Procesan a la excúpula de Caixanova por delitos societarios que costaron 80 millones

El juez de la Audiencia NacionalJosé de la Mata ha decidido procesar a la excúpula de Caixanova, entre ellos su expresidente Julio Fernández Gayoso, por administración desleal y blanqueo en la concesión de un préstamo a una sociedad vinculada a antiguos gestores que generó un perjuicio de 80 millones de euros.

Además de Fernández Gayoso, el magistrado incluye en el procedimiento a los exdirectores generales Gregorio Gorriarán y José Luis Pego, así como al director de la oficina principal José Benito Parente y otros seis.

Crédito irregular

La Fiscalía sostiene que en otoño de 2005 Caixanova concedió un crédito a la sociedad Promalar, en la que contaban con intereses el que fuera presidente de la entidad Guillermo Alonso y el consejero Fernando García del Valle, con el objetivo de «ayudar a reflotarla» dadas sus «serias dificultades económicas.

De este modo, se habrían simulado contratos que ocultaban la verdadera naturaleza y la finalidad de las operaciones de financiación concedidas a Promalar, que recibió un primer préstamo de Caixanova de 60 millones de euros y posteriormente otros dos, uno de 9,25 millones y otro de 5 millones de euros.

Ocultaron sus verdaderas intenciones

El juez explica que, para llevar a cabo el plan, los máximos gestores de Caixanova propusieron a otro de los investigados, Juan Lago, administrador de Promalar, la compra de la conservera y se simularon contratos que ocultaban la verdadera naturaleza y la finalidad de las operaciones de financiación, "que era beneficiar a Lago Pérez y a los accionistas de Bernardo Alfageme, causándoles un perjuicio multimillonario a la entidad financiera Caixanova".

Como garantía de los préstamos hipotecarios concedidos se entregaron fincas en distintas zonas de Galicia, pero estaban tasadas hasta 190 veces por encima de su valor real: En la primera operación, para cubrir el riesgo de 60 millones del préstamo hipotecario, se entregaron en garantía fincas que Tasagalicia había valorado en 133 millones de euros en el año 2005 y cuyo valor real en 2010 era de 2,5 millones de euros.

Para tres de los investigados en esta causa --Pego Alonso, Gorriarán Laza y Fernández Gayoso-- no es el primer procedimiento judicial relacionado con su gestión en la entidad, ya que fueron condenados a dos años de cárcel cada uno por este mismo órgano en relación con el cobro de indemnizaciones millonarias que se concedieron a sí mismos antes de abandonar la entidad y que alcanzaron los 22 millones de euros.