Nuevo ‘palo’ para Indra: Justicia le obliga a pagar dietas a sus empleados desplazados

Tal y como viene informando elcierredigital.com, esta semana se ha presentado complicada para Indra, pues la empresa encargada de realizar el escrutinio provisional en España, y el Ministerio del Interior han recibido un nuevo toque de atención por parte del Consejo de Transparencia a raíz de una reclamación realizada por el abogado Guillermo Rocafort. Esta reclamación fue realizada por el letrado a raíz de las elecciones del 28 de mayo 2023, debido “a las condiciones en las que se hicieron” y las caídas de servidores que se reportaron durante el escrutinio. 

Ahora, Indra tendrá que enfrentarse a otro ‘varapalo’, esta vez le ha llegado desde el sector sindical. En concreto, el pasado mes de enero, el sindicato USO Industria presentó una demanda en la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional de Madrid por un Conflicto Colectivo en la empresa Indra Gestión de Usuarios, debido a irregularidades en la gestión del pago de las dietas que la empresa daba a sus empleados.

Tras el primer revuelo suscitado por las reclamaciones de USO, otros sindicatos se unieron a la demanda con los mismos argumentos, mientras que CCOO y UGT apoyaban a la empresa alegando que las dietas se pagaban correctamente. Sin embargo, no se presentaron al juicio.

El conflicto giraba en torno al pago de la media dieta para los trabajadores que realizaban desplazamientos a domicilios de clientes fuera de su residencia habitual en horario de comida. La empresa no pagaba esta dieta si el desplazamiento se realizaba dentro de la misma provincia, lo cual iba en contra del convenio colectivo que estipula un descuento del 50% en la dieta en estos casos.

En este sentido, y tras varios meses de espera, la Audiencia Nacional emitió una sentencia el pasado 17 de abril que le da la razón a USO Industria, obligando a la empresa a pagar la media dieta a los trabajadores desplazados en horario de comida fuera de su residencia habitual, tal como indica el convenio colectivo.

Desde la plataforma sindical han celebrado lo que consideran una “victoria judicial” y un éxito para los trabajadores que “demuestra la importancia de luchar por los derechos laborales”.

Las malas noticias para Indra esta última semana contrastan con sus resultados económicos después de presentar balances positivos en el primer trimestre, Indra ha experimentado un fuerte aumento en bolsa y ha recibido elogios de analistas e inversores, aunque su imagen ante la sociedad cada vez está más deteriorada, tal y como apuntan numerosas voces.

Sin embargo, la empresa ha acumulado una subida del 40% en 2024, siendo una de las firmas más alcistas del Ibex 35. Los analistas creen que aún tiene potencial de crecimiento, especialmente debido a su apuesta por el negocio de Defensa y su nuevo plan estratégico hasta 2026. 

El ‘toque de atención’ de Transparencia a Indra

Como venimos mencionando, esta no ha sido la mejor semana para Indra en lo que respecta a su imagen pública tras los toques de atención del Consejo de Transparencia impulsados por el abogado Guillermo Rocafort y el último ‘palo’ que ha recibido gracias a las demandas del sindicato USO.

En lo que respecta a los problemas de Indra con el Consejo de Transparencia, en una conversación con elcierredigital.com, el abogado Guillermo Rocafort señaló: “El punto del que parto es la desconfianza total hacia los procesos electorales. Es una cuestión que va en paralelo a la de la caída de la web de Indra en las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo. Sin embargo, es otro procedimiento que he ganado, pues se les obliga a aportarme información relacionada con las auditorías de los procesos electorales y el seguimiento que se le hace a Indra, información que se niegan a darme desde el 2018 alegando que son confidenciales”.

En un primer momento el Ministerio del Interior desestimó la reclamación diciendo que era confidencial, pero “ahora el Consejo de la Transparencia ha argumentado por qué tienen que dar esa información y por qué un proceso electoral no tiene que ser confidencial”, añadió Rocafort. En esta nueva resolución, el Consejo de Transparencia estima la reclamación de Rocafort e insta al Ministerio del Interior a remitir información en el plazo de 10 días hábiles.

Interior deberá responder a las siguientes cuestiones planteadas por Rocafort: “¿Tiene Indra alguna resolución en su contra que le impida en España y fuera de España el acceso a la contratación pública?¿Qué seguimiento está realizando el Ministerio del Interior en relación a las sanciones que está recibiendo Indra en cuanto a sus prácticas anticompetitivas? ¿Qué consecuencias tendrán las resoluciones judiciales descritas condenatorias por parte de la Audiencia Nacional contra Indra? ¿Qué auditorías oficiales se han hecho sobre los comicios electorales gestionados por Indra en España desde el 2018? Solicito copia de las auditorías efectuadas y el detalle de las incidencias que se contienen en dichos informes”.

El abogado sostuvo durante un encuentro con este medio que “si no cumplen el plazo será un indicador de que lo van a recurrir ante la Audiencia Nacional, como ya han hecho con lo del 28M”. 

Guillermo Rocafort decidió poner esta reclamación por “una desconfianza total ante Indra y los procesos de control que lleva el Estado sobre ella. El Ministerio del Interior, como responsable último del cómputo, tiene que publicar las auditorías, tal y como se hace en otros países. Cabe recordar que Indra ha 'estafado' al Estado sin sufrir consecuencia alguna”. 

“Fueron capaces de contestarme que esta información es confidencial, cuando uno de los elementos principales de la Ley electoral es la transparencia. El hecho de que ni siquiera se nos dé acceso a las auditorías que han hecho demuestra una gran opacidad que pone en riesgo la democracia. Da a entender que si ha habido fallos no tenemos derecho a conocerlos”, añadió Rocafort.

“Esta resolución es más demoledora que la del 28M, ya que aquí niegan información sobre cualquier tipo de supervisión sobre Indra. Probablemente sea recurrida judicialmente y solicitaré acumular ambos procedimientos, ya que hay una conexión directa entre ambos. Estos datos que he pedido evidencian que Indra no es el candidato idóneo para contar los votos ni en España ni en ningún país del mundo”, afirmó Rocafort. 

Los argumentos del Consejo de Transparencia

El Consejo de la Transparencia ha argumentado esta semana los fundamentos por los que Interior debe aportar la información a Guillermo Rocafort y al propio Consejo. En primer lugar se indica que la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone en el artículo 13, "los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones".

“En el presente caso, el órgano competente no respondió al solicitante en el plazo máximo legalmente establecido, sin que conste causa o razón que lo justifique. A la vista de ello, es obligado recordar a la Administración que la observancia del plazo máximo de contestación es un elemento esencial del contenido del derecho constitucional de acceso a la información pública”, indica el Consejo de Transparencia en la resolución.

En la tardía respuesta de Interior a Rocafort, el Ministerio señaló que el contrato celebrado con INDRA está sujeto a confidencialidad en todos sus extremos y se encuadra en el nivel de seguridad alto del Esquema Nacional de Seguridad. Sin embargo, la resolución recalca que “el hecho de que el contrato contenga una cláusula de confidencialidad no implica que no pueda darse respuesta al resto de cuestiones planteadas en la solicitud de acceso”. Respecto al acceso a las auditorías de Indra la resolución indica que “no se argumenta de forma expresa y detallada de qué modo puede verse afectada la seguridad pública”.

“El Ministerio no ha tomado en consideración la posibilidad de conceder un acceso parcial a la información solicitada, eliminando aquella información cuyo acceso pudiera poner en riesgo la seguridad pública en relación con los procesos electorales en el caso de que los informes de la empresa adjudicataria la contengan”, concluye la resolución del Consejo de Transparencia. Por ende, de acuerdo con el principio de proporcionalidad, han decidido tramitar la reclamación de Guillermo Rocafort.