo de pago de facturas vía telefónica y por los fallos de su web

Francisco Reynés se atrinchera en Naturgy con una indemnización millonaria frente a La Moncloa y varios accionistas

El Cierre Digital en El presidente de Naturgy, Francisco Reynés.
El presidente de Naturgy, Francisco Reynés. / Foto: Naturgy.
Naturgy vio ayer con desagrado que Pedro Sánchez haya decidido mantener como vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica a Teresa Ribera, que imposibilitó la estrategia de segregación de la gasista en dos negocios (uno regulado y el otro liberalizado) para facilitar que algunos de sus accionistas vendieran sus acciones. El presidente de la compañía, Francisco Reynés, se ha atrincherado en su cargo.

A Naturgy le crecen los enanos en España pese a que se encuentra rondado máximos históricos en Bolsa, mientras intenta irrumpir en el negocio de la energía eólica marina en la vecina Portugal. La compañía presidida por Francisco Reynés vio este lunes con desagrado que Pedro Sánchez refrendara como vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica a su 'enemiga' Teresa Ribera

Y es que la socialista imposibilitó la segregación de Naturgy en dos negocios (el regulado y el liberalizado), estrategia que se perseguía para, según varios expertos, facilitar la salida de varios fondos de inversión que no están de acuerdo con la gestión de Reynés. 

CVC Advisers y GIP, segundo y tercer mayor accionista en importancia, que reúnen un 40 por ciento de capital social, quieren descabalgar al directivo español. Y éste se ha blindado su sueldo, tanto si pierde el puesto como si se queda sin labores ejecutivas. 

Reynés podría embolsarse más de 20 millones de euros (13,3 de ellos provenientes de su plan de pensiones) si consiguen descabalgarle. El directivo intentó suavizar a sus accionistas intentando hace unos meses el fichaje de Ignacio Gutiérrez-Orrantia

Pero el banquero del Citi quería dirigir una de las dos empresas surgidas del 'Proyecto Géminis' y no ser el número dos del presidente, tal y como pretendía éste para vender la supuesta descentralización del mando único que ostenta gracias al principal accionista y su valedor, Criteria Caixa.

Accionistas que solo se centran en los beneficios

Criteria Caixa (dueño del 26,7 por ciento de Naturgy), presidida por el todopoderoso Isidre Fainé, es puntal clave para el presidente de Naturgy, azotado por los fondos CVC Advisers (20,7 por ciento) y GIP (20,6 por ciento), que según fuentes de la gasista "solo se interesan por la cuenta de resultados". 

Sí que dice apoyar el negocio sobre sus números cortoplacistas el cuarto accionista, el fondo australiano IFM, que cuenta con el 14,5 por ciento del capital y este año celebró su Junta de accionistas en Madrid como guiño a su nueva inversión. 

IFM dice que quiere intentar 'algo más' que rentabilizar de forma rápida su inversión. Es decir, apoyar algunos de sus proyectos a largo plazo.

Otros problemas

La antigua Gas Natural Fenosa también está dando que hablar por los continuos cambios que ha realizado para que sus clientes paguen facturas de luz y gas vía telefónica. Este sistema, explican fuentes de la empresa, "sigue siendo muy farragoso y ha sido cambiado hasta en tres ocasiones en los últimos seis meses". 

Una alternativa para realizar estos pagos se encuentra en la página web, pero la falta de usabilidad de la misma dificulta realizar cualquier tipo de gestión con Naturgy, sancionada este año por Competencia por manipular precios

Francisco Reynés, de Abertis a Naturgy 

El ingeniero mallorquín Francisco Reynés está fuertemente respaldado en el cargo de presidente de Naturgy por Criteria Caixa, bajo la supervisión de Isidre Fainé, que avala incluso su elevado sueldo de 5,8 millones de euros en el ejercicio 2022. 

Cabe recordar que su antecesor al frente de la antigua Gas Natural Fenosa fue el propio Fainé, al que Reynés sirvió como directivo en otra de las filiales de La Caixa, Criteria Caixa Corp, y también en una compañía controlada por la entidad de crédito de origen catalán, PortAventura.

Antes de aterrizar en la primera compañía gasista española, y a su vez tercera eléctrica, Reynés dirigió los destinos de la reina de las autopistas autóctonas, Abertis, en la que ejerció como consejero delegado y vicepresidente

A nivel privado, Reynés enviudó en 2007 de su primera mujer, con la que tuvo tres hijos. Desde 2011 comparte vida, veranos en Palma de Mallorca e inviernos en Suiza, con la que hoy es su mujer, Cristina Valls Taberner, hija del antiguo mandamás del Banco Popular, Javier Valls Taberner

Reynés. 

A la empresaria, hija de banquero y doce años menor que el presidente de Naturgy, se la considera una influencer de las élites gracias a la empresa que fundó, Cris&Cris. Ahora, ambos se han trasladado a Madrid tras varios años conviviendo en Barcelona. 

La ministra Ribera contra Naturgy 

Naturgy se ha convertido en una de las empresas más 'antipáticas' para La Moncloa, ya que la vicepresidenta tercera Teresa Ribera ha evitado que Naturgy se escinda en dos sociedades: una con sus activos más intervenidos y otra, con los liberalizados, tal y como pretendía su presidente Reynés y parecía aceptar el PP. 

Por otra parte, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia resolvió este año imponer una sanción de 40 millones a Naturgy Generación S.L.U. Gran parte de ellos, por ofertar los servicios de ajuste para la generación de energía eléctrica, concretamente en el mercado de restricciones técnicas, "a precios excesivos y dispares, con respecto a sus ofertas en el mercado diario eléctrico, sin justificación, con el objeto de incrementar sus ingresos", aseguró el organismo controlador. Asimismo, con el fin de resarcir de los sobrecostes ocasionados, se le impuso una aportación de carácter indemnizatorio de 35,5 millones a las liquidaciones del operador del sistema, para compensar el daño ocasionado reduciendo los costes de la adquisición de energía por parte de la demanda.

En concreto, la sanción a Naturgy Generación S.L.U se refiere a las actuaciones realizadas en el segmento de mercado de restricciones técnicas por su central de ciclo combinado Sabón 3, en la zona eléctrica de Galicia, durante el periodo de 23 de marzo de 2019 a 31 de diciembre de 2020. Cabe recordar que Sabón 3 aprovechaba las situaciones en las que la competencia en el mercado de restricciones era reducida para incrementar sus ofertas en el mercado de restricciones técnicas y obtener así unos mayores ingresos. 

El artículo 65.33 de la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico determina como infracción grave "la manipulación del precio de los servicios de ajuste por parte de un agente del mercado mediante la realización de ofertas a precios excesivos, que resulten dispares de forma no justificada de los precios ofertados por el mismo en otros segmentos del mercado de producción"

Por otro lado, el artículo 69.1.b) de la misma Ley establece que "cuando no sea posible la restitución de las cosas o reponerlas a su estado natural" hay que "indemnizar los daños irreparables por cuantía igual al valor de los bienes destruidos o el deterioro causado, así como los perjuicios ocasionados, en el plazo que se fije". 

Por este caso, la organización de consumidores FACUA también denunció a Naturgy ante Anticorrupción por presunta manipulación del mercado eléctrico.

Control gubernamental

El Gobierno también impulsó hace dos años un decreto-ley contra Endesa, Naturgy e Iberdrola para mitigar que la escalada de precios del gas natural repercutiese en favor de los mercados de la electricidad y el gas natural (y contra la ciudadanía). 

La aprobación del Real Decreto-ley (RDL) 17/2021, de 14 de septiembre, introdujo una minoración del exceso de retribución que determinadas instalaciones estaban percibiendo como consecuencia de la internalización en el precio de la electricidad del alza del gas

Y acabó en guerra con Endesa, Naturgy e Iberdrola. El presidente de la esta última, Ignacio Sánchez Galán, amenazó con paralizar sus inversiones en España y denunció la presunta "inseguridad jurídica" que sufre el país.

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