El ministro de Exteriores de España, José Manuel Albares, pidió hace dos semanas a la Unión Europealevantar sanciones a Venezuela, tal como ha hecho Estados Unidos, ante el avance de negociaciones entre el Gobierno y la oposición.
Según explicó el ministro Albares, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, se mostró partidario de abordar la cuestión en una próxima reunión de ministros de Exteriores de la UE, dado que, de no alcanzarse un acuerdo sobre el levantamiento de sanciones, estas se renovarían automáticamente el próximo 14 de noviembre. Está previsto que el próximo encuentro de los ministros sea el 13 de noviembre.
Paralelamente, Estados Unidos anunció hace dos semanas un alivio de seis meses de las sanciones al petróleo y el gas de Venezueladespués de que el Gobierno de Nicolás Maduro y la opositora Plataforma Unitaria firmaran en Barbados un acuerdo de garantías para las elecciones presidenciales del segundo semestre de 2024, que incluye la observación electoral. Aunque el levantamiento de las sanciones que prevé la administración Biden no contempla las sanciones personales.
Las mencionadas sanciones que la Unión Europea impone a Venezuela, que fueron aprobadas por primera vez en el año 2016, afectan, entre otros, a la vicepresidenta del país,Delcy Rodríguez. Estas medidas se basan en la prohibición de entrada en el territorio comunitario, aunque también incluyen la congelación de los bienes y activos que los sancionados tengan en la Unión.
Los beneficiarios del levantamiento de las sanciones
Entre los beneficiarios del levantamiento de las mencionadas sanciones europeas sobre Venezuela, se encuentran dirigentes chavistas cercanos aNicolás Maduro, generales, colaboracionistas, jueces, rectores electorales ytorturadores de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, tal y como informó en exclusiva el diario El Mundo.
La UEprohibió la entrada al territorio europeo a 55 sancionados, además de ordenar que se congelasen todos sus bienes y activos en el territorio. Las sanciones también suponen el embargo para la venta de armas, usadas por las fuerzas policiales y militares para la represión contra la sociedad civil.
Tal y como han señalado diversos medios de comunicación, a diferencia del plan del ministro Albares, la Administración de Joe Biden mantiene todas las sanciones personales, incluida la recompensa de 15 millones de dólares para quien aporte información que facilite la captura del Maduro por cargos relacionados con el narcotráfico. Por otra parte, el Tribunal de Justicia de la UE desestimó en 2021 los recursos presentados por 10 de los sancionados.
Nicolás Maduro junto a Diosdado Cabello Rondón | El Cierre Digital
Entre los 55 sancionados destaca Diosdado Cabello, considerado número dos de la revolución, cuya inclusión en la primera lista de sancionados provocó un incidente diplomático con España. El exmilitar forzó la expulsión del entonces embajador español, Jesús Silva, quien regresó al país petrolero tres meses más tarde. Cabello está al frente de la facción más dura del chavismo, que se niega a dar paso a una transición política en el país.
Respecto a la vicepresidenta Delcy Rodríguez, mano derecha de Maduro, en su caso fue sancionada a mitad de 2018, poco después del fraude en las elecciones presidenciales. Meses después, en enero de 2020, Delcy protagonizó el escándalo de su entrada a España a través del aeropuerto de Barajas, pese a estar sancionada. La vicepresidenta había preparado una agenda amplia de encuentros con su interlocutor español y expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Aquella situación afectó directamente al entonces ministro José Luis Ábalos.
En cuanto a los militares sancionados, entre ellos figura el mayor general Antonio José Benavides, el que fuera comandante de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). En la lista publicada por el diario El Mundo figura también el actual ministro de Energía Eléctrica, Néstor Reverol.
Otros generales, como Sergio Rivero, Jesús Suárez Chourío, y el almirante Remigio Ceballos también se encuentran entre los sancionados por la Unión Europea, sobre ellos se dice que han ocupado puestos de gran importancia en el Ejército y han seguido cerca de Maduro, incluido el seno del Gobierno.
Antonio José Benavides | El Cierre Digital
Tal y como informó el diario El Mundo, la UE, alentada por sus diplomáticos en Venezuela, “tuvo especial empeño en sancionar a quienes participan de forma directa, o bajo sus órdenes, en las torturas que se aplican a los presos políticos”. Uno de los más conocidos es Alexander Granko, teniente coronel que fue acusado de dirigir personalmente los malos tratos ejercidos contra presos de los calabozos de la Dirección General de Inteligencia Militar (DCGIM).
Sobre Granko pesa también la acusación de estar detrás de la muerte, bajo torturas, del capitán Rafael Acosta. Por su parte, el coronel Hannover Guerrero, que ejercía como jefe de investigaciones de la citada DGCIM, fue ascendido por Maduro a segundo comandante pese a las numerosas denuncias por violación de derechos humanos en su contra, realizadas por presos y familiares. A Guerrero y a otro de los sancionados, el también ascendido a general Rafael Franco Quintero, se les señala por la brutalidad que empleaban contra los detenidos en la sede de Boleíta, tal y como han recogido diversos medios de comunicación internacionales.
Al frente de todos los militares mencionados ha estado el mayor generalIván Hernández Dala, director de la DGCIM y también jefe de la Guardia de Honor Presidencial, convertido hoy en sombra de Maduro y en uno de los militares más poderosos de Venezuela.
El general Iván Hernández Dala | El Cierre Digital
Por su parte, Tarek William Saab, jefe del Ministerio Público y Fiscal, fue de los primeros sancionados por la UE. También está sancionado el magistrado Maikel Moreno, que fue presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) durante cuatro años, en los que destacó por ser uno de los apoyos más constantes de Maduro en sus embestidas políticas. Otros siete jueces del TSJ y seis rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) figuran en la denominada “lista negra” europea.